La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner que insistía en agravar la acusación para los integrantes de la agrupación Revolución Federal. Aunque en un primer momento, Jonathan Morel y el resto de los implicados fue detenido y acusado de asociación ilícita que buscó imponer sus ideas por la fuerza y el temor en los días previos al atentado contra la vicepresidenta, la Cámara Federal liberó y revocó esa figura. Habló de “incitación a la violencia colectiva”. Y ahora el máximo tribunal penal federal avaló esa decisión.
En un fallo al que accedió Infobae, los jueces Daniel Antonio Petrone y Diego Barroetaveña sostuvieron que la querella “no logra refutar de forma adecuada la ausencia del presupuesto objetivo de admisibilidad que señaló la cámara de apelaciones como objeción al recurso de casación presentado”. Y destacó, en sintonía con la Cámara Federal, que “la decisión cuestionada no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella por sus efectos, y tampoco se trata de alguno de los autos contenidos en el art. 457 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN)”. Citó además jurisprudencia que sostiene que “no constituyen pronunciamientos definitivos las decisiones cuya consecuencia sea la obligación del imputado de continuar sometido a proceso criminal, ya que no ponen fin al pleito ni ocasionan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior”.
Por su parte, su colega Carlos Mahiques compartió el criterio y destacó que “la querella tampoco demostró la existencia de una cuestión federal que permita habilitar la competencia de esta Cámara como tribunal intermedio, conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Di Nunzio. Así las cosas, la Sala I de la Casación resolvió “rechazar la queja interpuesta por la parte querellante, con costas”.
La agrupación Revolución Federal quedó en el foco público tras el ataque a Cristina Kirchner. Brenda Uliarte, señalada como coautora del intento de homicidio, participó de una marcha de antorchas en la Casa Rosada el 18 de agosto frente a la Casa Rosada. Allí las consignas eran “reventar la Plaza de Mayo” y “exigir renuncias”. Se lanzaron piedrazos, bombas de estruendo y bombas molotov. “Al kirchnerismo, cárcel o bala”, proclamaban. Los integrantes de la agrupación dijeron públicamente que no conocían a Brenda. Y la cuenta de Instagram de “@revolucionfederal” publicó: “Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción en Argentina va a dejar de ser gratis por las buenas o por las malas”.
El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Marcelo Martínez de Giorgi recibieron la denuncia y detuvieron el 20 de octubre a Jonatan Morel, Gaston Guerra, Leonardo Sosa y Sabrina Basile, integrantes de la agrupación Revolución Federal. Sabrina Basile es la hija del ex director técnico de la Selección Argentina. La Cámara Federal ordenó liberarlos, lo que generó repudio de Cristina Kirchner como del presidente Alberto Fernández.
Luego, el juez Martínez De Giorgi los procesó por llevar a cabo un plan criminal, consistente en imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor, utilizando para ello distintas redes sociales y medios masivos de comunicación” y agitaron así “un clima de de violencia social, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio de la Vicepresidente de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 1° de septiembre”.
Los procesados apelaron la resolución. En líneas generales sostuvieron que no quedó procesado que Revolución Federal buscara “imponer sus ideas” porque ni siquiera se pudo precisar de qué ideas hablaban. Hablaron del derecho a la protesta e invocaron el derecho constitucional de la libertad de expresión en donde “únicamente reclamaron al gobierno una solución a la crisis económica y social que atraviesa el país”, de lo que responsabilizó a las actuales autoridades. Por su parte, la querella de CFK insistió en mantener los procesamientos, al insistir en la existencia de un plan criminal por parte de la agrupación que persiguió a funcionarios del Gobierno y tuvo como corolario el intento de homicidio a la vicepresidenta.
A la hora de resolver la cuestión, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi rechazaron que todo se enmarca en la libre expresión, sin relevancia penal y se pronunciaron por confirmar los procesamientos pero no por la figura del articulo 213 bis del Código Penal. Es que, dijeron, Revolución Federal no puede ser considerada “una asociación ilícita destinada a combatir ideologías”, más allá de que existieron “expresiones extremistas y de indudable contenido violento contra integrantes del Poder Ejecutivo Nacional y simpatizantes de uno u otros partidos políticos” o de “ciertas reprobables acciones de índole ofensiva, como la provocación de daños o el proferir insultos y frases amenazantes”. En minoría, el juez Mariano Llorens se inclinó por desprocesar por enmarcar el caso en libertad de expresión. La vicepresidenta apeló esta decisión y buscó que se volviera a la calificación de asociación ilícita. Eso fue rechazado ahora por Casación.
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