El traslado de 574 reclusos desde el departamento de El Paraíso hacia la Penitenciaría Nacional de Támara, en Francisco Morazán,en Honduras se desarrolló bajo un dispositivo de seguridad con participación de cuerpos policiales y militares encargados de custodiar el desplazamiento.
Según las autoridades, los 574 reclusos serán distribuidos en los módulos de máxima seguridad de Támara. La medida apunta a personas vinculadas con estructuras criminales que el Estado clasifica como grupos terroristas y de alta peligrosidad.
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El traslado de este lunes se suma a otro movimiento ejecutado la semana pasada, cuando más de mil privados de libertad fueron reubicados en los módulos de máxima seguridad de Támara.
Con ambas operaciones, las autoridades penitenciarias contabilizan más de 1.574 reclusos trasladados en dos jornadas.
La concentración de estos internos en espacios de máxima seguridad forma parte de una estrategia de reorganización que busca separar a los reclusos según su vinculación con estructuras criminales y su nivel de peligrosidad.
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Operativo policial y militar
El traslado de los 574 internos requiere un amplio despliegue de seguridad, dado el número de personas movilizadas y las condiciones de custodia que implica una operación de esta magnitud.
Distintos cuerpos policiales y militares participan en el dispositivo, con labores de vigilancia y resguardo durante el recorrido entre Morocelí y Támara.
Las autoridades no detallaron la cantidad de unidades de transporte utilizadas, el número de efectivos desplegados ni el tiempo previsto para completar la movilización.
La reubicación responde a disposiciones aprobadas para el manejo de personas identificadas por las autoridades como integrantes de organizaciones criminales consideradas terroristas.
El objetivo es modificar las condiciones de agrupamiento de la población penitenciaria y fortalecer los controles sobre privados de libertad vinculados con estructuras delictivas de alta peligrosidad.
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La Penitenciaría Nacional de Támara ocupa un papel central en el proceso al recibir a los internos provenientes de La Tolva y de otros establecimientos del país.
Sin embargo, la concentración de una cantidad elevada de reclusos en módulos de máxima seguridad plantea desafíos para la administración penitenciaria en materia de capacidad instalada, vigilancia, alimentación, atención médica y condiciones de reclusión.
Más de 1.574 reclusos trasladados
La reestructuración del sistema penitenciario también contempla cambios en las condiciones de permanencia de los internos clasificados bajo el régimen especial. Las reformas aprobadas por el Congreso Nacional establecen restricciones a las visitas, comunicaciones telefónicas y desplazamientos dentro de los establecimientos, además de controles más estrictos para evitar que las estructuras criminales continúen coordinando actividades delictivas desde prisión.
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Entre las disposiciones figura la permanencia de los reclusos en celdas individuales de máxima seguridad, con limitaciones para compartir espacios con personas de otros regímenes.
Las salidas de las celdas estarán sujetas a autorización y acompañamiento de custodios, mientras que las audiencias judiciales podrán desarrollarse de manera virtual conforme a las disposiciones legales.
Otro de los cambios es la habilitación de infraestructura especializada. El INP informó en octubre que trabajaba en la adecuación de módulos con capacidad aproximada para 950 personas, mientras el Congreso y el Gobierno comenzaron a coordinar gestiones para construir un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad, debido a las limitaciones de espacio en las instalaciones existentes
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