En un mensaje publicado por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, Brian Skaret, fiscal general adjunto interino del Departamento de Justicia de Estados Unidos, advirtió en Guatemala que habrá “tolerancia cero” y “absolutamente ningún refugio seguro” para las organizaciones criminales que amenacen a comunidades estadounidenses. El mensaje acompañó una visita de fiscales federales y agentes especializados destinada a reforzar las investigaciones, las extradiciones y el rastreo de recursos ilícitos antes de que esas redes extiendan sus operaciones hacia Estados Unidos.
La delegación reunió por primera vez en Guatemala a cinco fiscales federales designados por el presidente Donald Trump y a fiscales principales de nueve distritos federales estadounidenses. También participaron altos funcionarios de la División Penal del Departamento de Justicia, la Administración para el Control de Drogas, la Oficina Federal de Investigaciones y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional.
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La visita buscó afianzar la coordinación bilateral contra cárteles, traficantes de migrantes y personas, redes de lavado de dinero y estructuras que facilitan sus actividades. Las autoridades estadounidenses plantearon que la persecución no se limitará a quienes ejecutan delitos, sino que alcanzará a facilitadores, protectores y políticos vinculados al narcotráfico.
Una estrategia centrada en las fronteras y el dinero ilícito
Las organizaciones criminales aprovechan las fronteras como corredores para sus operaciones, mientras que los fiscales de ambos países las consideran espacios de cooperación. Skaret afirmó que investigadores estadounidenses y guatemaltecos compartieron pruebas, conectaron causas judiciales y siguieron el rastro del dinero para localizar a prófugos y llevarlos ante la justicia.
“Los criminales ven las fronteras como una oportunidad. Los fiscales, en cambio, miran esas mismas fronteras y ven socios”, sostuvo el funcionario. Añadió que la estrategia apunta a perseguir a las redes cerca de los territorios donde operan, antes de que “el daño llegue a nuestras comunidades”.
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El trabajo conjunto contempla la preparación de expedientes que podrían ser juzgados en tribunales estadounidenses. Entre sus objetivos figuran ampliar la cantidad de causas penales, elevar su solidez probatoria, acelerar las extradiciones y consolidar alianzas entre autoridades de distintos países.
“Y eso significa más casos, mejores casos, extradiciones más rápidas y alianzas internacionales más sólidas”, señaló Skaret. La advertencia abarca a organizaciones que actúan en todo el hemisferio occidental y que representan amenazas para Guatemala, Estados Unidos y otros países de la región.
La Embajada de Estados Unidos en Guatemala difundió las declaraciones del funcionario el viernes por la noche a través de su cuenta oficial en X. En el video, Skaret remarcó que Washington mantendrá una política de “cero tolerancia” frente a las estructuras delictivas transnacionales.
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“Estados Unidos lo ha dejado claro: tolerancia cero para los criminales que operan en este hemisferio y absolutamente ningún refugio seguro para quienes amenacen a las comunidades estadounidenses”, afirmó. La declaración sintetizó el enfoque de la Administración Trump de eliminar a los cárteles, asegurar las fronteras y proteger a la población estadounidense de amenazas que cruzan fronteras.
Reuniones con Arévalo y autoridades de seguridad
La misión estadounidense se reunió con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, el fiscal general Gabriel García Luna y el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda. Los encuentros abordaron el fortalecimiento de las capacidades investigativas guatemaltecas y la coordinación judicial para formular causas penales con alcance transnacional.
Las conversaciones incluyeron la necesidad de profundizar las investigaciones financieras e identificar posibles nexos entre grupos criminales, recursos de procedencia ilícita y actividades políticas o electorales ante las elecciones generales de 2027. El rastreo financiero aparece como una vía para identificar tanto a quienes ejecutan delitos como a las personas y entidades que sostienen sus operaciones.
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El encargado de Negocios de Estados Unidos en Guatemala, Jorgan Andrews, recibió a la delegación y subrayó que la presencia de los funcionarios refleja la prioridad que Washington asigna al crimen transnacional. “Cuando Estados Unidos asume un compromiso, actúa. No estamos aquí para hablar del problema, estamos aquí para resolverlo junto con Guatemala”, declaró.
Andrews agregó que no habrá protección para quienes obtengan beneficios del narcotráfico, la extorsión y el lavado de dinero, sin importar el puesto que ocupen. Esa posición incluyó expresamente a los facilitadores de traficantes de personas, a quienes brindan cobertura a narcotraficantes y a los políticos relacionados con esas estructuras.
La representación estadounidense estuvo integrada por fiscales de los distritos Sur de California, Arizona, Nuevo México, Oeste de Texas, Norte de Texas, Sur de Texas, Este de Texas, Sur de Florida y Norte de Nueva York. Participaron además la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa, la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan y la Oficina de Desarrollo Procesal, Asistencia y Capacitación Fiscal en el Extranjero, coordinada por su director, Erik Peterson.
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La cooperación busca frenar el flujo de narcóticos, el lavado de dinero, la trata de personas y el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos. Para Skaret, el objetivo es asegurar más extradiciones de prófugos estadounidenses y procesar a los responsables “sin importar dónde operen”.
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