El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) abrió un nuevo frente contra Rixi Moncada después de que la dirigente de Libertad y Refundación utilizara nuevamente la expresión “sicarios de la verdad” para referirse a sectores del periodismo hondureño.
Moncada hizo las declaraciones el 15 de septiembre, cuando periodistas le consultaron por el proceso judicial que enfrenta el exjefe de las Fuerzas Armadas Roosevelt Hernández.
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La exfuncionaria dijo que no sabía si estaba “rodeada de sicarios de la verdad”, pero afirmó que esas personas existen y vinculó su argumento con lo ocurrido desde el golpe de Estado de 2009.
El CPH calificó esas expresiones como estigmatizantes e intimidatorias y pidió a la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia abrir una investigación.
En mayo de 2025, el propio CPH responsabilizó públicamente a Roosevelt Hernández y a Moncada —entonces ministra de Defensa— por una publicación institucional de las Fuerzas Armadas que utilizó la expresión “sicarios de la verdad”contra periodistas hondureños.
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Ese episodio posteriormente derivó en una investigación del Ministerio Público contra Hernández.
En julio de 2026, la Fiscalía presentó un requerimiento fiscal por presuntos ataques a la libertad de prensa relacionados con publicaciones difundidas desde estructuras institucionales de las Fuerzas Armadas entre 2025 y 2026.
A comienzos de septiembre, una jueza dictó auto de formal procesamiento contra Hernández por los delitos de incitación a la discriminación y limitación de determinados derechos fundamentales contra periodistas.
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La defensa anunció que apelaría la decisión. El auto de formal procesamiento no equivale a una condena y el proceso continúa abierto.
Ese contexto explica por qué las palabras de Moncada generaron una reacción inmediata.
El CPH no solo rechaza la frase, sino que pide investigar si, durante su etapa en Defensa, tuvo alguna participación en decisiones o publicaciones institucionales dirigidas contra periodistas.
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Hasta ahora, no existe una resolución judicial que establezca responsabilidad penal de Rixi Moncada por aquellos episodios.
El CPH está formulando una petición para que la Fiscalía determine si existen elementos que justifiquen investigar su actuación.
Por tanto, cualquier responsabilidad tendría que ser demostrada mediante evidencia y dentro del debido proceso.
El caso también plantea una tensión más amplia. Moncada tiene derecho a cuestionar a medios y periodistas y a expresar desacuerdo con coberturas o líneas editoriales.
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El debate cambia cuando las expresiones utilizan etiquetas que el gremio considera capaces de presentar a periodistas como enemigos o actores ilegítimos.
El CPH sostiene que términos como “sicarios de la verdad” pueden desacreditar el ejercicio periodístico y alimentar un ambiente hostil, especialmente cuando provienen de figuras con poder o influencia política.
Moncada, por su parte, ha defendido públicamente la existencia de periodistas que, a su juicio, manipulan la verdad.
La controversia pasa ahora de las declaraciones políticas al terreno institucional.
La Fiscalía deberá decidir si la petición del CPH justifica abrir diligencias específicas contra Moncada y, en caso afirmativo, qué hechos concretos serían investigados.
Mientras eso ocurre, el episodio deja una discusión de fondo: hasta dónde puede llegar la confrontación entre políticos y periodistas sin que la crítica legítima se convierta en estigmatización o intimidación.
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