Pese a que desde 2024, el exdirector del extinto Centro de Gobierno en Guatemala, Luis Miguel Martínez Morales, ya no tiene ninguna relación gubernamental, permanece en el centro del escrutinio público por laacumulación de denuncias de corrupción y favores estatales que no habían sido procesadas judicialmente.
Conocido en el ámbito político como “Miguelito”, el exfuncionario concentró un nivel de poder y decisión sin precedentes para un cargo no electo, sustentado en su estrecha relación personal y de confianza con el entonces jefe de Estado, Alejandro Giammattei.
PUBLICIDAD
Durante los cuatro años de administración, Martínez y Giammattei acumularon decenas de denuncias públicas y penales, muchas fueron engavetadas y otras desestimadas por la entonces fiscal General, Consuelo Porras, sancionada por internacionalmente por privilegiar la corrupción y la impunidad.
No obstante, el miércoles 23 se realizaron 13 allanamientos en diferentes propiedades vinculadas a “Miguelito”, por medio de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, pero ahora bajo la dirección de Gabriel García Luna.
El Centro de Gobierno duplicó funciones constitucionales y cerró tras presiones sociales
A los pocos días de asumir la presidencia en enero de 2020, el mandatario modificó la estructura del Ejecutivo para crear la comisión presidencial del Centro de Gobierno, con el objetivo formal de supervisar la gestión de los distintos ministerios.
PUBLICIDAD
La entidad, que implicó un presupuesto superior a Q6 millones (USD 779 millones) en menos de un año y un salario mensual de Q42 mil (USD 5.455) para su titular: Miguel Martínez, provocó severos roces institucionales con el vicepresidente Guillermo Castillo, quien denunció que la dependencia duplicaba de manera innecesaria las funciones de la Vicepresidencia de la República.
Ante el descontento ciudadano y las constantes críticas de diversos sectores sociales, Alejandro Giammattei anunció la disolución de la institución el 31 de diciembre de ese mismo año.
Sin embargo, la salida del cargo oficial no disminuyó la ascendencia de Miguel Martínez sobre la administración pública.
Periodistas de investigación y analistas políticos documentaron que el exfuncionario continuó con la gestión de contratos estatales en favor de empresas allegadas a su entorno, entre ellas la farmacéutica La Botica S.A., que experimentó un aumento exponencial en sus contrataciones con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social mediante la aplicación de leyes de compras de excepción que evadieron el sistema Guatecompras.
PUBLICIDAD
Martínez y el expresidente Giammattei no sólo compartieron la administración pública, también tienen juntos la propiedad y representación legal de la Sociedad Anónima: Soluciones Integrales Profesionales, Sociedad Anónima, según datos del Registro Mercantil.
La compañía, identificada comercialmente como Total Solutions, fue constituida el 12 de enero de 2012 con un capital autorizado de Q150 mil. En septiembre de 2017, una asamblea nombró a Martínez como administrador único y representante legal, a petición de Giammattei, de acuerdo con el acta inscrita.
Martínez, también ha sido relacionado con la Cervecería Chapultepec en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Tras las críticas recibidas en redes sociales, el exfuncionario afirmó que el establecimiento pertenecía a sus “amigos”.
PUBLICIDAD
Suplansa fue fundada por una persona que vendió la sociedad entre 2020 y 2021. Un allegado a los antiguos propietarios señaló que las negociaciones se realizaron con Jairo Ernesto Ponce Fernández, conocido como “El Cuto”, amigo de Martínez y hermano del representante legal de la farmacéutica La Botica, otra empresa vinculada a “Miguelito”.
La coincidencia de direcciones también conecta ambos negocios: la nueva cervecería fue registrada en la 5ª avenida “A” 3-36, zona 1 de Santa Lucía Cotzumalguapa, mientras que Total Solutions consignó como dirección la 5ª avenida “A” 3-34, en la propiedad contigua.
Las sanciones de Estados Unidos y Reino Unido señalaron sobornos en la compra de vacunas rusas
Los señalamientos traspasaron las fronteras nacionales cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó en diciembre de 2023 mediante la Ley Global Magnitsky.
PUBLICIDAD
El Gobierno estadounidense determinó que el exfuncionario participó en esquemas de soborno a gran escala y llegó a solicitar sobornos en la compra de 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19.
A estas restricciones se sumaron las medidas adoptadas por el Reino Unido en abril de 2025, que incluyeron el congelamiento de sus activos financieros y la prohibición de ingreso a su territorio por actos graves de corrupción.
PUBLICIDAD