La Cámara Federal de Comodoro Py aceptó que se incorpore como prueba en la causa por la llamada “Ruta del dinero K” una conversación telefónica de 2019 en la que el empresario Lázaro Báez dijo que su dinero era de alguien de “arriba”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que hoy la Sala II, por mayoría, aceptó la apelación que presentó en la causa “Bases Republicanas”, una asociación civil que actúa como querellante en la causa. “No encuentro obstáculo para que se incorpore al presente proceso la prueba requerida, toda vez que, en definitiva, la cuestión medular se vinculará con el valor probatorio que, en todo caso, corresponda otorgar a cada uno de los elementos reunidos, en el momento procesal oportuno”, sostuvo el voto de la mayoría.
Se trata del expediente en el que Báez fue condenado por el lavado de dinero de 55 millones de dólares. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este año la condena y el empresario volvió a prisión luego de estar en detención domiciliaria.
Pero la causa tiene un tramo en el que se investiga si la ex presidenta Cristina Kirchner tuvo responsabilidad en los hechos. Tanto el fiscal federal Guillermo Marijuán como el juez federal Sebastián Casanello dijeron que no y sobreseyeron a la ex mandataria pero la Cámara Federal revocó esa decisión y ordenó que se siga investigando.
Así, Bases Republicanas reclamó una serie de medidas de prueba, entre ellas la conversación telefónica de Báez cuando estaba preso en 2019 en la cárcel federal de Ezeiza. El juez Casanello rechazó el pedido, lo que ya había hecho hace seis años porque desde el juzgado federal de Lomas de Zamora le contestaron que no podían remitir esa información.
Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi aceptaron el planteo de Bases Republicanas. “En mis intervenciones anteriores, sostuve la necesidad de analizar la prueba contenida en estas actuaciones ´como así también toda aquella agregada en los expedientes vinculados de manera conglobada recordando que se tratan de distintos tramos de conducta asociado a un único designio criminal´”, sostuvo Llorens en su voto.
El camarista agregó que en el expediente había que buscar información en otras causas. “En función de lo señalado y sobre la base de lo postulado por las acusaciones particulares, no encuentro obstáculo para que se ordene la producción de la prueba requerida más allá de la valoración que, eventualmente, pudiera hacerse de ella”, concluyó Llorens.
En la misma línea, Bertuzzi sostuvo que “el plexo probatorio de esta causa debe ser integrado con aquel que surja de los expedientes vinculados, de modo de garantizar una perspectiva analítica amplia que permita cristalizar los fines de proceso, es decir, la averiguación de la verdad de los sucesos”.
“Con ese norte, ya establecido antes de ahora, no encuentro obstáculo para que se incorpore al presente proceso la prueba requerida, toda vez que, en definitiva, la cuestión medular se vinculará con el valor probatorio que, en todo caso, corresponda otorgar a cada uno de los elementos reunidos, en el momento procesal oportuno”, agregó en su voto.
En disidencia, Eduardo Farah votó por rechazar la incorporación de la escucha telefónica de Báez.
Por otra parte, la Unidad de Información Financiera (UIF) apoyó el pedido de Bases Republicanas para incorporar la prueba pero también solicitó apartar al juez Casanello porque consideró que lleva “una instrucción sesgada que torna arbitraria la toma de decisiones como la que aquí se cuestiona en relación a una pertinencia probatoria”.
“No se entiende cómo una prueba como la solicitada por la Asociación Civil Bases sea, en palabras del a quo (Nda: el juez de primera instancia), impertinente e inútil para el objeto procesal de las presentes actuaciones, teniendo en cuenta que se trataría de una medida que, junto con el resto del plexo probatorio que se viene recolectando, contribuye a la vinculación de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner con las maniobras aquí investigadas”, consideró la UIF, lo que debe ser resuelto por la Cámara.