El Consejo de la Magistratura de la Nación reunió este miércoles a su Comité de Innovación de la Comisión de Administración y Financiera para debatir la modernización y transparencia de las estadísticas oficiales y avanzar en la aplicación de nuevas tecnologías dentro del Poder Judicial. El encuentro, convocado por la consejera Jimena de la Torre, se realizó en el marco del "Plan Estadístico Nacional del Poder Judicial“, que tiene como objetivo producir ”información estadística confiable y oportuna para la toma de decisiones en el Poder Judicial" y “contribuir con la transparencia activa de los tribunales”.
Según informaron desde el organismo creado en la reforma constitucional de 1994, el Plan Estadístico tiene estipulado un camino de tres etapas: primero, recuperar los indicadores y series históricas interrumpidas; segundo, cruzar la información con organismos como el INDEC para enriquecer los distintos índices; y tercero, incorporar inteligencia artificial para procesar de manera automática los expedientes digitales y transformarlos en datos estructurados para su mejor utilización.
Diversas organizaciones de la sociedad civil habían hecho llegar al Consejo una nota en la que solicitaron que el proceso de reestructuración estadística contara con una instancia abierta y participativa a fin de involucrar a personas y entidades especializadas interesadas en definir los datos a relevar.
En ese marco, De la Torre detalló que, desde la aprobación del Plan en marzo pasado, se procesaron más de dos mil planillas y se subieron cientos de archivos provenientes de trece jurisdicciones, entre ellos series completas de fueros como Seguridad Social, Penal Económico y Cámara Civil y Comercial de Segunda Instancia. Además, la consejera en representación de los abogados señaló que se pondrá en marcha un nuevo portal web para publicar la información recabada en un formato accesible, en reemplazo del actual micrositio.
En la reunión participaron representantes de distintas entidades de la sociedad civil, entre ellos Fernanda Rodríguez (Unidos por la Justicia), Santiago del Carril y Marcelo de Jesús (FORES), Luis Cevasco y Mauro Vazón (Bases Republicanas), David Groisman y María Eugenia Zamarreño (CIPPEC), Julián Alfie y Micaela Giubilato (INECIP), Celeste Fernández y Emir Salomón (ACIJ).
También asistió al encuentro María Alejandra Provítola, consejera por el estamento de los jueces en el Consejo de la Magistratura, órgano permanente del Poder Judicial encargado de administrar sus recursos y seleccionar y promover la remoción de magistrados.
Las organizaciones celebraron la convocatoria y durante el evento coincidieron en la relevancia de consolidar un sistema estadístico judicial sólido, transparente y útil para la ciudadanía. En esa línea, David Groisman, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, destacó que “la importancia de contar con datos desagregados y de adoptar estándares internacionales“ como los que se utilizan en los ODS 16 de las Naciones Unidas.
A su vez, Emir Salomón, en nombre de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, consideró que la iniciativa implicaba “una oportunidad de abrir un debate más amplio” y adelantó que presentarán propuestas concretas. Luis Cevasco y Mauro Vazón, miembros de la asociación Bases Republicanas, destacaron por su parte la necesidad de complementar los registros con análisis cualitativos, integrarlos con la información de fiscalías y defensorías, y garantizar que los datos públicos se conviertan en una política de Estado.
Como representante de Unidos por la Justicia, Fernanda Rodríguez planteó que la oficina de estadísticas debe fortalecerse como centro de producción y estudio de los datos abiertos, mientras que Santiago del Carril, del Foro de Estudio sobre la Administración de Justicia, subrayó la necesidad de habilitar el acceso directo a esas bases “para que cada usuario pueda construir sus propios indicadores”.
Por parte del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales estuvo Julián Alfie, quien instó a fijar plazos concretos de ejecución del Programa, a coordinar con la Cámara Federal de Casación en materia penal y a priorizar indicadores “que sirvan para la toma de decisiones basadas en evidencia”.
Al cierre de la jornada, De la Torre subrayó que la modernización y la transparencia de las estadísticas judiciales “no son un lujo, sino una necesidad urgente para fortalecer la confianza ciudadana, mejorar la gestión de los recursos y permitir que las decisiones públicas se tomen con datos precisos y verificables”.
Luego aseveró: “Este comité es el puntapié inicial de un proceso que seguirá avanzando para abrir el Poder Judicial a la sociedad, con innovación, calidad institucional y rendición de cuentas”.