La Cámara Federal de San Martín resolvió que la investigación por la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares y otros bienes que se sospecha estarían a nombre de supuestos testaferros de dirigentes de la AFA quede a cargo del juez federal de Campana Adrián González Charvay.
La decisión fue del camarista Alberto Lugones, quien asignó competencia al juzgado de Campana, ante lo cual el juez en lo penal económico porteño Marcelo Aguinsky no seguirá al frente de la investigación y tendrá que remitirle el expediente, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.
Se trata del tercer juez que tendrá la causa.
Lugones decidió “asignar competencia” al Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana “que deberá continuar con la investigación del caso” por una cuestión de territorio: todas las propiedades bajo la lupa judicial en la causa por supuesto lavado de activos están en Pilar, partido bonaerense bajo jurisdicción del fuero federal de Campana. Y, además, remarcó que la Asociación del Fútbol Argentino mudó allí su domicilio legal en noviembre de 2024, desplazando a la histórica sede de la calle Viamonte.
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“El punto determinante en la configuración del delito de lavado de activos (…) habría tenido lugar en la localidad de Villa Rosa, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, donde presuntamente se habrían utilizado fondos ilegales para ingresarlos al sistema formal mediante la adquisición de un inmueble", analizó la resolución.
En el lugar hay "autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples" y esto marca según la denuncia " la imposibilidad evidente para afrontar dicha compra de semejante envergadura económica” por parte de la sociedad propietaria, Real Central, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte.
El eje de las maniobras
El juez del Tribunal de Apelaciones sostuvo que se “enfoca sobre el Partido de Pilar el eje desde el cual habrían encontrado su origen las maniobras a investigar” y por eso le dio la razón a la defensa de Pantano y también al juez Charvay, quien había reclamado el caso a su par porteño Aguinsky.
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Este último magistrado se negó a ceder la competencia por entender que se investiga presunto lavado de activos proveniente de un delito anterior, una posible defraudación a los asociados a la AFA por parte de algunos de sus dirigentes y que ante ello el epicentro del caso está en la ciudad de Buenos Aires, en base a la sede de la calle Viamonte. Esta postura estuvo respaldada por la fiscalía tanto de CABA como de Campana.
De hecho la fiscalía ante la Cámara de San Martín postuló la semana pasada que debía esperarse hasta el final de la feria judicial de enero para tomar una decisión porque era necesario acceder a toda la causa para evaluar su estado actual y la nueva prueba incorporada, de manera previa a opinar. El camarista de San Martín a cargo del tema la primera quincena de la feria judicial de enero, Juan Pablo Salas, pidió opinión al fiscal la semana última, cuando faltaba poco tiempo ser reemplazado por Lugones, quien ahora resolvió tras recibir el viernes el dictamen del Ministerio Público.
Avalado por la Cámara en lo Penal Económico, Aguinsky habilitó la feria y avanzó en la causa. A instancias de la fiscalía, amplió su objeto procesal y abarcó presuntas maniobras en el exterior con dinero de la AFA, mediante intermediarios que están bajo investigación.
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Todo a Campana
Sin embargo, el camarista Lugones decidió este martes que es el ámbito del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, “en donde ha de desarrollarse con la eficacia necesaria” la investigación. De esta forma González Charvay será el tercer juez que intervenga en la denuncia que presentó la Coalición Cívica para investigar si el predio de Pilar, una flota de autos de alta gama encontrada en el lugar valuada en casi cuatro millones de dólares y otros bienes que pertenecen a la sociedad Real Central son en realidad de dirigentes de la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.
En un principio la causa quedó por sorteo a cargo del juez federal porteño Daniel Rafecas, quien ordenó las primeras medidas de prueba como el allanamiento al lugar, secuestro y tasación de todo lo encontrado y dispuso la prohibición de salida del país a los imputados. El magistrado declinó la competencia al fuero penal económico y la Cámara Federal porteña avaló esta decisión en un fallo donde el camarista Leopoldo Bruglia requirió evaluar dónde debía seguir la causa en base al “territorio”. El segundo juez del caso, el penal económico Marcelo Aguinsky, continuó con la pesquisa, habilitó la feria judicial de enero para disponer prueba y avanzó sobre la cadena de pagos que permitiría llegar a los verdaderos propietarios de los bienes.
Al hacer lugar a la inhibitoria en favor de González Charvay, la Cámara de San Martín advirtió que “no puede escapar que, en la actualidad y desde el 15 de noviembre de 2024, la Asociación del Fútbol Argentino inscribió registralmente su cambio de jurisdicción en el domicilio sito en la calle Mercedes N° 1366, también de la localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires”.
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Lugones sostuvo también que “la omisión de decidir, en tiempo y forma debidos, sobre la intervención del tribunal competente” deriva en la "la afectación de la garantía del ‘juez natural" que está “expresada en la contundente prohibición de que los habitantes de la Nación puedan ser juzgados por comisiones especiales o sacados de los jueces legítimamente nombrados”.