El juez Germán Castelli, integrante del tribunal oral que tiene en sus manos la realización del juicio conocido como “Cuadernos de la coimas”, en donde está acusada la ex presidenta Cristina Kirchner, le pidió una audiencia al presidente Javier Milei: busca exponer las críticas a la disolución de su traslado, decidida durante el gobierno de Alberto Fernández y el avance de la demanda que entabló contra la Argentina por ese hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Castelli fue designado juez de un Tribunal Oral Federal 3 de San Martín y durante el gobierno de Macri fue trasladado a TOF 7 de Comodoro Py. También otros magistrados fueron desplazados a distintos cargos. Se trata de un mecanismo excepcional que el Consejo de la Magistratura siempre aplicó. Los casos más resonantes fueron los de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que llegaron a la Cámara Federal de Comodoro Py, un tribunal clave porque por allí pasan todas las causas de corrupción.
Cuando Alberto Fernández asumió como presidente de la Nación buscó anular esos traslados. El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, planteó que fueron nombramientos definitivos que no cumplían con los requisitos que fija la Constitución Nacional de llamado a concurso y designación del Senado.
Bruglia, Bertuzzi y Castelli iniciaron causas judiciales para defender sus traslados. La Corte Suprema primero resolvió en el caso de Bruglia y Bertuzzi y dijo que los traslados no eran definitivos sino que se mantenían hasta tanto se haga el proceso de selección que fija la Constitución. Así, el Consejo abrió el concurso para reemplazar a los dos camaristas. Los jueces fueron a la CIDH contra esa decisión.
Por cuerda separada, en octubre del 2022,la Corte Suprema tomó la misma decisión sobre el caso de Castelli y el Consejo decidió avanzar en su cobertura. Castelli también fue a la CIDH.
Según explicó Castelli a Infobae, el 26 de marzo solicitó una audiencia personal con el jefe de Estado Javier Milei. Es que a fines de diciembre, la CIDH le pidió informes al Gobierno sobre la presentación su demanda. La fecha límite para que el Gobierno responda es el 14 de abril.
“Tratándose de un gobierno que recientemente asumió el poder, las explicaciones de primera mano de quien sufrió en carne propia junto a la sociedad diversas aberraciones ilegales, por ejemplo aquellas ocurridas en 2020 y protagonizadas por el Consejo de la Magistratura, el mismísimo Honorable Senado de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional, logrando de manera coordinada y de prepo mi destitución ilegal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 de CABA (y que causó entonces conmoción en la opinión pública, incluso con movilizaciones en las calles), será útil (la audiencia) para entender la problemática en juego de cara a la respuesta al organismo internacional”, dijo Castellí.
“Sobre todo -agregó- si se miden las gravosas consecuencias de ese accionar, reflejadas en que dejé de ser juez natural de los procesos allí radicados, muchos de ellos de relevancia nacional e internacional porque involucran a ex funcionarios/as públicos/as y que habrían sido cometidos desde las más altas esferas de la gestión de gobierno, como también del empresariado por presuntos y graves delitos de corrupción, hasta que fui repuesto en funciones tiempo después por la Corte Suprema”.
El juez afirmó que “la denuncia ante la Comisión Interamericana incluyó también objeciones a la Corte Suprema porque en su fallo conocido como ‘Bertuzzi’, resolvió el tema a medias, pues declaró retroactivamente que los traslados de jueces no otorgaban estabilidad en el cargo y así determinó su provisoriedad (tras 70 años de considerarse lo contrario)”. No obstante indicó que “el grueso de las críticas se concentró en el renovado accionar ilegal del mismo Consejo de la Magistratura, al que la Corte le impuso una obligación de hacer, en el sentido de promover y activar los concursos en los lugares ocupados por personas trasladadas, en condiciones de igualdad, entre los recurrentes (o sea en mi caso) y demás personas del colectivo que llega a unos 40 ó 50 casos en la actualidad”.
Según Castelli, “el Consejo utilizó dicho fallo bajo una fachada de legalidad como instrumento de persecución sobre los mismos jueces antes echados por la fuerza (que también involucró a los colegas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi de otro tribunal) y, en simultáneo, esa discriminación se evidenciaba en indisimulada protección de otras juezas y jueces trasladados-”. Afirmó que “hasta se intentó burlar el fallo “Bertuzzi”, pretendiendo ocupar vacantes que debían quedar libres, pues la persona trasladada podía regresar allí”.
“El pedido de audiencia al señor presidente de la Nación obedece a que entre los días 19 y 20 de marzo he pedido audiencias personales a su más representativo equipo de gobierno, esto es, al señor Jefe de Gabinete, señora Ministra de Relaciones Exteriores, señor Ministro de Justicia y señor Secretario de Derechos Humanos, y no he obtenido ningún tipo de respuesta a los pedidos”, afirmó.
Castelli insistió en que se trata de “una cuestión de alta sensibilidad en virtud de encontrarse en juego la independencia de la magistratura y será uno de los casos testigo de cómo se parará ese gobierno en la historia acerca del tema, ya que el pedido de informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclama una respuesta del Estado argentino sobre una denuncia puntual de violación a ese principio sobre hechos que, como se dijo, tuvieron difusión pública y conmocionaron a la sociedad en tanto no se registran antecedentes, por ejemplo, de una destitución ilegal de jueces federales en los últimos 40 años ininterrumpidos de democracia republicana”.