La defensa de los dueños de la droguería Suizo Argentina, investigados por el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), pidió declarar nula la causa judicial que llevan adelante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. En el reclamo, los abogados de la familia Kovalivker sostuvieron que la investigación se originó con audios ilegales y que es una “excursión de pesca”, etiqueta que reciben aquellos expedientes en los que se avanza “para ver qué aparece”.
La petición fue presentada en los tribunales de Comodoro Py a última hora del viernes por el defensor Martín Magram, mientras la Policía de la Ciudad desplegaba una serie de allanamientos en las sedes de Andis y en oficinas de la droguería. La fuerza porteña buscaba documentación relacionada con compras de medicamentos que hizo el Estado nacional a la empresa.
Tal como anticipó Infobae, hay una controversia detrás de la validez legal de los audios de Diego Spagnuolo como prueba, ya que la obtención de los mismos podría haber vulnerado su derecho a la intimidad.
En su escrito, presentado ante el juez Casanello, el abogado de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker advirtió que aún sin conocer los detalles del expediente -ninguno de ellos está imputado formalmente-, corresponde dar por nula la causa por el “oscurantismo, la desinformación y falta de un procedimiento ajustado a derecho” que habría caracterizado, desde su mirada, el comienzo de la investigación.
Magram llegó incluso a comparar esta situación con “épocas superadas donde la delación e infundada sospecha eran material suficiente para encarcelar y suprimir cualquier derecho reconocido en un Estado democrático”.
La defensa impugnó “el origen de la grabación y la forma en la que se procuró la investigación” y solicitó explícitamente la declaración de nulidad de este material probatorio que, según describió la defensa, “existe pero no está, brinda información pero no sabemos a ciencia cierta quién, ni cuándo”.
El audio en el que se escucha al ex abogado del presidente Javier Milei hablar de coimas “no pudo jamás dar sustento a una denuncia seria ni tener acogida conforme una buena práctica respetuosa del debido proceso”, dice el escrito.
En el mismo sentido se expresó Magram en una entrevista que brindó a Radio Con Vos: “Son grabaciones que no sabemos si son verdaderas ni si son legítimas, ni si están realmente en la causa”, expresó el letrado.
Si los audios fueran declarados inválidos, entraría en juego la doctrina del fruto del árbol envenenado. Esto es: si la evidencia que se produce en la causa nació de las grabaciones supuestamente ilegales, todo lo que les siguió luego también está “contaminado” y, por ende, es todo nulo.
Nulidad absoluta
El abogado de los Kovalivker pidió la nulidad de carácter absoluto. Argumentó que el acto viciado violaba un derecho constitucional expresamente consagrado: el derecho a la intimidad. Este se encuentra previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en las convenciones sobre derechos humanos que poseen jerarquía constitucional. Por esta razón, explicó Magram, dicha nulidad “puede y debe ser declarada, incluso de oficio, en cualquier estado del proceso judicial”.
Con este pedido de nulidad total, la defensa procuró invalidar todas las actuaciones de la causa desde su génesis. Esto quiere decir que las pruebas recabadas en allanamientos y peritajes, más allá del resultado que hayan tenido, deberán ser descartadas por la Justicia.
Si bien el pedido de nulidad está pendiente de resolución en el despacho de Casanello, la cuestión puede seguir escalando -apelaciones de por medio- incluso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Consultado por la situación judicial de sus defendidos, Magram afirmó que la familia Kovalivker permanece a disposición de la Justicia, aunque cuestionó las condiciones en las que debieron entregar dispositivos personales y claves de acceso. “Nadie está obligado en un Estado de derecho a contribuir con la investigación en su contra,” remarcó Magram. Según el abogado, pese a haber facilitado todo lo requerido por la orden judicial, la empresa y sus directivos han visto vulnerada su privacidad y la de sus familias.
El empresario Eduardo Kovalivker fue el último en presentarse en los tribunales el viernes. En su paso por la fiscalía, hizo entrega de su teléfono celular para que sea sometido a peritajes.