La Cámara Federal porteña deberá resolver qué juez queda a cargo de la investigación por los créditos hipotecarios otorgados desde el Banco Nación a funcionarios del gobierno de Javier Milei, legisladores y personas con vínculos políticos. Será una decisión que tomará el juez Eduardo Farah, de la sala 2 de ese Tribunal de Apelaciones, según informaron a Infobae fuentes judiciales.
El conflicto por el destino del caso se originó porque la jueza federal María Eugenia Capuchetti pidió a su colega Ariel Lijo que se inhiba de seguir interviniendo y le remita la causa, para investigarla de manera conjunta con una denuncia radicada en su juzgado.
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Lijo rechazó el planteo y confirmó su competencia en la investigación porque la denuncia a su cargo se presentó antes y porque ya cuenta con requerimiento de instrucción, de acuerdo a lo que señalaron fuentes judiciales a Infobae. La magistrada no compartió este criterio y elevó el tema a la Cámara Federal para que decida. Ella recibió una denuncia de la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, junto con el diputado socialista Esteban Paulón.
El camarista Farah tendrá que resolver ahora en qué juzgado seguirá la investigación o si ambas denuncias se tramitarán de manera separada.
Las pruebas
Por su parte, Lijo ya ordenó prueba y dispuso una auditoría que encomendó a la AGN. Las medidas incluyen la recolección de documentación, como informes técnicos y datos bancarios, y fueron solicitadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita cuando dictaminó a favor de impulsar las denuncias.
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La Auditoría General de la Nación (AGN) deberá determinar si existieron beneficios indebidos en la concesión de esos préstamos en el Banco Nación. También se ordenó la entrega por parte de la entidad bancaria de los legajos completos de los créditos investigados, los registros de ingreso de los beneficiarios y las evaluaciones crediticias realizadas, entre otras medidas.
Se investigan créditos hipotecarios otorgados desde diciembre de 2023 al presente a Federico Furiase, Juan Pablo Carreira, Juan Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Emiliano José Mongilardi, Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde, Alejandro Bongiovanni, Sharif Menem, María Frías y Alejandro Carrancio, entre otros.
En base a las denuncias, se busca determinar o descartar si hubo incumplimiento de normas o “privilegios indebidos” desde el Banco a la hora de otorgar estos créditos para la compra de viviendas en beneficio de empleados y/o funcionarios públicos y/o legisladores y “en detrimento de las arcas de la entidad”, mencionó el fiscal Gerardo Pollicita cuando impulsó la investigación que ahora lleva adelante el juez Lijo.
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Entre los mencionados en las denuncias por supuesta administración fraudulenta, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes están el ex titular del Banco Nación, Daniel Tillard, y Juan Curuchet, Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central. Algunos de los créditos llegaron a equivaler a U$S350.000.
En la causa que tramita ante Lijo, se pidió al Banco que informe también el “número total de créditos hipotecarios efectivamente otorgados, desde el mes de diciembre de 2023 hasta la actualidad, a empleados y/o funcionarios de la administración pública nacional, de organismos descentralizados/autárquicos y/o legisladores nacionales, discriminándose la cantidad nominal de créditos y el monto dinerario insumido para ello”. También se requirieron constancias de evaluación crediticia y copia de las escrituras traslativas de dominio.
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