Guatemala concluyó el III Congreso Interamericano sobre Trata de Personas con un llamado de la vicepresidenta Karin Herrera a reforzar la cooperación regional frente a redes criminales que operan más allá de las fronteras. El encuentro reunió durante dos jornadas a diplomáticos de 12 países, fiscales, organismos internacionales, representantes del sistema financiero y del sector privado para analizar la prevención, la persecución penal y la atención a las víctimas.
La trata de personas mueve unos USD 150.000 millones al año en el mundo y constituye la tercera actividad criminal más lucrativa, advirtió Herrera durante la clausura. La funcionaria sostuvo que el Estado debe priorizar medidas capaces de impedir que las personas sean captadas por estas estructuras.
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“La prevención tiene una particularidad, su mayor logro es lo que se evita”, afirmó la vicepresidenta. También pidió mantener la vigilancia ante los cambios en los mecanismos utilizados por las organizaciones criminales: “Debemos mantenernos alertas a las nuevas modalidades delictivas para aquellos que se quieren enriquecer a través de estas actividades delictivas”.
La cita fue organizada por la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) y se dividió en seis ejes temáticos, con 18 conferencias, paneles y conversatorios. Las actividades examinaron el lavado de dinero, la movilidad laboral transfronteriza, el empleo de herramientas tecnológicas y la asistencia integral a quienes sufren este delito.
El rastreo financiero de las redes transnacionales
Las primeras exposiciones de la jornada final se concentraron en los recursos económicos de las organizaciones dedicadas a la trata. El fiscal federal argentino Carlos Gonella abordó la investigación financiera y la persecución penal de estas estructuras en el Salón Gran Ariana, ubicado en la zona 9 de la capital guatemalteca.
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Dayle Josué Pitán, integrante de la Intendencia de Verificación Especial, explicó los mecanismos para rastrear flujos financieros ilícitos procedentes de esta actividad. La fiscalía especializada del Ministerio Público expuso, a su vez, estrategias para desarticular redes bajo un enfoque de delincuencia organizada.
Las discusiones también abarcaron el reclutamiento transfronterizo y la trata con fines de criminalidad forzada. Ese análisis vinculó las modalidades de captación con el desafío de investigar delitos cuyos responsables, víctimas y recursos pueden desplazarse entre distintos países.
La migración y el trabajo a través de las fronteras ocuparon otro espacio de la agenda. El jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Guatemala, Jeremy Mac Gillivray, expuso sobre los riesgos asociados a esos movimientos, antes de un intercambio entre instituciones sobre gobernanza y protección de las personas migrantes.
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La segunda jornada incluyó además un análisis sobre tecnología y seguridad digital, tanto por su utilización en la captación de víctimas como por sus aplicaciones en la investigación penal. Un conversatorio examinó la coordinación dentro de la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.
643 denuncias registradas entre enero y septiembre
Guatemala registró 643 denuncias por trata de personas entre enero y septiembre, de acuerdo con cifras compartidas por la SVET y el Ministerio Público. Durante ese período fueron identificadas 9.055 personas agraviadas por violencia sexual, 560 por explotación y 576 por trata de personas.
Herrera recordó que el Estado guatemalteco aprobó este año el Plan Nacional para la Prevención de la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 2026. Según la vicepresidenta, ese instrumento permitirá mejorar el abordaje estatal del fenómeno criminal.
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El Ministerio de Gobernación pondrá próximamente en funcionamiento una línea específica para denunciar casos de trata de personas. La medida se integrará a las acciones de la Vicepresidencia y la SVET para coordinar respuestas nacionales y regionales contra este delito transnacional.
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