Honduras destruyó 1.605 armas, entre ellas más de 1.500 fusiles AK-47, en una operación llevada a cabo entre el 9 y el 19 de noviembre en las instalaciones del Cuartel General de Casamata. El armamento había sido decomisado, incautado, abandonado o entregado voluntariamente a las autoridades.
Del total, 1.506 correspondían a fusiles AK-47, 49 eran fusiles de otros calibres y los 50 restantes eran armas cortas.
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La cantidad de fusiles de guerra representa el componente más numeroso del lote eliminado y vuelve a poner sobre la mesa la dimensión del armamento que permanece bajo custodia de las instituciones de seguridad en Honduras.
Según la Secretaría de Seguridad, la finalidad del procedimiento es evitar que las armas regresen a circulación, especialmente a través de redes ilegales que faciliten su uso en actividades criminales. La eliminación definitiva también busca reducir los riesgos asociados con el almacenamiento prolongado.
Procedencia del armamento destruido
El lote estaba compuesto por armamento que había llegado a manos de las autoridades mediante distintas circunstancias: decomisos durante operaciones policiales, incautaciones, entregas voluntarias, armas abandonadas y otras declaradas excedentes.
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No todas las armas bajo custodia policial pueden eliminarse de forma automática. Antes de proceder, las autoridades deben comprobar que no estén vinculadas con investigaciones criminales o procesos judiciales en los que todavía puedan servir como prueba. Por esa razón, cada pieza pasó por verificaciones documentales, técnicas y periciales para determinar si podía ser retirada definitivamente de circulación.
Supervisión del Ministerio Público y la OEA
La operación contó con la participación de distintas instituciones para verificar que el procedimiento se desarrollara conforme a los protocolos establecidos.
Peritos del Ministerio Público realizaron las verificaciones para descartar que las armas debieran conservarse como prueba dentro de una investigación. También participaron integrantes de las Fuerzas Armadas y observadores de instituciones defensoras de los derechos humanos.
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La Organización de los Estados Americanos intervino mediante la capacitación del personal involucrado y el acompañamiento técnico durante el proceso, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procedimientos requeridos para su certificación.
Además, se aplicaron controles de identificación, inventario y registro, con intervención de las dependencias policiales responsables de las áreas técnicas, jurídicas, logísticas y de seguridad. Esos mecanismos buscan garantizar la trazabilidad del armamento y evitar irregularidades durante su retiro definitivo de circulación.
Control de armas ilegales en Honduras
La Secretaría de Seguridad informó que esta es la tercera jornada de destrucción de armas promovida por la institución. Los dos procedimientos anteriores se desarrollaron en 2014, cuando la Unidad de Destrucción de Armas de la Policía Nacional eliminó más de 7.000 armas largas y cortas, además de municiones de diferentes calibres decomisadas durante operaciones policiales.
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No se informó cuántas armas continúan almacenadas en los depósitos policiales ni si existe un calendario para nuevas jornadas de destrucción.
La eliminación de armamento bajo custodia estatal reduce el riesgo de que las armas decomisadas regresen al mercado ilegal, pero representa solo una parte de los desafíos que enfrenta Honduras en materia de control de armas de fuego.
La circulación de armamento ilegal, su uso en hechos violentos y las dificultades para rastrear su procedencia continúan siendo asuntos centrales para las instituciones de seguridad y justicia.
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Además de destruir las armas que ya pueden retirarse legalmente de circulación, las autoridades deberán fortalecer los controles sobre el ingreso, almacenamiento, comercialización y tenencia de estos instrumentos, y evitar que nuevas armas lleguen a las estructuras criminales que operan en el país.
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