La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación dictaminó hoy, por mayoría, desestimar una denuncia por presunto mal desempeño de sus funciones contra la jueza civil y vicepresidenta del organismo, Agustina Díaz Cordero. La acusación está relacionada en cuanto a su presunta vinculación con la visita de diputados nacionales de La Libertad Avanza a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad a la cárcel federal de Ezeiza.
Díaz Cordero fue denunciada por organismos de derechos humanos y ella negó las acusaciones. La Comisión aprobó hoy desestimar “in limine” la denuncia. Fue con los votos del abogado Miguel Piedecasas, la diputada de la UCR Roxana Reyes, el senador radical Eduardo Vischi y el diputado del PRO Álvaro González. Por su parte, los diputados de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley y el abogado Héctor Recalde rechazaron ese planteo y pidieron que se hagan medidas de prueba.
El 11 de julio pasado diputados de LLA fueron a la cárcel federal de Ezeiza a visitar a genocidas como a Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Adolfo Donda Tigel, Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo) y Raúl Antonio Guglielminetti, entre otros. El caso se hizo público y generó polémica porque derivó en iniciativas que el bloque oficialista buscaba presentar para beneficiar con prisiones domiciliarias a los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
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La visita fue organizada por el cura Javier Olivera Ravasi y la diputada de LLA Lourdes Arrieta quien dio a conocer en su cuenta de la red social X las conversaciones de whatsapp del grupo que se armó para hablar de esos temas. De allí surge que el diputado nacional de LLA Beltrán Benedit propuso “enviar gente a entrevistarse con la Dra. Agustina Díaz Cordero, integrante del Consejo de la Magistratura y jueza de familia de la CABA”.
En otro chat, el cura Ravasi habló de volver a contactarse con Díaz Cordero y dijo que “estuvo presente en la primera reunión la Dra. Agustina Díaz Cordero”. La referencia a la vicepresidenta del Consejo es en la elaboración de las iniciativas que el bloque de la LLA iba a presentar para beneficiar a los represores.
La vicepresidenta del Consejo dijo públicamente que no tiene “absolutamente nada que ver” con el caso. Luego presentó notas en la que sostuvo que no participó nunca de ese chat y que conoce a Olivera Ravasi como a otros curas e integrantes de distintas religiones.
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Los consejeros Piedecasas, Reyes, Vischi y González presentaron un dictamen para desestimar la denuncia. Señalaron que Díaz Cordero no participó del grupo de whatsapp, que no consta que haya participado en la redacción de leyes de impunidad y que hay una “expresa desmentida de la magistrada”. Agregaron que “la mera referencia” en las conversaciones “no dan cabida al inicio del procedimiento” de acusación y que además el hecho por el que Díaz Cordero fue denunciada no forman parte de las causales de remoción de los jueces.
También señalaron que el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak desestimó una denuncia de la diputada Arrieta para investigar presuntas amenazas y amedrentamientos en su contra cuando el caso se hizo público.
El kirchnerismo objetó el apuro por cerrar la causa. Desde ese bloque señalaron que no se hizo ninguna medida de prueba para corroborar o descartar los hechos. Así sostuvieron que hay que conseguir los chats a los que se hacen referencia, pedir las causas en trámite, citar a declarar como testigo al cura Olivera Ravasi para descartar o corroborar los hechos. Además explicaron que no quedó acreditado que Díaz Cordero no haya ido a las reuniones como dicen los chats.
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También señalaron que la causa judicial que tramitó en La Plata no involucraba a Díaz Cordero porque no fue denunciada y que su desestimación fue apelada. Además pidieron que se acepte el pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, uno de los organismos denunciantes, para ser convocado a una audiencia a exponer. El planteo fue rechazado por la mayoría.
Ahora el dictamen pasará al plenario del Consejo para su tratamiento y donde en caso de ser aprobado la denuncia quedará definitivamente cerrada.