El Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires fue escenario del primer Congreso Internacional sobre Discapacidad en la Justicia, un encuentro que congregó a reconocidos expertos nacionales e internacionales junto a referentes de organismos públicos y organizaciones sociales. La jornada se desarrolló en un contexto marcado por el debate sobre el rol estatal frente a la discapacidad y la provisión de derechos para personas en situación de vulnerabilidad, otorgando especial atención a la construcción de soluciones colectivas enfocadas en el acceso igualitario a la justicia.
Durante el congreso, organizado por el Observatorio de la Discapacidad del Consejo de la Magistratura porteño, disertantes y asistentes analizaron de manera crítica y multidisciplinaria los principales desafíos pendientes para la inclusión jurídica, social y laboral de las personas con discapacidad. El evento se propuso, según sus organizadores, fortalecer el diálogo intersectorial e internacional, permitiendo compartir experiencias concretas y modelar estrategias eficaces que superen las barreras estructurales y socioculturales aún vigentes.
La convocatoria incluyó a figuras de relevancia como la secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Genoveva Ferrero, quien encabezó la apertura y el cierre del congreso.
Ferrero destacó lo oportuno de este tipo de encuentros frente a la coyuntura nacional: “En Argentina se está atravesando un momento muy crítico en donde se está replanteando si el Estado debe o no intervenir en materia de discapacidad”.
En ese sentido, subrayó la responsabilidad del Estado al manifestar: “En el Poder Judicial, luego de tantos años y gracias al trabajo del equipo del Observatorio de la Discapacidad, hemos logrado cambiar la cultura y sí creemos que el Estado tiene que estar presente, no solo a la hora de intervenir con sentencias cuando el hecho ya pasó, sino también con políticas públicas vinculadas a la igualdad”.
Uno de los ejes sobresalientes del congreso fue la igualdad de oportunidades en el acceso a la justicia. El juez de Cámara Sala IV del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la CABA, Lisandro Fastman, valoró el carácter innovador del encuentro y la transversalidad de la temática en el ámbito judicial: “Como integrantes del Poder Judicial me parece que lo menos que podemos hacer es poner el cuerpo y la escucha y reflexionar cuáles son las problemáticas para pasar de ser parte del problema para ser parte de posibles soluciones”.
Fastman, además, remarcó la urgencia de abandonar miradas fragmentarias y propiciar integraciones entre fueros y disciplinas.
Desde una perspectiva internacional, el secretario del Comité sobre Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Jorge Araya, profundizó en la necesidad de remover obstáculos que impidan el pleno ejercicio de derechos. “Tenemos que tratar de remover las diferentes barreras que impiden a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de sus derechos”, expresó.
Resaltó el avance en protocolos de accesibilidad en edificios judiciales, aunque señaló un pendiente: “Todavía hay un gran desafío, que es transformar la accesibilidad a todo lo que es la documentación, porque para muchos ciudadanos no es sencillo comprender la jerga judicial”. Araya también identificó como prioritario avanzar en asesoría legal, políticas y estrategias inclusivas para garantizar el acceso efectivo a la justicia.
El intercambio de estrategias internacionales fue potenciado por la participación de especialistas de entidades académicas, legislativas y sociales. Entre las intervenciones destacadas, expusieron Ezequiel Mercurio, jefe del Departamento del cuerpo de peritos de la Defensoría General de la Nación; Mabel Remón, creadora del Programa ADAJUS; Patricia Brogna, coordinadora de proyectos de investigación superior y discapacidad de la Universidad Nacional de México; los legisladores porteños Manuela Thourte y Juan Manuel Valdés; el presidente y fundador de la ADC, Alejandro Carrió; la directora del Centro de Justicia de la Mujer, Cecilia Segura; junto a la directora General de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de la CABA, Livia Ritondo; y la abogada Natalia Mendoza.
Uno de los testimonios más notables provino de Noelia Garella, la primera maestra titular con síndrome de Down del país, quien relató su experiencia profesional en el sistema educativo de Córdoba y el impacto social de su inclusión. Su participación aportó perspectivas innovadoras desde el plano educativo y profesional, señalando las posibilidades concretas de transformar paradigmas y prácticas.
El Congreso Internacional sobre Discapacidad en la Justicia dejó en evidencia el consenso sobre la necesidad de crear una justicia verdaderamente inclusiva. Las demandas se centraron en políticas estatales activas, accesibilidad en las comunicaciones judiciales, igualdad de condiciones en la inserción laboral y ampliación de la capacitación de operadores jurídicos. Según los datos recopilados durante la jornada, las barreras materiales, simbólicas y normativas persisten, así como la ausencia de recursos suficientes para transformar proyectos en realidades tangibles.
El cierre del evento ratificó el compromiso de los actores institucionales y sociales con la continuidad del diálogo y la articulación de políticas. Aportes como los de Ferrero, Araya y Fastman impulsaron la proyección de nuevas instancias de trabajo conjunto, con énfasis en la colaboración regional y la transferencia de buenas prácticas.