El juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, rechazó el pedido del fiscal Pedro Simón con el que pidió detener al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino. El magistrado había sido apartado de la causa horas antes por la Cámara Federal de Tucumán.
El juez Argibay, además, declaró la incompetencia del Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero para investigar el caso y remitió el expediente al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
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Según fuentes del caso, cuando se firmó el fallo de Sebastián Argibay su juzgado “no había sido notificado formalmente” de la recusación que lo apartó de la causa este mismo martes.
El fiscal federal Pedro Simón -quien además recusó al juez- había solicitado al magistrado impulsar la acción penal contra las autoridades de la AFA y su círculo más cercano por supuestas maniobras de lavado de activos, vinculadas alternativamente con hechos de defraudación a la AFA, evasión tributaria y operaciones cambiarias irregulares.
Para el juez Argibay, el requerimiento fiscal no cumplía con los estándares mínimos para habilitar una investigación penal.
En una resolución de 39 páginas a la que tuvo acceso Infobae, el Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero advirtió una “ausencia de un hecho concreto y específico” que pudiera ser investigado.
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El fiscal Simón había expuesto en su dictamen una reconstrucción de elementos económicos y societarios, como la conformación de estructuras empresariales, vínculos entre sus integrantes, flujos de fondos y operaciones inter-empresariales, incluyendo la emisión de facturación cruzada.
A partir de estos datos, se atribuyó la existencia de una maniobra compleja de lavado de dinero que saldría de pagos de la AFA a empresas vinculadas a Toviggino que no prestaban los servicios remunerados, maniobras con el dólar y evasión de impuestos.
Sin embargo, estas referencias se presentaron de forma “genérica y abierta”, según el juez, sin identificar los contornos fácticos de ninguno de esos ilícitos. La indeterminación del delito precedente fue otro aspecto crucial para la desestimación del requerimiento.
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Así, el Juzgado N° 2 concluyó que esta hipótesis “alternativa y difusa” del delito precedente impedía afirmar la existencia de bienes provenientes de un ilícito.
El fiscal Pedro Simón advirtió en su pedido de recusación que “Pablo Ariel Toviggino recibiría dinero espurio que distribuyó entre distintas personas, principalmente a su hermano Darío Fabian Toviggino y que a través de ellos logró poner el dinero en circulación en el mercado ya transformado en bienes, dándole de esta forma origen lícito”, y que “Darío Fabián Toviggino y Rosalía Argañaraz adquirieron el Lote “W-1”, que pertenecía a María del Pilar Argibay Lapalma, hija del juez federal interviniente en la causa”.
La Cámara Federal de Tucumán validó que la hija del juez participó de un negocio inmobiliario que constituiría un objeto de investigación en la presunta comisión del delito de lavado de activos, y en base a eso apartó a Argibay de la causa.
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Aún no está claro si el fallo de primera instancia que desestimó las detenciones de Tapia y Toviggino se firmó antes o después de su apartamiento, aunque las fuentes consultadas insisten en que en el Juzgado no había sido informado de la decisión de sus superiores.
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