De las 798 mujeres presas en alguna de las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF), ocho están embarazadas y nueve conviven actualmente con sus hijos en prisión. Si bien estas proporciones crecieron del año pasado a este, la tendencia general desde el 2014 hasta la fecha resulta marcadamente decreciente, con números que reflejan una reducción del 63% de embarazadas en la cárcel, según se corrobora en el informe “Mujeres embarazadas, madres y niños/as en cárceles del Servicio Penitenciario Federal - Evolución 2014-2023″ que publicó la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN).
El reporte, de 51 páginas, se nutre de información pública aportada por el SPF y el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena del Ministerio de Justicia. Según se consignó allí, el documento apunta a difundir “datos actualizados sobre la cantidad, distribución y evolución de mujeres embarazadas, madres que conviven con sus hijos/as en el penal y cantidad de niños/as viviendo en cárceles federales”. También busca “Contribuir a la discusión sobre la necesidad de morigerar las condiciones de detención y el impacto de la intervención penal sobre poblaciones particularmente vulnerables”.
La evolución del fenómeno registra distintos números desde el 2014 hasta septiembre de este año. Por ejemplo, en 2014 la cantidad de madres con niños en prisión era de 43, con un descenso pronunciado hasta la marca de tres en 2021 como consecuencia de la gestión carcelaria durante la pandemia del Covid-19. En 2022 ese número se incrementó hasta siete y este año se fijó en nueve. Desde el primer número hasta la fecha se trazó un descenso del 79,07%.
Con respecto a las mujeres embarazadas, el informe parte del número 22 en el año 2014, antecedente y pico de la evolución que luego daría paso -seis años después- al piso de uno y su posterior incremento hasta la marca de ocho en septiembre de este año, lo que da un 63,64% de reducción. Además, la cantidad de menores en cárceles del SPF descendió desde 2014 con 47 en total hasta el registro actual de nueve, pasando por un piso de tres durante el desarrollo de la pandemia.
El documento, publicado por el Ministerio Público Fiscal y preparado por el área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la PROCUVIN, también dejó constancia de las cifras totales de mujeres en situación carcelaria: el mayor volumen de población en lugares de encierro del SPF fue detectado en 2017, 2018 y 2019 con 955, 1135 y 1089, respectivamente. El año pasado hubo 753 y actualmente hay 798 mujeres bajo prisión.
Con todo, en 2014, del total de mujeres presas en cárceles federales, el 5,8% convivía con alguno/a de sus hijos/as. Eso se modificó a la baja en tanto la proporción se redujo hasta el 1,1 % este año. Y al hablar de los números de mujeres embarazadas ocurre algo similar: en 2014 representaban un 3% del total de las mujeres encerradas, mientras que actualmente representan el 1%.
Con relación al año pasado, se registró hasta septiembre de este año un aumento del 33,3% de mujeres embarazadas en prisiones del SPF (de seis a ocho en total). Hasta ese mes todas se encontraban detenidas en la Unidad 31 de Ezeiza.
Asimismo, el reporte detalla recomendaciones, sugerencias y consideraciones de organismos internacionales sobre el fenómeno analizado. En ese marco es que cita referencias a las “Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes”, conocidas como Reglas de Bangkok, sancionadas en 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. También deja constancia de la Opinión Consultiva N° 29 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con la necesidad de “adoptar medidas especiales para hacer efectivos los derechos de las mujeres embarazadas, en período de posparto y lactancia o cuidadoras principales privadas de la libertad”.
El informe a su vez alude a distintos fallos de la Cámara Federal de Casación Penal, donde, por ejemplo, la camarista Ana María Figueroa resaltó el carácter de “grupo de riesgo” de una mujer embarazada en prisión, reconociéndole “su especial estado de vulnerabilidad frente al sistema penal como mujer gestante”.
Otra sentencia del máximo tribunal penal del país, con voto del juez Daniel Antonio Petrone, destacó la necesidad de acudir a “medidas alternativas” frente a un caso de una mujer embarazada en prisión preventiva, sobre todo bajo el propósito de resguardar “la tutela de los derechos de la persona por nacer”.