La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó hoy que la ex presidenta Cristina Kirchner deberá seguir siendo investigada en la causa llamada la “Ruta del dinero K”, en la que el máximo tribunal ratificó hoy las condenas por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Baéz y otros acusados.
El máximo tribunal rechazó una apelación que la defensa de Cristina Kirchner presentó contra los fallos de la Cámara Federal y de la Cámara Federal de Casación Penal que revocaron su sobreseimiento en la causa, y que aceptó como querellante en el expediente a la asociación civil “Bases Republicanas”.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que la apelación de Cristina Kirchner no se hizo contra una sentencia definitiva.
Por otra parte, el máximo tribunal también rechazó otras presentaciones de la ex jefa de Estado en el mismo expediente. Se trata de las recusaciones que inició contra los jueces de la Cámara Federal Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens y el de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos para que se aparten del expediente.
Los tres integrantes de la Corte Suprema rechazaron esos planteos porque tampoco se dirigían contra una sentencia definitiva.
La causa es el expediente conocido como la “Ruta del dinero K” por el lavado de dinero de 55 millones de dólares por parte de Báez. El empresario y otros acusados fueron enviados a juicio oral por el juez federal Sebastián Casanello y por el fiscal federal Guillermo Marijuán en el que fueron condenados.
Pero una parte de la causa quedó bajo investigación. Es la que involucraba a Cristina Kirchner para determinar si ese dinero era suyo.
El fiscal Marijuán pidió en mayo del 2023 el sobreseimiento de Cristina Kirchner al entender que, tras una década de medidas, no se había podido acreditar su vinculación con ese lavado de dinero, más allá de la certeza de ”la estrecha y directa relación personal entre Cristina Elisabet Fernández y Lázaro Antonio Báez”.
El juez Casanello aceptó el planteo y sobreseyó a la ex presidente. Pero en la causa se presentó la ONG Bases Republicanas y pidió ser parte de la causa, para sostener que “Lázaro Báez y su grupo actuaron como testaferros por cuenta y orden de Néstor y Cristina Kirchner”. El magistrado rechazó que fueran querellantes en esta instancia del proceso, pero la Cámara Federal lo habilitó y mandó a revocar el sobreseimiento de la ex vicepresidenta. Marijuan debió volver a pronunciarse y ratificó el pedido.
El expediente tiene dos medidas de prueba en curso importantes. Una es que la Cámara Federal aceptó un planteó de Bases Republicanas para que se analice como prueba del expediente un audio en el que Baéz hace referencia a que su dinero era de alguien de “arriba”.
“Más allá de lo que pueda definirse después sobre el fondo, entiendo que en este contexto la vía de revisión debe ser habilitada, para que se dé trámite al recurso y se escuche en audiencia los argumentos de los litigantes”, resolvió la Cámara sobre la prueba solicitada.
La segunda prueba es un estudio contable que ordenó el juez Casanello en febrero pasado para determinar si los fondos que Báez reingresó a sus empresas desde Suiza pudieron haber tenido como destino final a Cristina Kirchner, a sus familiares o allegados a sus empresas.
El magistrado le ordenó el trabajo a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora también deberá volver a analizar si acepta incorporar como prueba el audio del empresario.
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