Para la ex presidenta Cristina Kirchner el decomiso de dinero en la causa Vialidad en la que fue condenada es de 42 mil millones de pesos. Se trata de un 6% de los 684 mil millones que establecieron la semana pasada los peritos oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A ese monto llegó el perito de parte de la ex presidenta, el contador público José Lucas Gaincerain, porque aplicó un cálculo distinto al de los especialistas del máximo tribunal.
Los peritos de la Corte Suprema utilizaron el índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Así, los 85 mil millones de pesos que fijó el Tribunal Oral Federal 2 en su veredicto de diciembre de 2022 se actualizaron a los 684 millones de la inflación desde entonces a mayo pasado.
El especialista de la ex presidenta tomó el monto ilícito que estableció la justicia al momento de los hechos y le aplicó la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). “De conformidad con la metodología utilizada, el monto de decomiso actualizado al 10 de julio de 2025 arroja la suma de $42.494.357.845,17″, concluyó el perito de parte en su presentación a la que accedió Infobae.
La diferencia entre lo que establecieron los peritos oficiales y el de Cristina Kirchner deberá ser resuelto por el Tribunal Oral para determinar qué monto es el que deben devolver. Inclusive, los jueces tienen también un dictamen de los peritos de la Fiscalía con distintos montos.
Cuando eso quedé definido, los nueve condenados en el caso tendrán 10 días hábiles para devolver el dinero. Sino lo hacen se rematarán los bienes a su nombre hasta llegar a esa cifra. Pero el dictamen de la defensa de la ex presidenta abre la posibilidad que esa discusión se judicialice.
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por las irregularidades en la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. También fueron condenados el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Santa Cruz. La ex presidenta cumple la condena en prisión domiciliaria.
Los jueces establecieron en 85 mil millones de pesos el monto de la defraudación actualizada de cuando fueron los hechos a la fecha del veredicto. Cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas, el tribunal pidió una nueva actualización del monto.
Los peritos contadores del máximo tribunal utilizaron el índice de inflación, que es el que se había aplicado cuando se dictó el veredicto. Así, el monto actual del decomiso que los especialistas presentaron la semana pasada es de 684.990.350.139,86 de pesos. Son 537 millones de dólares al cambio actual.
El perito de la ex presidenta presentó aparte un dictamen de 11 páginas. Allí sostuvo que el Tribunal Oral no dijo qué parámetro se debía utilizar para hacer la actualización. También el perito marcó que a su criterio la actualización se debe hacer “desde la fecha de adjudicación de cada una de las obras bajo análisis”. Esos montos datan de 2003 a 2015 cuando se otorgaron las obras que fueron por un total de 646 millones de pesos con 185 millones de sobreprecios.
“Ante la falta de certeza he procedido a realizar el cálculo mediante un método y parámetro distinto a los fines de que el tribunal resuelva en definitiva lo que crea corresponde”, sostuvo el perito de Cristina Kirchner. Ese método fue la tasa pasiva promedio del BCRA. “Esto es, el rendimiento que habría arrojado el depósito de los fondos en una institución bancaria”, explicó y agregó que esa metodología fue avalada por la justicia en otras causas de la ex presidenta.
Así, el monto para Cristina Kirchner es de 42 mil millones de pesos, que son 33 millones de dólares al cambio oficial. “Vale destacar que desde mi perspectiva utilizar, como baremo de actualización otras herramientas similares que realizan mediciones de precios de productos específicos a cada uno, no reflejan el valor financiero del dinero ni su rentabilidad potencial, abriendo la posibilidad de generar en forma artificiosa rentabilidades que nada tienen que ver con la real evolución del valor del dinero”, concluyó.
Por su parte, los peritos de la Fiscalía hicieron cuatro cálculos de actualización en base a distintos parámetros. El resultado va de los 684 mil millones -como los especialistas de la Corte Suprema- a otros de 230 mil millones hasta los 723 mil millones.
Todo deberá ser resuelto por el Tribunal Oral.
Pedido de los fiscales
Tras la actualización del monto del decomiso, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola le pidieron al Tribunal Oral medidas para “resguardar la efectiva ejecución del decomiso”.
El planteo se hizo luego que detectaron una maniobra que podría entorpecer el decomiso de bienes. Concretamente los fiscales señalaron que el 24 de junio a Claudia Insaurralde, pareja de Lázaro Báez, lo fue a visitar a la cárcel federal de Ríos Gallegos para que firme una serie de documentos vinculados a sus propiedades del empresario. El Servicio Penitenciario le prohibió el ingreso e informó la situación a la justicia. La defensa de Báez explicó que eran documentos de designación de abogados.
Frente a eso, los fiscales entendieron que se deben tomar “ciertas medidas para evitar que los imputados concretaran actos jurídicos que pudieran llegar a obstaculizar, dificultar o impedir el decomiso”.
Así, Luciani y Mola le pidieron al Tribunal Oral que se actualicen y se mantengan anotadas todas las medidas cautelares dictadas en la causa, que se determinen qué bienes tiene la pareja de Báez desde 2016 a la actualidad, entre otras.