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Desalojo en comunidad garífuna de Honduras deja cinco detenidos durante operativo policial

Un operativo de la Policía Nacional culminó con el desalojo de un predio en la comunidad garífuna de San Juan, en el municipio de Tela, departamento de Atlántida, por el presunto delito de usurpación

La Secretaría de Seguridad afirmó que el desalojo cumplió una orden judicial sobre una propiedad privada amparada en el Decreto Legislativo 107-2026. (Foto: Cortesía)

Unos 200 agentes de la Policía Nacional ejecutaron una orden de desocupación de un terreno ubicado entre la comunidad de San Juan, en el municipio de Tela departamento de Atlántida en Honduras.Durante el procedimiento fueron detenidas cinco personas, entre ellas el presidente del Comité de Defensa de Tierra de la comunidad.

El despliegue incluyó unidades policiales encargadas de brindar seguridad durante el procedimiento, coordinado con el Ministerio Público en cumplimiento de una resolución vinculada con un conflicto por la propiedad del terreno.

El jefe de Comunicaciones Estratégicas de la Secretaría de Seguridad, el comisionado Wilmer Mayes Ríos, informó que la operación respondió a una orden de desocupación de una propiedad privada amparada en el Decreto Legislativo 107-2026.

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La versión oficial sobre el desalojo

Según explicó el funcionario, antes del inicio del procedimiento las autoridades presentaron la documentación que acredita el dominio pleno del inmueble a favor de la sociedad mercantil Promociones y Turismo.

Luego notificaron a las personas que permanecían en el lugar sobre la obligación de desalojar el predio y les concedieron 30 minutos para retirarse de forma voluntaria.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, al concluir el tiempo otorgado se incorporaron más habitantes de la comunidad al sitio, lo que derivó en resistencia al cumplimiento de la orden judicial.

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La Secretaría de Seguridad indicó que los agentes usaron gas lacrimógeno y otros medios no letales ante la resistencia al desalojo. (Foto: Cortesía)

La Secretaría de Seguridad indicó que, ante la oposición registrada durante la ejecución del desalojo, los agentes utilizaron medios de control no letales, incluido gas lacrimógeno, con el objetivo de restablecer el orden y completar el procedimiento.

Rechazo de la comunidad

La coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Miriam Miranda, denunció presuntos actos de represión durante el operativo de desalojo ejecutado por la Policía Nacional y aseguró que varios pobladores fueron detenidos durante la intervención.

Miranda afirmó que los agentes ingresaron a la comunidad utilizando gases lacrimógenos y, según su denuncia, armas de fuego durante el desarrollo del operativo. La dirigente señaló que entre las personas detenidas se encuentra Deinor Mejía, presidente del Comité de Defensa de Tierra de San Juan, junto a otros jóvenes de la comunidad.

Líderes comunitarios también denunciaron actos de presión contra los pobladores durante la intervención y cuestionaron el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, al considerar que el conflicto debía resolverse mediante mecanismos de diálogo.

La Policía notificó a los ocupantes del terreno sobre la obligación de desalojar el predio y les concedió 30 minutos para retirarse.

Conflictos por la tierra

El operativo restringió temporalmente el acceso al área mientras se realizaban las diligencias correspondientes. El caso se suma a otros conflictos territoriales registrados en comunidades garífunas del litoral atlántico hondureño, donde desde hace varios años persisten disputas relacionadas con la tenencia de la tierra, proyectos turísticos y reclamaciones sobre territorios ancestrales.

Organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes han señalado en reiteradas ocasiones la necesidad de fortalecer los mecanismos de mediación y garantizar que estos procesos se desarrollen con respeto al debido proceso, los derechos humanos y la normativa nacional e internacional aplicable.

Tras la ejecución del desalojo, las autoridades iniciaron el proceso de aseguramiento del inmueble con el objetivo de evitar nuevas ocupaciones mientras continúan las actuaciones legales relacionadas con el caso.

Asimismo, las personas detenidas fueron trasladadas para el procedimiento correspondiente y deberán comparecer ante las instancias judiciales, donde se determinará su situación legal conforme al proceso establecido.

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