A menos de dos semanas del comienzo del juicio oral contra los máximos responsables de la Sedronar por el tráfico de efedrina durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el debate quedó a un paso de caerse. El fiscal Marcelo Colombo pidió que todos los acusados sean sobreseídos. Lo hizo en base al artículo 361 del Código Procesal Penal, el mismo que se puso en discusión para reabrir las causas Hotesur-Los Sauces y la del Memorándum con Irán. Colombo sostuvo que hay “prueba nueva” que justifica el sobreseimiento y la suspensión del debate, tal como prevé esa norma.
Colombo expuso sus argumentos el jueves, de manera oral, ante los jueces del Tribunal Oral Federal 8 y los abogados defensores. En realidad, la audiencia había sido convocada para organizar el debate y la prueba que se iba a exponer, teniendo en cuenta que ya hubo otros juicios orales recientes por el tráfico de efedrina. De manera sorpresiva, el fiscal planteó que todos los acusados debían ser sobreseídos. El argumento central, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, es que están siendo acusados como “partícipes necesarios” del delito de haber introducido al país materias primas destinadas a la fabricación de estupefacientes, una acusación que acumuló varias sentencias absolutorias y sobreseimientos en los últimos meses.
El fiscal sorprendió a todos, incluso hasta los propios acusados.
Colombo mencionó, por ejemplo, un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de San Martín, que el 23 de agosto absolvió a tres intermediarios acusados de haber desviado más de 15 toneladas de efedrina hacia los cárteles mexicanos: Carlos Edelmiro González, Marcelo Lisanti y Marcial Crespi. Aunque la maniobra no se puso en duda, el fiscal de ese juicio, Carlos Cearras, consideró que no estaba probado que los acusados sabían que los precursores químicos que vendían se usarían para la producción de drogas sintéticas. Y por ese motivo se cayó la acusación.
Carlos Edelmiro González también fue mencionado en la causa de la Sedronar. La jueza María Servini probó que Máximo Zacarías, uno de los acusados en esa causa, “gestionó un certificado” de importación para ese empresario. Zacarías era empleado del PAMI, pero tenía injerencia en la Sedronar a través de su hermano Miguel, por entonces secretario de José Granero.
El fallo del TOF 4 de San Martín fue una de las “pruebas nuevas” mencionadas por Colombo, pero no la única. “El planteo es que son acusados como partícipes necesarios de un delito que no tiene autor. Si hubiera una acusación por incumplimiento de los deberes de funcionario público no habría mucho discusión”, resumió una fuente judicial. Sin embargo, también hay condenas por el tráfico de efedrina en al menos dos tribunales orales de Comodoro Py. El fiscal planteó que esas causas fueron impulsadas por los ex funcionarios de la Sedronar que ahora están por ser juzgados.
El debate jurídico es similar al que se planteó esta misma semana con las causas Hotesur-Los Sauces y el Memorándum con Irán, donde Colombo también es fiscal. El artículo 361 del Código Procesal Penal admite, como excepción, que los jueces sobresean a un acusado “cuando por nuevas pruebas resulte evidente que el imputado obró en estado de inimputabilidad o exista o sobrevenga una causa extintiva de la acción penal y para comprobarla no sea necesario el debate”. Para los jueces de la Sala I de Casación no existían esas “pruebas nuevas” y por ese motivo anularon los sobreseimientos en ambas causas.
La diferencia sustancial con esos dos casos es que ahora el que plantea el sobreseimiento es el fiscal, y no las defensas de los imputados.
Ante el planteo de Colombo, que llevó casi dos horas de exposición, el presidente del TOF 8, Nicolás Toselli, decidió suspender la audiencia preparatoria. En los próximos días, los jueces deberán responder el pedido del fiscal.
El juicio contra los funcionarios de Sedronar
Los principales imputados en esa causa son los ex responsables de la Sedronar: Ramón Granero, Gabriel Abboud y Julio De Oure (ex director del Registro Nacional de Precursores Químicos).
Pero también están procesados dos de los cuatro hermanos Zacarías, ligados a la familia Kirchner. Uno de ellos, Miguel Angel, era el secretario privado de Granero y tenía decenas de llamados con empresarios que luego fueron condenados por el tráfico de efedrina. El otro, Máximo Zacarías, era empleado de Ceremonial del PAMI.
En el caso de Miguel Angel, la Justicia tuvo en cuenta que estaba “en un ámbito de gran influencia en los asuntos de la Sedronar”, y que registraba más de cuarenta llamados con el empresario Augusto Abraham, condenado a once años de prisión por el tráfico ilegal de más de 9 toneladas de efedrina.
La causa fue elevada a juicio en diferentes tramos. La primera elevación, en 2017, llevaba la firma del ex juez Sergio Torres. Unos días antes, llamativamente, la jueza María Servini se había apartado ante una serie de planteos realizados por la defensa de Abboud en Comodoro Py y en el Consejo de la Magistratura. La jueza dijo en ese momento que fue “víctima de hostigamiento”.
En el primer procesamiento, en 2014, Servini sostuvo que “ningún kilo de efedrina podría haber ingresado legalmente al país sin el conocimiento, consentimiento y autorización” de esos tres funcionarios.
El precursor ingresaba al país desde China e India y terminaba en México, donde estaba prohibido. El “festival” de la efedrina se cortó en septiembre de 2008, apenas un mes después del Triple Crimen de General Rodríguez.
El expediente tuvo un pico de exposición en 2014, cuando Servini amenazó públicamente con allanar la Casa Rosada ante la falta de colaboración del gobierno de Cristina Kirchner. En ese momento, la jueza buscaba información sobre llamadas telefónicas. Finalmente el entonces secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, recibió a los funcionarios judiciales y les entregó los datos.