La noche del 1 de octubre de 2015, un alud sepultó a más de 280 personas en la comunidad de El Cambray II, en Santa Catarina Pinula. Fue una de las peores tragedias naturales en la historia reciente de Guatemala. Durante horas, decenas de familias quedaron atrapadas bajo toneladas de barro y escombros mientras el terreno continuaba cediendo. La ayuda tardó en llegar. Los rescatistas enfrentaban un terreno inestable, la amenaza de nuevos deslizamientos y un paisaje cubierto de destrucción total.
En los días posteriores, el país se sumió en una mezcla de dolor, indignación y preguntas sin respuesta. ¿Por qué se permitió construir en una zona tan peligrosa? ¿Por qué, a pesar de los informes técnicos y advertencias previas, nadie lo impidió? El Cambray II no era solo una tragedia natural: era una catástrofe anunciada. El riesgo había sido documentado años antes por distintas instituciones del Estado, sin que se tomaran medidas eficaces para proteger a los vecinos.
A medida que las labores de rescate cedieron su lugar a la investigación judicial, la tragedia cobró otra dimensión: la impunidad. No hubo responsables condenados, a pesar de las pruebas de negligencia. La empresa que urbanizó el área ya no existía legalmente, y el jefe municipal negó haber recibido alertas formales. Los documentos desaparecieron. La historia de El Cambray II se convirtió en un caso emblemático de cómo la corrupción, la falta de planificación y la desidia pueden ser tan letales como la naturaleza misma.
Una comunidad construida sobre la advertencia
“Lo que ocurrió en Cambray II no es un desastre natural, es el resultado de la marginación social en Guatemala. La población con recursos económicos limitados no tiene acceso a proyectos habitacionales seguros. La inversión del Estado en vivienda es mínima o nula. El ordenamiento territorial también está ausente. La vulnerabilidad de miles de personas ante este tipo de eventos es cada vez mayor. El cambio climático aumenta el riesgo de que una catástrofe como esta se repita", explicó lo que sucedió en la noche del 1° de octubre de 2015 el periodista guatemalteco Luis Ruiz.
Desde sus inicios, el Cambray II estuvo marcado por la imprudencia. En 1995, la empresa “Proyectos Girasol S.A.” fue autorizada para desarrollar el asentamiento en una zona fiscal, ubicada en el fondo de un valle angosto, justo debajo de una pendiente de tierra de más de cien metros de altura. A pesar de la ubicación en una zona riesgosa y los primeros avisos sobre la inestabilidad del terreno, los lotes comenzaron a venderse y el barrio fue creciendo con rapidez.
El entorno natural representaba un riesgo constante. El cañadón donde se asentaba la colonia estaba justo en la cabeza de un afluente del Río Los Plátanos, propenso a crecidas súbitas y erosión. Desde los primeros años hubo informes técnicos que advirtieron sobre la vulnerabilidad del área. Entre ellos, los de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), que en 2014 detectaron procesos de licuefacción y una humedad permanente en los suelos.
Las advertencias fueron reiteradas y formales. Antes, en 2008, la municipalidad de Santa Catarina Pinula pidió a los vecinos desalojar voluntariamente el lugar, aunque no ofreció alternativas habitacionales ni soluciones concretas. La petición fue insuficiente. Sin un plan de reubicación y ante la falta de recursos, muchas familias optaron por quedarse. La comunidad, vulnerable pero arraigada, siguió creciendo.
En 2014, CONRED incluyó oficialmente a El Cambray II en su lista de puntos críticos con alta probabilidad de desastre. El informe coincidía con una época de lluvias intensas que incrementaban la saturación de los suelos. Aun así, la respuesta institucional siguió siendo tibia y dispersa. La burocracia ganó la carrera al tiempo, y la prevención nunca se concretó.
Cuando la tierra finalmente cedió, lo hizo con una furia imparable. En cuestión de segundos, arrastró todo a su paso: árboles, casas, postes, años de desidia… familias enteras. Las lluvias persistentes de la semana anterior habían saturado el terreno hasta el límite. Cerca de las 21:00 horas, la ladera colapsó como una avalancha de barro y escombros que sepultó en minutos lo que a la comunidad le había costado décadas levantar. El estruendo fue ensordecedor. Muchos no tuvieron tiempo ni de salir de sus viviendas. Otros corrieron, sin saber hacia dónde. La desesperación se apoderó de todo: gritos ahogados bajo la tierra, madres buscando a sus hijos, vecinos escarbando con las manos desnudas. La tragedia no dio tregua. La muerte pasó rápido, brutal, y silenció una comunidad entera, aún de luto por esas pérdidas.
La noche más larga
Lo que vino después fue igual de devastador. El deslizamiento cubrió aproximadamente 2,5 hectáreas del barrio, dejando un paisaje irreconocible, donde antes había calles, jardines y hogares. El barro lo había cubierto todo. En medio de la oscuridad y el pánico, comenzaron las primeras búsquedas desesperadas.
Los sobrevivientes, aturdidos, gritaban los nombres de sus familiares entre los escombros. Algunos intentaban excavar con palas, otros con las manos... El miedo a nuevos derrumbes era real, pero más fuerte era la esperanza de encontrar a alguien con vida. La escena era caótica: llantos, gritos, gente cubriendo sus rostros con trapos para respirar entre el polvo, y una angustia generalizada difícil de describir.
Las primeras horas fueron caóticas y marcaron la diferencia en las probabilidades de hallar sobrevivientes. Los rescatistas debieron trabajar en condiciones extremadamente precarias: con poca visibilidad, bajo una lluvia intermitente, con recursos limitados y en un terreno inestable. Todo eso ralentizó la remoción de escombros y dificultó la localización de las víctimas.
Durante la madrugada, el riesgo de más derrumbes obligó a suspender temporalmente las búsquedas en varias áreas críticas. La CONRED autorizó únicamente el ingreso de personal especializado, mientras que los voluntarios y familiares fueron contenidos en los alrededores, lo que generó tensiones porque lo único que querían eran encontrar a sus seres queridos. Por eso, muchos permanecieron allí durante toda la noche, a la espera de noticias y de una autorización que les permitiera volver a buscar a quienes amaban.
Entre los relatos más conmovedores que surgieron tras la tragedia está el de Samuel Morales Herrera, quien perdió a su esposa y a sus tres hijos bajo el alud. “Pasé once días buscando a mi esposa e hijos. Luego, durante tres meses lloraba todas las mañanas al despertar; tenía que salir a caminar para calmarme. Haber perdido a mi familia casi me mata de la tristeza, pero pude controlarme y pedirle a Dios sabiduría para soportar el dolor. Seguí trabajando, nunca me tiré al abandono”, relató. Su historia recorrió el país y el mundo: el hombre cavó con sus propias manos durante días hasta recuperar los cuerpos de su familia.
Con el paso de los días, el balance se volvió más trágico: 280 muertos, 70 desaparecidos y más de 125 viviendas destruidas, casi la mitad de la comunidad resultó afectada por la pérdida de seres queridos o por quedarse sin su casa. La magnitud del desastre dejó una herida abierta en Santa Catarina Pinula, una herida que sigue viva.
Los trabajos de remoción de escombros en El Cambray II se extendieron durante aproximadamente tres semanas. Las labores de búsqueda, rescate y remoción comenzaron inmediatamente después del derrumbe y se prolongaron hasta finales de ese mes debido a que la magnitud del desastre, la profundidad del lodo y el riesgo de nuevos derrumbes complicaron y prolongaron las tareas. El 23 de octubre de 2015, las autoridades dieron por concluidas oficialmente las labores de recuperación de cuerpos y remoción de escombros, aunque algunas acciones menores continuaron en los días siguientes.
Justicia enterrada
Las investigaciones apuntaron hacia dos frentes: la empresa urbanizadora y las autoridades locales. “Proyectos Girasol S.A.”, responsable de comercializar los terrenos, ya no operaba legalmente en 2015. Su rastro administrativo era difuso, y no se pudo establecer quiénes tomaron las decisiones originales de urbanizar en un área tan riesgosa.
Por otro lado, las autoridades municipales enfrentaron señalamientos directos. La CONRED aseguró haber enviado informes y alertas al gobierno local. Sin embargo, el entonces alcalde, Víctor Alvarizaes, negó haber recibido esa documentación. Es más, los informes originales nunca fueron encontrados, cosa que alimentó las sospechas de encubrimiento o negligencia deliberada.
La presión mediática y social obligó al Ministerio Público a abrir una investigación. Pero el proceso fue lento, disperso y marcado por irregularidades. Ningún funcionario fue condenado, y en un giro que indignó a las víctimas, Alvarizaes fue reelecto como alcalde en 2016, a pesar de estar bajo proceso. Pese a eso, no pudo escapar del peso de la ley aunque por otra causa: en mayo de 2025, fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión por el delito de peculado por sustracción, tras comprobarse que desvió fondos municipales para financiar una campaña de desprestigio contra su rival político, Sebastián Siero, durante su gestión.
Más allá del número de fallecidos, los impactos fueron devastadores: unas 130 viviendas quedaron inhabitables y más de 3 mil personas fueron desplazadas de manera directa o indirecta. Varias familias vivieron en albergues temporales por más de un año, mientras el Estado prometía soluciones habitacionales que nunca llegaron de forma integral. La mayoría perdió sus pertenencias, documentos personales y medios de subsistencia.
El caso se convirtió en un símbolo de impunidad. Una década después del desastre, muchas familias siguen sin vivienda estable ni respuestas judiciales claras. Las promesas de reparación se disolvieron con el tiempo, y lo ocurrido sobrevive más en la memoria de los dolientes que en los registros oficiales.
Hoy, el alud sigue pesando sobre quienes sobrevivieron, no solo como recuerdo, sino como realidad: muchos aún esperan justicia, otros siguen soñando con un hogar y casi todos conviven con la certeza de que la tragedia pudo haberse evitado. En El Cambray II no solo se deslizó la tierra: también se derrumbó la confianza en un Estado que, advertido con tiempo, eligió no actuar.