Videla presidente, Congreso cerrado, Isabel Perón detenida y otras certezas que la embajada de EEUU tenía 25 días antes del golpe

El documento “Immediate 4675” que el embajador Robert Hill envió a Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos, el 28 de febrero de 1976 aventuraba una serie de medidas que el futuro gobierno militar impondría. Entre las ocho previsiones, solo una fue incorrecta. Lo que la sede diplomática sabía por las confesiones de políticos, gremialistas, civiles, militares y hasta sacerdotes

“Nuestro accionar con las fuerzas civiles democráticas sigue alto. Pero, al mismo tiempo, nuestros puentes hacia los militares están abiertos”, cerró Robert Hill su comunicado

El penúltimo día de febrero de 1976, cuando faltaban apenas veinticinco días para el golpe militar que iba a instaurar la última y sangrienta dictadura militar en la Argentina, la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires sabía casi todo sobre el alzamiento militar que ya estaba en marcha y parecía inevitable. La embajada sabía hasta lo que callaba, porque la sede diplomática se había convertido en una especie de confesionario, pagano eso sí, al que acudía un amplio espectro social que incluía a políticos del oficialismo y de la oposición, gremialistas de las tres o más vertientes en las que estaba dividido el sindicalismo, funcionarios, civiles, militares y hasta sacerdotes que se postraban para confesar pecados, buscar consuelo, hallar una guía, o encontrar orientación, o alivio, o desahogo, consejos tal vez, sugerencias y hasta opiniones de parte de la diplomacia estadounidense.

La Embajada, a cargo de Robert Hill, un diplomático que tenía contactos con la CIA y que, meticuloso como un entomólogo, informaba al secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, sobre cómo transcurrían aquellos días cruciales de la historia argentina de hace medio siglo, arriesgaba al menos ocho certezas sobre los riesgos que enfrentaba el gobierno de María Estela Martínez de Perón y sobre cómo actuaría en sus inicios el futuro gobierno militar.

Esas certezas se desprenden de un documento que el embajador Hill envió a Kissinger el 28 de febrero, poco después de las cuatro de la tarde, “Immediate 4675”, en las que revela el diálogo que uno de los diplomáticos, identificado como DAO (Defense Attache Office, la oficina del Agregado Militar, clave en las sedes diplomáticas de Estados Unidos) mantuvo con varias figuras políticas argentinas. Al contrario de lo que era su costumbre, que evitaba identificar a sus fuentes porque éstas lo pedían, esta vez la Embajada identificó a su interlocutor: Antonio Tróccoli, entonces diputado de la UCR y en 1983 ministro del Interior del gobierno de Raúl Alfonsín. Según el documento, Tróccoli revela a la Embajada su desaliento frente a la negativa del Congreso, o ante su imposibilidad, de enjuiciar a la presidente como una posible salida institucional frente a la crisis económica, política y social en la que se debatía el país, agravada por la violencia de los grupos guerrilleros y las bandas parapoliciales y paramilitares.

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El documento desclasificado de la Embajada de Estados Unidos y las revelaciones que recibió sobre el futuro del país

Las ocho certezas que exhibe la embajada son: 1) El Congreso poco puede hacer para que Isabel Perón sea sometida a juicio político. 2) La salida constitucional está descartada. 3) El golpe militar es inevitable. 4) El general Jorge Videla será el próximo presidente. 5) El gabinete del futuro gobierno militar estará integrado por oficiales de las fuerzas armadas, excepto el ministerio de Economía. 6) El futuro canciller será el almirante Oscar Montes. 7) El Congreso Nacional será cerrado. 8) A la viuda de Perón no le permitirán abandonar el país y será detenida en una dependencia militar.

Es asombrosa la exactitud en las previsiones de la Embajada, que solo pifia en el nombre del futuro canciller de la dictadura: no fue el almirante Montes, sino el almirante César Guzzetti, que fue herido en un atentado en mayo de 1977. Entonces sí, Montes lo reemplazó al frente de la Cancillería.

Lo que sigue es una reseña del documento de hace medio siglo que firmó el embajador Hill. “Varios dirigentes del Congreso, incluyendo a Tróccoli, de la UCR, indicaron a los funcionarios de la Embajada que es obvio que no es posible una acción efectiva del Congreso y que consideran que el golpe es inevitable”. El pedido de juicio político a la presidente rondaba, como posible salida institucional, desde varios días antes. El 25 de febrero y la madrugada del 26, los diputados peronistas habían votado no y la moción se pasó al debate de una sesión conjunta del Congreso, una Asamblea Legislativa. El entonces senador del PJ, Ítalo Lúder, renuente a enjuiciar a Isabel e incluso a reemplazarla si era necesario, le había dado largas a la reunión de los legisladores.

“El senador Lúder indicó anoche, 27 feb., –sigue el documento– que no sería convocada (la asamblea) sino hasta el 8 de marzo e incluso cuando lo haga, sólo se encargará de estudiar la crisis y recomendar soluciones. La sesión conjunta, concluyó Tróccoli ‘es sólo una fachada. La solución constitucional ya ha sido descartada. Ahora, simplemente estamos esperando que pase lo inevitable”. De inmediato, fiel a su costumbre, Hill no puede evitar un comentario cargado de ironía: “El golpe puede que sea inevitable o no. Lo significativo es que la mayoría de los políticos cree que sí lo es”.

El archivo secreto de la embajada dice que Antonio Tróccoli, dirigente de la UCR, sabía que el golpe era inevitable

Luego la Embajada vuelve sobre un hecho que fue comentado en documentos anteriores pero que ahora está ratificado por el testimonio del diputado Tróccoli, que de paso revela los contactos de varios legisladores del peronismo con los tres jefes golpistas: Videla, el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti: “Según Tróccoli, varios otros dirigentes radicales y peronistas anti verticalistas, el factor clave para que los anti verticalistas decidieran no apoyar la acción del Congreso para sacar a la Sra. Perón fue la convicción de que el golpe era inevitable, no importa lo que ellos hicieran. Esto fue debido a que los militares no les dieron ninguna clase de garantía. Los voceros del Grupo de Trabajo (se refiere a la treintena de diputados anti verticalistas que cuestionaban a la presidente pero no votaron su juicio político) y los diputados gremiales disidentes, supuestamente pidieron a los comandantes militares durante la semana del 15 al 21 de febrero, garantías de que si lo hacían, si se sumaban a la iniciativa del Congreso de sacar a la Sra. Perón y colocar a Lúder, las Fuerzas Armadas no derrocarían a ese gobierno. Videla, Viola y Massera y otros altos jefes militares dijeron que la crisis nacional era tan aguda y que el mandato de Lúder estaría tan debilitado que eran muy altas las posibilidades de que él también fracasara y que la única alternativa de los militares fuese la del golpe”.

El embajador Hill deduce entonces, o también tiene la certeza, de que hasta los anti verticalistas se han resignado al golpe y que harán nada que debilite su posición dentro del movimiento peronista. “Continuarán criticando a la Sra. Perón, pero no darán apoyo a ninguna acción para sacarla. Esta actitud parece decir: si total nos estamos hundiendo, no hagamos nada que siga dividiendo al movimiento peronista”.

Luego el documento revela y analiza las confidencias que recibe de otras fuentes: “Según nuestros informes, el general Videla, más que Viola, será el presidente. Al menos al principio, el gabinete estará supuestamente compuesto por completo por militares, con la posible excepción del ministro de Economía. El nuncio papal (el informe se refiere a monseñor Pío Laghi) le dijo al embajador Hill que tiene entendido que el almirante Montes será el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. La DAO tiene un informe similar. Se cerrará el Congreso, pero los partidos políticos continuarán funcionando, aunque posiblemente dentro de parámetros más delimitados. En general, pareciera que los militares seguirán una línea relativamente moderada”.

El 29 de marzo de 1976, el teniente general y jefe del Ejército de Argentina, Jorge Rafael Videla (c), juró como presidente de facto en la Casa Rosada, lo que la embajada de EEUU ya sabía un mes atrás (EFE/Archivo)

Al margen de revelar que hasta el embajador del papa Paulo VI estaba al tanto del golpe y hasta de quiénes serían los futuros ministros de la dictadura, el embajador adhiere a la tesis que había echado a correr el poder militar que decía que Videla era la figura que contrastaba con los jefes militares más duros. La tesis también está expresada y reafirmada por Tróccoli: “Tanto la UCR como los peronistas anti verticalistas –dice el informe del embajador Hill– le han dicho a funcionarios de la embajada que planean seguir expresando su opinión contraria al golpe, pero luego tendremos que aceptarlo y cooperar en la medida que sea posible con el gobierno militar. Tal como dijera Tróccoli: ‘No queremos sacudir la nave de Videla; al contrario, queremos que su gobierno tenga éxito. Es un hombre razonable, moderado y lo preferimos a él a que cualquiera de los hombres de la línea dura que podrían ocupar su puesto si la fase inicial del gobierno militar sale mal’”.

Por fin, como penúltimo ítem del informe, Hill habla del destino de la viuda de Perón: “Lo que no está claro es lo que los militares harán con la Sra. Perón. Varias fuentes indican que creen que la decisión tomada es no, repito, no dejarla ir del país. El nuncio dijo al embajador Hill que tiene entendido que ella quedaría detenida en un centro de descanso militar, como puede ser Ascochinga, Córdoba, durante un tiempo indefinido. Si la dejan regresar a España –afirma Hill que le dijo el nuncio– ella y López Rega podrían crear problemas al nuevo gobierno en vez de evitárselo”.

Por último, el informe de la embajada habla de cuál es hasta ese momento la posición del gobierno de Estados Unidos. Es posible notar cierto alivio en las palabras del embajador: “En lo que consideramos es la víspera del golpe, sea que tenga lugar en unos días o semanas, la Embajada cree que el gobierno de Estados Unidos está en buena posición, ya que ninguno de los grandes partidos, ni de los sectores responsables lo acusan de estar detrás del golpe. Al contrario, varios radicales y peronistas han manifestado su certeza de que el gobierno de Estados Unidos se ha mantenido cerca como un buen amigo, deseándole el bien a la Argentina, pero sin intervenir de ninguna forma en sus asuntos internos. Creemos que la reciente aceptación del secretario Kissinger a un almuerzo con Quijano contribuyó significativamente a esta atmósfera”. El documento se refiere a Raúl Alberto Quijano, canciller del gobierno de Isabel Perón que había sido nombrado meses antes del golpe, el 16 de enero de 1976. Quijano y Kissinger se habían entrevistado el 11 de febrero en la residencia del embajador argentino en Washington, Rafael Vázquez, en el 1815 de la calle Q, cerca de Dupont Circle.

El informe de Hill sobre la posición del gobierno de Estados Unidos frente al golpe militar inminente en la Argentina, termina con una de sus frases típicas que mezclaban experiencia, sarcasmo, astucia y lucidez: “Nuestro accionar con las fuerzas civiles democráticas sigue alto. Pero, al mismo tiempo, nuestros puentes hacia los militares están abiertos. Hill”.

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