La construcción de una cárcel de máxima seguridad en Honduras avanza hacia la etapa de planificación financiera y selección del terreno, luego de que autoridades del Congreso Nacional, la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario (INP) sostuvieran una reunión para coordinar el proyecto.
El presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, informó que la moción aprobada por los diputados autoriza la búsqueda de fondos para edificar un centro penitenciario destinado a integrantes de grupos criminales considerados terroristas.
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Según explicó, el Gobierno instruyó a la Secretaría de Finanzas (Sefin) para que identifique los recursos necesarios para desarrollar la obra.
La iniciativa se plantea como parte de las medidas para reforzar el sistema penitenciario y contener las actividades delictivas que, de acuerdo con las autoridades, se coordinan desde los centros de reclusión.
Sin embargo, la ejecución del proyecto todavía depende de la disponibilidad presupuestaria, la definición del terreno y el desarrollo de las fases técnicas de construcción.
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Zambrano detalló que las autoridades contemplan entre tres y cuatro terrenos como posibles ubicaciones para la nueva cárcel. La decisión se tomará después de realizar visitas a las zonas identificadas y evaluar cuál reúne las mejores condiciones para albergar una instalación de este tipo.
El titular del Congreso Nacional pidió a la población respaldar el proyecto y sostuvo que la construcción responde a un “bien mayor”, al considerar que el control de los privados de libertad catalogados como de alta peligrosidad contribuiría a reducir la delincuencia en las calles.
En cuanto al calendario, el funcionario prevé que las obras puedan comenzar a finales de 2026, mientras que la primera etapa de construcción tendría una duración aproximada de diez meses.
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Estos plazos están sujetos al avance de los procedimientos administrativos, la identificación de los fondos y la selección definitiva del terreno.
La planificación contempla una capacidad para 1.300 reclusos, quienes permanecerían bajo un régimen estricto de aislamiento y vigilancia.
Zambrano afirmó que los internos tendrían únicamente una hora de exposición al sol por semana, no podrían mantener comunicación con el exterior y dispondrían de media hora para hacer ejercicio.
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Según el presidente del Legislativo, las restricciones buscan impedir que los privados de libertad continúen ordenando extorsiones, homicidios y otros delitos desde el interior de las cárceles.
Durante la reunión con la junta directiva del Congreso Nacional, el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, reafirmó el compromiso de impulsar un nuevo modelo de seguridad orientado a detener a los responsables de hechos violentos y actividades criminales.
El funcionario sostuvo que las medidas previstas permitirán consolidar el sistema de seguridad del país. La construcción de una instalación de máxima seguridad forma parte de los esfuerzos institucionales para mejorar el control sobre las personas privadas de libertad identificadas como integrantes de estructuras delictivas.
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Por su parte, el director del Instituto Nacional Penitenciario, Walter Lacayo, manifestó que la propuesta cuenta con el respaldo de diferentes bancadas del Congreso Nacional, así como de la Secretaría de Seguridad y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Lacayo explicó que se trabaja en la creación de espacios destinados a confinar a personas designadas como terroristas bajo regímenes de máxima y alta seguridad. La intención, según expuso, es establecer condiciones de reclusión diferenciadas para quienes sean clasificados dentro de esas categorías.
El director del INP también señaló que la nueva infraestructura podría contribuir a proteger a los agentes y funcionarios penitenciarios encargados de custodiar a los internos, al disponer de instalaciones diseñadas para reforzar las medidas de vigilancia y control.
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La protección del personal penitenciario representa uno de los aspectos señalados por las autoridades en el planteamiento del proyecto, debido a los riesgos que implica la custodia de personas consideradas de alta peligrosidad.
El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, expresó el compromiso de cumplir con el mandato relacionado con la búsqueda de fondos para la construcción de la cárcel. El funcionario indicó que se deben desarrollar las capacidades técnicas y de infraestructura necesarias para concretar la iniciativa.
La participación de Sefin será determinante para establecer la viabilidad financiera de la obra, definir de dónde procederán los recursos y determinar cómo se incorporarán al presupuesto correspondiente.
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