La ex presidenta Cristina Kirchner “recibió sumas de dinero en sus domicilios” proveniente del pago de coimas por parte de empresarios durante su gobierno, según la acusación del fiscal federal Carlos Stornelli leída hoy, en la quinta jornada del juicio oral por el caso Cuadernos.
“La principal receptora resultó ser Cristina Elisabet Fernández, quien más allá de ser la Presidenta de la Nación Argentina, era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados”, continúa el requerimiento de elevación a juicio.
Así la acusación la ubica en el centro de la escena delictiva.
El departamento de la calle Uruguay, en Recoleta, donde vivió Cristina Kirchner, era uno de los centros de “acopio” de los pagos ilegales por parte de los empresarios, agrega la acusación del fiscal de instrucción.
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Para la fiscalía, “específicamente se encuentra acreditado que Cristina Fernández recibió sumas de dinero en sus domicilios, y a través de Héctor Daniel Muñoz, de parte de los empresarios”.
El fallecido Muñoz era secretario privado de Néstor Kirchner.
La ex presidenta escuchó la lectura de la acusación en su contra conectada a la audiencia vía Zoom desde San José 1111, el departamento donde cumple arresto domiciliario condenada a seis años de prisión en el caso Vialidad.
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Está procesada en la causa central como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho en 22 oportunidades.
Durante la lectura se enumeraron diferentes episodios de un total de 128 hechos de pago de sobornos y se concluyó que “los eslabones convergen así en un solo punto”, la ex presidenta.
Luego se siguió con otro requerimiento acusatorio vinculado a otro tramo de la investigación y fue el momento de repasar el descargo que hizo por escrito en ese momento la ex presidenta.
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“No han conseguido ni siquiera una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen”, enfatizó
El esquema
“Roberto Baratta fue identificado como el comunicador y receptor inicial, Muñoz como uno de los intermediarios finales, y Cristina Elisabet Fernández como la destinataria final de fondos”, acusó la fiscalía de instrucción del caso.
Se remarcaron aportes de imputados colaboradores que “ratificaron la participación e intervención directa de la imputada en la recepción de los sobornos garantizados por los privados”
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Cristina Kirchner “en definitiva, resultó ser la única con capacidad real y efectiva, para decidir cómo y qué hacer con la mayoría del dinero entregado en carácter de coimas”
“Ella recibió dinero de los empresarios para ejercer la influencia necesaria que le permitiera incidir a su favor”, agregó la acusación.
Uno de los arrepentidos tomados en cuenta en la acusación fiscal es el ex titular del OCCOVI Claudio Uberti. Fue quien dijo en 2018 -cuando pidió ser imputado colaborador- que una vez subió al departamento de los Kirchner en Recoleta y vio unas 20 valijas.
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Según refirió que le contó en ese momento Muñoz, el contenido tenía “por destino la casa de Néstor y Cristina Kirchner en Río Gallegos ubicada en esquina de la calle 25 de mayo donde se encontraban bóvedas que había comprado al Banco Hipotecario”.
Habló de bolsos de más de diez kilos de peso que llevó a ese departamento.
“Gran cantidad de las entregas de dinero fueron, en último término, trasladadas —también por miembros de esa organización— a inmuebles que eran utilizados por Cristina Elisabet Fernández”, acusó la fiscalía.
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Estos destinos serían la Quinta de Olivos, la Casa Rosada y el departamento de Juncal y Uruguay, que imputados colaboradores mencionaron como el epicentro de acopio del dinero “retirado de las distintas empresas”.
La acusación dio cuenta de pagos ilegales que habrían sido trasladados al domicilio en Recoleta de la entonces presidenta entre 2008 y 2010.
Allí figuran coimas provenientes de Carlos Wagner, Enrique Pescarmona, Juan Carlos de Goycoechea, Gerardo Ferreyra, Raúl Glazman, Ivánissevich, Romero, Vertúa y Dragonetti, con fechas específicas y entregas, basadas en las anotaciones del remisero Oscar Centeno.
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En ese sentido, al pedir el envío a juicio oral de los procesados, la fiscalía consideró comprobado que se montó una asociación ilícita para cometer diversos “planes delictuales” durante el kirchnerismo.
Y dio por acreditado que la ex presidenta y los por entonces funcionarios Julio De Vido, Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Enrique Llorens y José María Olazagasti, entre otros, “recibieron y/o participaron” en los pagos ilegales por parte de empresarios.
El objetivo era que los funcionarios públicos “ejercieran sus influencias” para otorgar beneficios a las compañías que representaban los privados.
Descargo de Cristina
La audiencia se inició poco antes de las 9.30 y concluyó la lectura de las 678 páginas de la acusación en la causa central Cuadernos iniciada el 6 de noviembre con el resumen de los cargos puntuales a cada imputado, entre ellos la ex presidenta.
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Minutos después de las 11, el Tribunal comenzó este jueves a escuchar la acusación fiscal en una de las causas vinculadas que llegaron a juicio, el pago de sobornos por parte de Isolux-Corsán.
En ese marco se leyó el descargo escrito que dejó en su declaración indagatoria la ex Presidenta.
“No han conseguido ni siquiera una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen”, enfatizó.
Además negó “de manera categórica y terminante” haber formado parte “de algún tipo de asociación ilícita, así como también de haber cometido delito alguno”.
" La investigación dirigida deliberadamente en mi contra, a pesar de haber arrasado todas y cada una de las garantías que hacen al debido proceso legal, no ha conseguido ni siquiera una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen", agregó.
El debate
El juicio a Cristina Kirchner y otros 85 imputados seguirá el martes próximo con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio en causas vinculadas.
Desde ahora hay dos audiencias semanales, martes y jueves.
Una vez concluída la lectura de la acusación será el momento de las cuestiones preliminares.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli pidieron a todos los abogados que informen de manera previa si habrá planteos y recibieron respuestas positivas. Esto anticipa una próxima etapa para escuchar cada planteo, pedir opinión a la fiscal Fabiana León, a la querella de la UIF y luego tomar una decisión.
Se calcula que entrado febrero de 2026 será el momento de inicio de las 86 declaraciones indagatorias. Más allá de que el acusado tenga o no intención de hablar, hay un paso insoslayable: sentarse frente al Tribunal para dar sus datos personales.
Por ahora rige la decisión del sistema mixto. Cada uno irá el día que le toque y se verá de manera presencial al menos con jueces, fiscalía, querella y su defensa. Los demás seguirán las alternativas por Zoom.
El Tribunal tiene pendiente resolver si acepta el ofrecimiento de la Cámara Federal de Casación para mudar el juicio a Comodoro Py 2002, dotarlo de más presencialidad, agregar un día más de audiencias en la semana, desde el 10 de diciembre.
En ese aspecto, se preguntó a la Corte Suprema de Justicia si está disponible otra sala, en el Palacio de Justicia de Talcahuano 550, donde el TOF7 tiene su sede.
Una vez que se conozca esa respuesta se avanzará en una decisión pero mientras tanto las audiencias de lectura de acusación seguirán de manera virtual con los jueces conectados desde una sala en su Tribunal y las partes de manera remota.
Otro acusado que comenzó a seguir el debate detenido es el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien quedó preso semanas atrás porque la Corte dejó firme su condena a cuatro años de prisión por la tragedia del tren de Once.
A De Vido se le negó el arresto domiciliario y permanece en la cárcel de Ezeiza, al igual que otro juzgado, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.
Jaime quedó preso el año pasado, también por la tragedia de Once, cumple seis años de prisión y al igual que a De Vido, se le negó por ahora el beneficio de la domiciliaria.