La Alcaldía Municipal de Tegucigalpa aprobó una reforma que permite a comercios que alquilan locales en edificios y centros comerciales obtener su permiso de operación sin depender de la situación fiscal o administrativa de los propietarios de los inmuebles.
La medida, anunciada por el alcalde Juan Diego Zelaya a través de un video en sus redes sociales, beneficiará a más de trece mil negocios en la capital hondureña, de los cuales mil quinientos habían reportado dificultades para regularizar su situación ante la municipalidad.
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En su mensaje, Zelaya explicó que hasta ahora muchos comercios enfrentaban obstáculos para tramitar sus permisos debido a que los propietarios de los edificios donde operan mantenían cuentas bloqueadas o deudas con la alcaldía.
El alcalde subrayó que “no puede ser que un negocio quede imposibilitado de abrir, facturar o instalar un POS solo porque el dueño del inmueble tiene problemas con la municipalidad”. Según recogió la Corporación Municipal, la nueva disposición permitirá que los permisos de operación se otorguen directamente a los arrendatarios, independientemente de la situación legal de los arrendadores.
El trámite del permiso de operación en Tegucigalpa implica una serie de requisitos y costos variables según el tipo de actividad y el volumen de ventas declarado. De acuerdo con el informe Doing Business de UHY y las guías para inversionistas publicadas por la Secretaría de Desarrollo Económico, el costo básico para obtener el permiso oscila desde los 1,100 lempiras (unos 45 dólares) para pequeñas actividades comerciales, a lo que se suman tasas adicionales por inspecciones, gestión ambiental, servicios municipales e impuestos sobre la estimación de ventas anuales. El permiso debe renovarse cada año, y el monto total varía según la categoría del negocio y la normativa vigente en cada municipio.
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El proceso de obtención del permiso también exige la presentación de documentos como el contrato de arrendamiento, la constancia de inscripción en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, la solvencia municipal del representante legal y el registro tributario nacional. A esto se agregan inspecciones técnicas y, en algunos casos, licencias ambientales o de salud, dependiendo del giro del establecimiento.
Comerciantes consultados por la agencia Reuters han señalado que uno de los principales obstáculos para operar en la capital era la imposibilidad de tramitar la licencia cuando el propietario del local no se encontraba al día con la municipalidad.
Esta situación no solo dificultaba la apertura del negocio, sino que también impedía la habilitación de cuentas bancarias y el acceso a sistemas de pago electrónico.
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La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa ha registrado múltiples quejas de pequeños empresarios afectados por este problema, quienes destacan la urgencia de fomentar condiciones más justas y ágiles para la formalización de negocios.
La ordenanza aprobada en la sesión de la Corporación Municipal representa un cambio relevante en la política de simplificación administrativa en Honduras. El alcalde Zelaya afirmó en su mensaje que “eso ya es historia”. Indicó que con la aprobación están “simplificando, haciéndole la vida más fácil a los negocios para que puedan salir adelante y operar en esta ciudad y en este país, que realmente a veces parecen héroes. Son héroes los que invierten y salen adelante”.
Según el análisis de UHY, el entorno para crear y operar una empresa en Honduras todavía presenta desafíos relacionados con trámites, costos y la fragmentación de criterios municipales.
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Hasta antes de la reforma, el proceso completo para la obtención y renovación de un permiso de operación podía demorar entre 8 y 30 días, dependiendo de la agilidad de los entes municipales y de la documentación presentada. El costo total anual podía superar los 3,000 lempiras (112.99 dólares) para negocios medianos, al considerar tasas por recolección de residuos, inspección, zonificación y servicios de emergencia.
La medida, según la agencia Reuters y datos de la Guía del Inversionista de la Secretaría de Desarrollo Económico, busca reducir la informalidad y facilitar la generación de empleo, al eliminar trabas que durante años limitaron la competitividad de los comercios instalados en plazas, edificios y centros comerciales de Tegucigalpa.
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