La Ley de Justicia Energética comienza a mostrar sus primeros resultados en Honduras. A 30 días de su entrada en vigencia, más de 1,800 abonados reciben el beneficio de condonación de deudas residenciales y otros 200 clientes se han acercado voluntariamente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para regularizar sus servicios sin multas ni sanciones.
Los avances fueron presentados por el gerente general de la ENEE, Guillermo Peña Panting, desde Casa Presidencial, donde explicó que la normativa busca ordenar las obligaciones pendientes de los usuarios residenciales, comerciales y municipales, además de impulsar cambios estructurales en el funcionamiento del sector eléctrico.
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El funcionario detalló que la regularización voluntaria está disponible para clientes con servicios en viviendas y negocios que deseen ponerse al día con sus cuentas.
Para facilitar el procedimiento, la institución habilitó sus oficinas a nivel nacional y canales de atención mediante redes sociales y WhatsApp.
“Ya tenemos más de 200 clientes que se han acercado a la empresa voluntariamente a regularizarse sin multa y sin ningún castigo”, manifestó Peña Panting.
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Uno de los principales beneficios de la normativa está dirigido a los usuarios residenciales que mantienen obligaciones pendientes con la ENEE.
Según explicó el gerente de la institución, más de 1,800 abonados ya reciben la condonación de sus deudas, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en la ley.
El beneficio contempla a los clientes residenciales que mantienen obligaciones pendientes por más de 120 días y cuyo consumo mensual de energía eléctrica es inferior a 250 kilovatios hora.
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Los usuarios que cumplen estos requisitos pueden realizar sus gestiones en más de 30 oficinas de atención de la ENEE distribuidas en el territorio nacional, así como mediante los canales digitales habilitados por la institución.
La medida busca ofrecer una alternativa a los hogares que acumularon compromisos económicos por el servicio eléctrico y facilitar que puedan regularizar su situación.
Además de los abonados residenciales, el proceso contempla a empresas grandes y medianas, así como pequeños comercios. Peña Panting explicó que la intención es ordenar las cuentas pendientes de los distintos sectores y facilitar que los usuarios puedan ponerse al día con sus obligaciones.
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Otro de los componentes de la Ley de Justicia Energética está relacionado con las deudas y obligaciones de las municipalidades con la empresa estatal.
El gerente de la ENEE anunció avances en la coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) para intervenir inicialmente las cuentas de 215 alcaldías clasificadas en las categorías C y D.
El proceso contempla la instalación y actualización de medidores, como parte de las acciones para mejorar el control del consumo y ordenar los registros de facturación de las municipalidades.
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Una vez completada esta etapa, las autoridades prevén continuar con las alcaldías clasificadas en las categorías A y B.
La iniciativa pretende mejorar la administración de los servicios eléctricos municipales y establecer mecanismos que permitan conocer con mayor precisión el consumo de energía y las obligaciones económicas de cada gobierno local.
Peña Panting también destacó el plan de contingencia contemplado en la Ley de Justicia Energética, cuyo objetivo es reducir el impacto de las presiones inflacionarias provenientes de los mercados internacionales de energía y combustibles.
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El funcionario explicó que estas medidas buscan evitar que los incrementos de los costos internacionales se trasladen directamente a las tarifas que pagan los usuarios hondureños.
La normativa contempla un período de seis meses durante el cual se pretende preservar la estabilidad tarifaria y financiera, mientras se desarrollan las acciones de reorganización del sector eléctrico.
Este componente adquiere relevancia debido a la exposición de Honduras a las variaciones de los precios internacionales de los combustibles, que pueden repercutir en los costos de generación eléctrica y, posteriormente, en las facturas de los consumidores.
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Por su parte, el ministro de Energía, Eduardo Oviedo, calificó la normativa como una transformación de gran alcance para el sector eléctrico hondureño, debido a la dimensión de la infraestructura que administra la ENEE.
El funcionario recordó que la empresa estatal tiene bajo su responsabilidad plantas generadoras distribuidas en diferentes regiones del país, más de 3,000 kilómetros de líneas de transmisión y aproximadamente 11,000 kilómetros de redes de distribución.
“Significa la transformación más importante en cualquier empresa de Honduras en toda su historia”, declaró Oviedo al referirse al alcance de la reforma.
Como parte de su implementación, informó que ya fue instalado el Comité de Conducción de la Reforma del Subsector Eléctrico y conformada la Unidad Técnica de Implementación y Seguimiento de la Ley.
Esta última instancia tendrá la responsabilidad de coordinar la hoja de ruta integral, dar seguimiento a las disposiciones establecidas y acompañar el desarrollo de las diferentes medidas contempladas en la normativa.
El proceso contará con el acompañamiento de expertos internacionales y organismos multilaterales de crédito, con el propósito de fortalecer la implementación de los cambios en el sector energético.
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