Ariel Zanchetta, el ex policía que decía ser periodista y fue acusado de haber sido parte de una red de espionaje contra jueces de Comodoro Py y la Corte Suprema, seguirá detenido por orden de la Cámara Federal. El juez Roberto Boico y dos magistrados de tribunales orales rechazaron la excarcelación que pretendía la defensa. Es que en la causa se está trabajando sobre nuevas pistas que llevaron a la fiscalía a acusar al detenido de ser un agente inorgánico de la central de inteligencia que también llevó adelante tareas de inteligencia sobre políticos, periodistas y empresarios, señalaron a Infobae fuentes judiciales.
En esta causa ya están imputados un hacker misionero -también preso-, tres agentes de la AFI, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade y el ex funcionario de La Cámpora Néstor Fabián “Conu” Rodríguez.
La causa que lleva adelante el juez Marcelo Martínez De Giorgi y ahora el fiscal Carlos Stornelli -luego de que el fiscal Gerardo Pollicita se apartara, cuando se sumó al caso un expediente por espionaje ilegal contra Tailhade- incluye varios focos.
Por un lado, el hackeo que sufrieron un grupo de jueces que investigaban a Cristina Kirchner -Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, dos de los magistrados que integraron el tribunal que la condenó-; y Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, dos miembros de Casación que apuntaron varias de las causas en contra de Cristina Kirchner.
Pero, además, la denuncia que impulsó el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti -sobre la creación de líneas telefónicas a su nombre- destapó que no era la única víctima: a sus colegas Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti también le habían hecho la misma maniobra, junto a la jueza federal de Posadas, María Victoria Skanata, o el ex gobernador de la provincia (Oscar Herrera Ahuad), y su sucesor, Hugo Passalacqua.
La investigación llevó a Ezequiel Núñez Pinheiro, el hacker misionero que confesó haber participado en las maniobras de hackeo de los jueces, el diputado Diego Santilli y el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, aunque aseguró que él no sabía quiénes eran las víctimas y que el encargo se lo hizo un misterioso sujeto vía Telegram que luego desapareció.
Por otra vía, los investigadores también llegaron a Zanchetta, un ex policía de Junín que había buscado en la base SudamericaData a Borinsky el mismo día en que le hackearon el teléfono. Cuando averiguaron un poco más, Zanchetta, diciendose periodista, había rastrillado datos de más de mil personas en solo 2022, entre las cuales había más jueces, fiscales y funcionarios judiciales.
A fines de junio, el juez ordenó detenciones y el secuestro de sus dispositivos. Investigando los equipos de Zanchetta, se encontraron con que guardaba carpetas e información de más funcionarios judiciales, políticos, periodistas y empresarios. Y se le encontraron diálogos con Tailhade y con “Conu” Rodríguez, el entonces directivo de la AFIP que le encargaba un parte sobre la entonces ministra de su gobierno, Victoria Tolosa Paz y la publicación de una nota sobre un supuesto enriquecimiento.
Todo eso quedó al descubierto y Pollicita ordenó allanar a “Conu” Rodríguez en las oficinas de la AFIP para secuestrarle el teléfono. No lo encontraron. Para el fiscal, se escondió porque nunca salió del edificio.
Sorteando una amenaza de detención, “Conu” se presentó en tribunales y entregó su teléfono que todavía no terminó de analizarse, al igual que dispositivos de Núñez Pinheiro y de Zanchetta.
En ese contexto la Cámara Federal decidió rechazar, en sintonía con el juez, el pedido de libertad para Zanchetta. En una fallo al que accedió Infobae, el juez Roberto Boico, al analizar el planteo sostuvo que Zanchetta es hoy el eje de la investigación, integrada por una serie de causas conexas, en donde el fiscal Pollicita había solicitado llamarlo a indagatoria por violación de la ley de inteligencia, junto a otros tres agentes o ex agentes de la AFI .
“Si bien es cierto que la diligencia solicitada, junto a otras, fue tenida presente por el juez a instancias de la actividad probatoria en curso en el marco de la presente causa, es un hecho incontrovertible que ese quehacer tiene foco principalmente en el concreto accionar que se reprocha a Zanchetta. Ello, además, sin soslayar cuanto se encuentra investigando en el marco de las restantes causas conexas”, dijo Boico.
Y añadió: “el panorama, que va complejizándose a su respecto a medida del avance de las tareas, actualiza y mantiene los riesgos procesales oportunamente valorados como suficientemente indiciarios de la existencia de posibilidades ciertas de entorpecimiento que no pueden neutralizarse con medidas restrictivas de menor intensidad”.
Boico tuvo que convocar a otros colegas durante la feria de enero para votar. Pero solo estaban los jueces Pablo Bertuzzi y Leopodo Bruglia de la Sala I en este período. Los dos se excusaron: a ellos también Zanchetta los había investigado. El tribunal inmediato para intervenir es la Cámara en lo Penal Económico, pero allí solo estaba en esta quincena Roberto Hornos. Como su hermano fue uno de los hackeados, también se excusó.
Por la ley de subrogancias, salieron a buscar a jueces de tribunales orales. Por sorteo, la tarea recayó en la jueza federal Sabrina Namer y el juez en lo penal económico Luis Losada.
En un voto conjunto los jueces Losada y Namer sostuvieron que “a la fecha subsiste el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación en cabeza del imputado suficiente para convalidar la denegación de la excarcelación que se solicita”. Según sostuvieron, “el derecho del nombrado a la libertad personal durante el proceso no es absoluto y se halla sujeto a que se den ciertas condiciones en su relación”.
En su única intervención en la causa, los jueces de tribunal oral afirmaron que “el riesgo objetivo de entorpecimiento en la investigación subsiste al día de hoy y no se aprecia una medida de coerción personal menos lesiva de derechos que la prisión preventiva dispuesta respecto de Zanchetta”.