Durante la audiencia en los tribunales competentes, la consejera del Consejo Nacional Electoral ratificó su posición: “No hay conciliación, ambas partes expresamos que no vamos a conciliación, así que vamos a juicio oral y público a defender la verdad y nuestro derecho al buen nombre”.
López señaló ante la prensa que las conversaciones atribuidas a su persona, que la habrían involucrado en presuntas acciones indebidas en el proceso electoral, nunca existieron, y aseguró que la difusión de esos materiales originó “el enorme daño reputacional que se pretendió hacer desde la institucionalidad no solo a mi persona, sino al proceso electoral democrático hondureño”.
El expediente, que seguirá su curso en la vía judicial, se origina en un hecho ocurrido antes de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. El entonces consejero electoral Marlon Ochoa presentó una memoria USB con presuntos audios. Estas grabaciones implicaban supuestamente a Cossette López y a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional de Honduras, en una planificación de fraude electoral. Desde el inicio, López negó la veracidad de los archivos, calificándolos como material falso y subrayando: “no participé en conversación alguna”.
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En una cadena nacional, el fiscal general Johel Zelaya difundió los audios, presentándolos como parte de una investigación desde su despacho. Tras ello, Cossette López interpuso una querella formal, argumentando que la presentación y divulgación de esas supuestas pruebas, que sostiene nunca existieron, lesionó su imagen y la credibilidad del Consejo Nacional Electoral.
López reiteró que: “Esas conversaciones no existieron nunca y sobre todo el enorme daño reputacional que se pretendió hacer desde la institucionalidad…”
Al cierre de la audiencia, Zelaya informó a la prensa la continuación del caso en los tribunales: “Vamos a juicio oral y público”. El fiscal evitó dar más detalles a los periodistas y resaltó: “Yo todo lo que voy a manifestar lo voy a manifestar ante el juez”.
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Afirmó que el Ministerio Público aportará todas las pruebas necesarias para sustentar su proceder. “Nosotros vamos a traer todas las pruebas que sean necesarias para mostrarle al juez la verdad”, subrayó. Agregó que no le inquieta la situación judicial actual: “A mí no me preocupa este proceso, a mí lo que realmente me preocupa es seguir luchando porque haya justicia en este país”.
El jefe del Ministerio Público enfatizó que se trata de un trámite habitual dentro del sistema judicial hondureño y reiteró su compromiso con el trabajo diario.
“Fui electo para dejar el cargo el 28 de febrero de 2029. Aquí seguimos a diario trabajando, indistintamente del ruido político que se escuche”, señaló.
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El proceso judicial permitirá que ambas partes —la consejera López y el fiscal Zelaya— presenten ante el juzgado sus argumentos, pruebas y testimonios. El tribunal evaluará la legalidad de las actuaciones, la divulgación y la autenticidad de los audios. La decisión final dependerá de la solidez de las pruebas y el análisis del daño ocasionado a la persona y a la institución.
El conflicto, el contexto preelectoral y la participación de altos funcionarios han suscitado atención pública y el análisis de distintos sectores. Muchos consideran que la resolución de este juicio podría tener impacto en la credibilidad inmediata tanto del Ministerio Público como del Consejo Nacional Electoral, en una etapa en la que la confianza en las instituciones democráticas resulta crucial para la estabilidad nacional.