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Exigen investigar a responsables materiales e intelectuales de violencia en Honduras

La muerte de aproximadamente 12 personas en las comunidades de Vallecillo y Pacayales, en el departamento de Yoro, encendió las alarmas por la violencia que afecta a esa región de Honduras

El CONADEH exige una investigación rigurosa por las muertes y reclama preservar las pruebas en Yoro

Al menos 12 personas murieron en hechos violentos registrados en Vallecillo y Pacayales, en el departamento de Yoro, Honduras. Entre las víctimas hay integrantes de distintos grupos poblacionales, incluida una regidora municipal del pueblo indígena tolupán. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), organismo estatal de derechos humanos de Honduras, informó de los fallecimientos a través de un comunicado y exigió una investigación a fondo.

La cifra y las circunstancias de las muertes deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes, en una región marcada por disputas territoriales y presencia de actores armados.

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A través del comunicado, el CONADEH demandó a las autoridades una investigación seria, objetiva y rigurosa que permita reconstruir los acontecimientos. El organismo consideró necesario establecer cómo ocurrieron los hechos, identificar a quienes participaron en los crímenes y determinar las razones que motivaron los ataques.

También advirtió sobre la necesidad de evitar conclusiones anticipadas y preservar las pruebas que puedan resultar determinantes para esclarecer las responsabilidades.

El organismo señaló que las investigaciones deben considerar el contexto de conflictividad que enfrenta el departamento de Yoro, sin descartar ninguna hipótesis razonable.

Conflictos territoriales

Uno de los aspectos que más preocupa al CONADEH es que los hechos se producen en una región marcada por conflictos sociales, disputas territoriales y episodios recurrentes de violencia.

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La presencia de actores armados y las denuncias de vulneraciones a los derechos humanos convierten a estas comunidades en territorios donde la protección de la población representa un desafío para las autoridades.

La entidad de derechos humanos urgió a proteger a las comunidades indígenas y resolver los conflictos sobre la tierra en el departamento.

El organismo recordó que el Estado tiene la obligación de actuar preventivamente cuando conoce o debería conocer la existencia de amenazas reales contra la vida y la integridad de las personas, incluidas aquellas situaciones en las que los riesgos provienen de particulares o grupos no estatales.

El CONADEH advirtió que la atención de la violencia en Yoro requiere medidas que vayan más allá de intervenciones temporales de seguridad. El Estado debe desarrollar, según el organismo, una estrategia sostenida y coordinada que atienda las causas estructurales de los conflictos y reduzca los riesgos para las comunidades.

La institución señaló la necesidad de prestar especial atención a las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad. La situación de las comunidades indígenas adquiere particular relevancia por la participación de una regidora tolupán entre las víctimas.

El organismo insiste en que las autoridades deben esclarecer lo ocurrido, identificar a todos los responsables y garantizar que las investigaciones no concluyan sin resultados, al tiempo que se atienden los conflictos territoriales que afectan al departamento.

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, la violencia registrada en Vallecillo y Pacayales deja interrogantes sobre las condiciones de seguridad que enfrentan estas comunidades de Yoro.

El CONADEH exigió a las autoridades preservar las pruebas determinantes y mantener abiertas todas las hipótesis de investigación.

La identificación de las víctimas, el esclarecimiento de los móviles y la captura de los responsables serán determinantes para evitar que el caso quede en la impunidad y para garantizar que sus habitantes puedan vivir sin temor a nuevos episodios de violencia.

La investigación también registró un nuevo movimiento este jueves, con la captura de José Arnold Mejía, de 29 años, señalado como presunto colaborador del Cártel del Diablo. Según las autoridades, habría utilizado drones para vigilar los desplazamientos policiales y facilitar información a la estructura criminal.

Su detención, acompañada del decomiso de dispositivos tecnológicos, supuesta droga y municiones, se produce un día después de los ataques que dejaron 12 muertos en Yorito. Las autoridades deberán determinar si existe una vinculación directa del detenido con los asesinatos y establecer las responsabilidades correspondientes

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