No fue un día positivo para Cristina Kirchner en cuanto a lo judicial. Además de haber participado de la primera jornada del juicio por la causa Cuadernos, como acusada en lo que es considerado el proceso más extenso en materia de corrupción en la historia del país, este jueves además Casación rechazó los recursos presentados por las defensas de la ex presidenta y Lázaro Báez y ratificó el decomiso de casi $700 mil millones contra los condenados en la causa Vialidad.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego G. Barroetaveña, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados y confirmó la actualización del monto del decomiso en 684.990.350.139,86 pesos, fijado por el Tribunal Oral en la causa Vialidad, donde se descubrió una de las defraudaciones más importantes contra la administración pública.
Este fallo convalidó el avance del proceso de ejecución llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 2, de conformidad con lo planteado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes el pasado 16 de octubre exigieron que se ejecutara el decomiso de manera inmediata, tras el vencimiento del plazo de diez días hábiles fijado para el pago solidario en las condenas.
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La defensa de Cristina Fernández había recurrido el monto del decomiso al considerar que el método utilizado por el tribunal oral, con una actualización conforme al índice de precios al consumidor, era inadecuado, y que era más apropiado el implementado por el perito contador de parte, que arribó a un monto de poco menos de $42.500 millones. Además, los letrados habían solicitado la suspensión de la ejecución de la medida.
Se hicieron eco de ese recurso de casación las defensas de Lázaro Antonio Báez, José Francisco López y Mauricio Collareda, los demás afectados por la medida.
Por unanimidad, los magistrados de la casación sostuvieron que la actualización efectuada sobre la base del índice de precios al consumidor (IPC) no resultaba arbitraria y constituía un método idóneo para mantener el valor real del beneficio del delito frente a la depreciación monetaria.
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Por ello, y por considerar que las defensas no lograron demostrar arbitrariedad ni error en la interpretación normativa, desestimaron los planteos y confirmaron lo resuelto en su momento por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2.
Además, la resolución reafirma la naturaleza obligatoria del decomiso como consecuencia legal accesoria de la condena penal, en cumplimiento con lo establecido por el Código Penal y las Convenciones Internacionales contra la corrupción.
El monto en cuestión surge de la actualización del daño económico a la Administración Pública determinado en la sentencia del 6 de diciembre de 2022 del TOF 2 -integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso-, que impuso penas de prisión y el decomiso de los efectos del delito por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La cifra originalmente fijada en $ 84.835 millones fue recalculada por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema y llevada a casi $ 685.000 millones, luego de que el fallo quedara firme por decisión del máximo tribunal el 10 de junio de 2025.
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El pasado 10 de junio, en una decisión de alto impacto político y judicial, la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre del año pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad, donde se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas. Esta decisión implicó que quedara firme la condena contra la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, además del decomiso de bienes ya desarrollado.