El Instituto Nacional Penitenciario (INP) trasladó a 106 privados de libertad considerados de alta peligrosidad hacia la Penitenciaría Nacional de Támara, en Francisco Morazán, como parte de una estrategia para debilitar los liderazgos de la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18 dentro del sistema carcelario hondureño.
El director del INP, general Walter Amador Lacayo, informó este jueves que el operativo contempló el movimiento de 54 reclusos desde el centro penitenciario de Ilama, en Santa Bárbara, conocido como El Pozo, y otros 52 procedentes de La Tolva, ubicada en Morocelí, El Paraíso.
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“Estamos haciendo un traslado de Ilama, en Santa Bárbara, El Pozo, hacia Támara y también de La Tolva de Morocelí hacia Támara. Estamos trasladando 54 privados de libertad de alta peligrosidad de Ilama y 52 de La Tolva, un total de 106 privados de libertad de alta peligrosidad”, explicó el funcionario.
Lacayo señaló que los reclusos seleccionados tienen niveles de liderazgo e influencia dentro de las estructuras criminales, por lo que las autoridades consideran necesario separarlos de otros integrantes de sus organizaciones y concentrarlos en instalaciones que permitan mantener una vigilancia más estricta.
Los movimientos se realizaron a partir de análisis de inteligencia sobre los perfiles de los internos y buscan reducir la capacidad de influencia de los principales mandos criminales en los centros penitenciarios de Ilama y Morocelí.
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La estrategia también pretende impedir que los cabecillas mantengan estructuras de poder dentro de las cárceles, desde donde podrían conservar comunicación e influencia sobre otros integrantes de las organizaciones delictivas.
Separan a integrantes de la MS-13 y Pandilla 18
De los reclusos movilizados, 54 estaban recluidos en Ilama y son vinculados con la Pandilla 18, mientras que los otros 52 procedían de La Tolva y pertenecen a la Mara Salvatrucha (MS-13).
La distribución responde a los movimientos estratégicos que las autoridades penitenciarias mantienen bajo confidencialidad para evitar que las organizaciones criminales conozcan anticipadamente los procedimientos de traslado y las decisiones de seguridad.
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Con estas reubicaciones, el INP busca modificar las condiciones de control interno en ambos establecimientos penitenciarios, especialmente mediante la separación de personas identificadas como líderes o mandos con capacidad de ejercer presión sobre otros privados de libertad.
En cuanto a la población penitenciaria, Lacayo indicó que La Tolva quedará con aproximadamente 1,200 internos después de los movimientos, mientras que Ilama reducirá su población de 2,098 a cerca de 2,000 privados de libertad.
La concentración de los reclusos considerados de mayor peligrosidad en Támara forma parte de una reorganización del sistema penitenciario, orientada a mantener un mayor control sobre quienes presuntamente dirigen o ejercen influencia dentro de las estructuras criminales.
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Uno de los principales destinos de los trasladados es el módulo de máxima seguridad conocido internamente como el módulo escuela de Támara, cuya capacidad es de 212 privados de libertad.
El director del INP explicó que actualmente ese espacio alberga a 134 reclusos y que, con los nuevos movimientos, se incrementará la ocupación hasta acercarse a su capacidad máxima.
“En Támara, en el módulo escuela, que le llamamos nosotros, de máxima seguridad, tiene una capacidad de 212 privados de libertad y actualmente nosotros tenemos un total de 134, más estos que vamos sumando. Es decir, en ese módulo de máxima Támara, módulo escuela que le llamamos, ya estamos llenando el cupo de 212”, manifestó.
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La infraestructura está diseñada para mantener condiciones de vigilancia y control más estrictas sobre los internos clasificados como de alta peligrosidad, especialmente aquellos identificados por las autoridades como integrantes de estructuras terroristas.
El funcionario también señaló que el centro penitenciario dispone de otros espacios habilitados para recibir a más personas privadas de libertad.
Lacayo explicó que Támara cuenta con nuevos módulos inaugurados en mayo, como parte de la ampliación de la infraestructura penitenciaria.
Uno de los edificios dispone de una capacidad de 720 plazas, mientras que las autoridades trabajan en el despeje y acondicionamiento de otro módulo con igual cantidad de espacios.
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Según el director del INP, actualmente existen alrededor de 1,300 plazas disponibles para privados de libertad designados como terroristas, lo que permitiría continuar con los movimientos y la reorganización de la población penitenciaria.
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