La investigación judicial sobre la mansión de Pilar vinculada a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó esta mañana un nuevo capítulo. Según pudo confirmar Infobae de fuentes judiciales, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentaron en el aeropuerto de San Fernando para realizar un procedimiento en el hangar de la empresa Flyzar.
El operativo fue ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien tiene a su cargo la causa que investiga el patrimonio y los movimientos de los dirigentes del fútbol argentino.
El procedimiento comenzó con demoras, ya que el personal administrativo de la empresa recién arribó a las 9. Al ingresar a las oficinas de Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A. (FLYZAR), los agentes fueron recibidos por su dueño, Felipe Carmona Natta, quien planteó una limitación logística: manifestó que, “en caso de contar con la documentación solicitada, necesitaría de un plazo de entrega hasta el día lunes”.
Ante esta situación, el operativo entró en un impasse de consulta con el Juzgado. Finalmente, González Charvay ordenó a la PSA que volviera a presentarse el próximo lunes para retirar la documentación requerida. Las actuaciones en el lugar concluyeron pasadas las 11.
El requerimiento judicial apunta al corazón de la logística aérea: el magistrado busca obtener información detallada sobre los seguros de los helicópteros, las órdenes de vuelo y la nómina completa de los pilotos. El objetivo es reconstruir quiénes eran los pasajeros frecuentes de esas aeronaves y qué tipo de carga se transportaba hacia la quinta de Villa Rosa.
“Vuelos de entrenamiento”
Este procedimiento se enmarca en una línea de investigación que ya había iniciado el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, antes de que la Cámara Federal de San Martín le quitara el expediente y lo girara al Juzgado Federal de Campana.
Aguinsky llegó a tomarle declaración a dos pilotos de los helicópteros que operaban en la zona. En sus testimonios, uno de ellos intentó justificar su presencia en la quinta asegurando que realizaba “vuelos de entrenamiento”.
Sin embargo, las declaraciones dejaron más dudas que certezas. Ante la consulta sobre la posible carga transportada, ambos pilotos negaron haber trasladado bultos o paquetes. Un dato inquietante que manejan los investigadores es que, entre los dos, suman más de 60 viajes a la propiedad de Villa Rosa.
El interrogatorio también buscó confirmar si la cúpula de la AFA utilizaba estas aeronaves. El juez les exhibió fotos para ver si reconocían al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, o al tesorero Pablo Toviggino, pero ambos pilotos respondieron que no podrían identificarlos como pasajeros.
Esta versión generó escepticismo en los tribunales, máxime ante la ausencia de listas de pasajeros o registros formales de carga que permitan corroborar sus dichos de manera inmediata. “El juez tratará de reconstruir por otros medios si lo que dicen los pilotos era realmente así”, explicó un funcionario con acceso al expediente.
Pericias sobre el lavado de dinero
El operativo en San Fernando no es una medida aislada. Forma parte de una batería de órdenes dictadas por González Charvay el pasado miércoles, que incluyen requerimientos de documentación a organismos públicos y privados, así como tres pericias específicas.
El foco está puesto en esclarecer la titularidad real del inmueble y el origen de los fondos. La propiedad figura a nombre de la firma Real Central S.R.L., cuyos titulares formales son Luciano Pantano y Ana Lucía Conte. Según los papeles, adquirieron la finca en mayo de 2024 por 1.800.000 dólares, una cifra que contrasta brutalmente con la tasación oficial de 17 millones de dólares.
La Justicia sospecha que Pantano y Conte podrían actuar como prestanombres de Toviggino o de terceros, dado que su perfil patrimonial no coincide con la magnitud de la inversión. Las nuevas medidas buscan cerrar el cerco sobre los movimientos societarios y fiscales para determinar si existió una maniobra de ocultamiento patrimonial y lavado de dinero.