El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó elevar a juicio oral a los integrantes de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, vinculada a los episodios de violencia política que antecedieron al intento de asesinato de la ex presidenta Cristina Kirchner.
Los acusados son Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra, Nilda Basile y Lidia Casciano. Entre ellos se reparten cargos por incitación a la violencia colectiva, amenazas y daño agravado.
El dictamen fiscal de 114 páginas, al que tuvo acceso Infobae, entró al despacho del juez Marcelo Martínez De Giorgi y ahora las defensas pueden hacer planteos antes de que el magistrado se pronuncie sobre la elevación.
Los antecedentes
Revolución Federal tomó notoriedad pública entre los meses de mayo y octubre del año 2022. Según se determinó en la investigación, sus acciones se desarrollaron principalmente a través de redes sociales y con manifestaciones en la vía pública.
La Fiscalía describió que el objetivo de la organización era “incitar a la persecución, a la violencia y a la propagación del odio, contra personas en ese entonces integrantes del Poder Ejecutivo Nacional y simpatizantes de distintos partidos políticos, aunque principalmente, de la coalición que en ese momento se identificaba como Frente de Todos”.
En julio de 2022, por ejemplo, Revolución Federal organizó en Plaza de Mayo una marcha con antorchas y una guillotina con el logo de la coalición peronista. También usaban lemas como “Que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas”, “Todos presos, muertos o exiliados”, “No vamos a cantar el himno. Vamos a exigir renuncias” o “Al kirchnerismo cárcel o bala”, entre otros.
Quién es quién en Revolución Federal
Los fundadores de la organización fueron Morel y Sosa, quienes iniciaron la actividad en mayo de 2022. La investigación de los sucesos, incluyendo detenciones y allanamientos en octubre de 2022, diluyó el accionar del grupo.
Morel y Sosa administraban los perfiles de la agrupación en Twitter e Instagram. También crearon grupos en WhatsApp para sumar simpatizantes y planificar eventos.
Cuando los allanaron, encontraron en sus domicilios el megáfono que usaban en las marchas, folletos, cartelería, sustancias inflamables y antorchas caseras.
De acuerdo a lo determinado por el fiscal Pollicita, Revolución Federal tenía una dinámica más bien autogestiva. Usaban billeteras virtuales para recibir aportes financieros, por ejemplo, para “armar 15 antorchas más”, “hacer un cacerolazo con 20 antorchas”, “armar un escrache con 30 antorchas” o “armar una horda de antorchas para dar vuelta lo que sea”.
Gastón Guerra y Sabrina Basile se sumaron a la agrupación en julio del 2022 y participaron en sus actividades tanto virtuales como callejeras. A diferencia del resto de los simpatizantes, y de acuerdo a la investigación, colaboraban más activamente con los líderes del grupo y habrían reclutado adeptos.
Cuando el caso llegue a juicio, también se debatirá un episodio ocurrido el 4 de julio de 2022, cuando Jonathan Morel persiguió por la calle y amenazó a legisladoras Maia Daer -hija del sindicalista Héctor Daer- y Claudia Neira, hoy presidenta del bloque kirchnerista en la Legislatura porteña.
Hizo lo mismo con el entonces intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, a quien insultó y amenazó en las afueras de la Casa Rosada, mientras juraba como ministra de Economía Silvina Batakis.
Dos semanas después también amenazó al periodista Victor Hugo Morales, según se plasmó en el requerimiento.
Las amenazas siguieron el 25 de agosto. Durante una concentración frente a la residencia presidencial de Olivos, Morel lanzó expresiones intimidantes contra Victoria Donda, quien era interventora del INADI.
Dirigiéndose a la cámara que transmitía en vivo por Instagram, dijo: “Donda, te persigo. Donda, vas a tener el mismo destino que tus viejos”, y “Le vas a ir a tocar timbre a San Pedro antes Donda”. Los padres de la dirigente peronista fueron víctimas de desaparición forzada en la última dictadura militar. Ella y su hija recibieron custodia policial luego de estas amenazas.
En el caso de Lidia Margarita Casciano, fue procesada por incitación a la violencia colectiva a través de mensajes de WhatsApp enviados en julio y agosto de 2022 en grupos de simpatizantes de Revolución Federal. Allí dijo tener un arma de fuego calibre 9 milímetros y expresó varias veces su voluntad de usarla en alguno de los escraches que organizaba la agrupación.
La militante de ultraderecha no mentía: cuando la Policía Federal Argentina allanó su casa encontró la pistola a la que hacía referencia constantemente.
El fiscal Pollicita consideró que las conductas de Morel, Sosa, Guerra y Basile podían encuadrarse como “organización o participación en agrupaciones destinadas a combatir ideologías por la fuerza o el temor”. Sin embargo, adecuó la acusación a criterios fijados anteriormente por la Cámara Federal y, alternativamente, propuso la calificación de incitación a la violencia colectiva.