Una de las empleadas del Senado bonaerense que estaba citada a declarar como testigo en la causa que investiga un sistema de recaudación similar al que manejaba Julio “Chocolate” Rigau se presentó ante la Justicia y pidió la eximición de prisión, ante la posibilidad que sea detenida, pero además pidió suspender su declaración porque considera que podría ser imputada.
“En esta misma causa, otros empleados de la Legislatura fueron procesados y detenidos en similares condiciones que las de la suscripta. Entonces, no soy testigo, sino una potencial imputada”, dice un escrito de dos carillas que presentó Ileana Salamanca ante el juez Guillermo Atencio y al que tuvo acceso Infobae.
Salamanca estaba citada a declarar por la fiscal Betina Lacki para el 27 de febrero. Dos días después están citadas Jonathan Ivan Villegas y Karina Elizabeth Saraqui. Y el 5 de marzo Yamila Gisele Benzo y Bris Maiara Novillo.
La mujer es dueña de una de las 39 tarjetas identificadas en la causa para retirar fondos del Senado bonaerense. Con las cámaras de seguridad, la fiscal le mandó un oficio al banco para conocer el domicilio de cada uno de los titulares y también reclamó datos al Senado. Pero nunca pudo identificar a la pareja que operaba con las tarjetas.
Pero los protagonistas se terminaron presentando solos por impulso de las investigaciones periodísticas. Se trata del dirigente radical Hugo Muguerza y su pareja, María Josefina Ortellado. La semana pasada, designaron un abogado ante los rumores de detención. En el caso de Muguerza, también adjunto un certificado médico.
“Muguerza trabaja hace mucho en el radicalismo de La Plata. Tenía mucha influencia en el entorno de Javier Quinterno (ex candidato a intendente ahora fallecido) pero sigue teniendo peso interno”, dijo una fuente de la política platense. Otra fuente consultada por este medio dijo que la situación de Muguerza “tiene en vilo al PRO”.
Entre otros lugares, Muguerza trabajó en la Municipalidad de La Plata y en Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora se presentó ante la Justicia Salamanca, quien considera que está a un paso de ser imputada y no tendría la obligación de decir la verdad. “Es de toda evidencia que la Fiscalía me interrogará sobre mi actividad en el Senado, lo que implica que, bajo juramento de ley, deberé responder sobre actos propios, lo que se encuentra expresamente vedado en la normativa constitucional, convencional y legal aplicable”, sostuvo a través de su abogado.
Según una investigación de La Nación, Salamanca es o era la pareja del hijo de Muguerza. De esa manera, lo que diga puede cambiar el curso de la causa.
En paralelo, la fiscal Lacki sigue avanzando con la investigación de las tarjetas de Diputados y quiere escuchar al director de Legal y Técnica de la Cámara de Diputados bonaerense, Eduardo Vito Resiglione, quien había cuestionado un pedido de la fiscal argumentando que era “una injerencia sobre asuntos internos” de otro poder del Estado. El funcionario fue citado en enero pero estaba de vacaciones.
No es todo. Lacki también citará a empleados de la Secretaría Administrativa de la Legislatura bonaerense, un área estratégica donde se manejan los contratos de todos los empleados de ese organismo. “Procédase por Secretaría a la designación de audiencias testimoniales del personal de la Secretaría Administrativa del citado organismo, debiéndose adecuar las mismas a la agenda de esta dependencia”, expuso hace unos días.