Entre 40 y 50 estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala denunciaron este 24 de julio ante el Ministerio Público la desaparición de sus registros académicos del sistema de Registro y Estadística, un hecho que describen como una “muerte académica” porque afecta trámites de graduación, becas, procesos de investigación y el cierre de carreras, pese a que varios conservan constancias de inscripción para 2026.
Los casos no se concentran en una sola unidad académica. Hay afectados en la Facultad de Derecho, la Escuela de Ciencias de la Comunicación, la Facultad de Ingeniería, la Escuela de Ciencia Política y el Centro Universitario de Noroccidente, mientras los estudiantes sostienen que cada día aparecen nuevos expedientes borrados.
La exigencia inmediata apunta en dos direcciones. Al Consejo Superior Universitario le reclaman una respuesta pública con un plan para restituir los registros, y a la Unidad de Registro y Estadística le piden recuperar la información académica y administrativa, además de garantizar que no vuelva a ocurrir contra estudiantes señalados o criminalizados.
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Los estudiantes cuestionan la explicación oficial sobre expedientes perdidos en 2022 y 2023
Hasta ahora, la Usac respondió en redes sociales que la desaparición de expedientes se originó en 2022 y 2023, durante la toma de instalaciones por estudiantes. Los denunciantes sostienen que esa versión no explica varios de los casos, porque algunos tienen carné 2024 y carné 2025, y otros ingresaron después del período mencionado por las autoridades universitarias.
Un estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación dijo que esa explicación es “totalmente ilógica”, porque hay compañeros que ingresaron después de 2023 y aun así hoy figuran sin papelería. También afirmó que la responsabilidad de custodiar esos documentos era de Registro y Estadística y no de los propios alumnos.
En su caso, explicó que ya cursó los 10 semestres de su carrera, cerró pénsum en Locución Profesional y está en proceso de Ejercicio Profesional Supervisado para completar la licenciatura y luego realizar su tesis. Según relató, la eliminación de sus datos compromete años de estudio y el esfuerzo económico de su familia.
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Gabriela Ochoa, estudiante de Trabajo Social en CUNOROC, afirmó que estaba a la espera de fecha de graduación en agosto. Contó que dedicó dos años y medio a una investigación y sostuvo que, si su expediente desaparece, también queda bloqueada una tesis vinculada con mujeres exautoridades y asambleas comunales de los 48 Cantones, el espacio donde realizó su trabajo.
Idekel Chitup, también de CUNOROC, señaló que estaba por cursar el décimo semestre de Ingeniería Agronómica con énfasis en fruticultura. Aseguró que la situación afecta su trayectoria académica, proyectos de investigación ya planificados y un proceso de beca que ahora le obliga a asumir más gastos.
Los denunciantes sostienen que no se trata de errores aislados
Varios estudiantes vincularon la desaparición de registros con una persecución selectiva. Una de las voceras afirmó que no se trata de datos borrados al azar, sino de una afectación concentrada en personas que ya habían sido señaladas o acosadas física y digitalmente.
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Roberto Andrés Luna Ríes, estudiante de la Facultad de Ingeniería, dijo que ganó hace alrededor de un año y medio la elección para asumir como representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario, pero todavía no ha tomado posesión. Señaló que, si su expediente realmente hubiera desaparecido en los años invocados por las autoridades, ni siquiera habría podido participar en un proceso electoral convocado por el propio CSU.
Para Luna Ríes, el daño no se limita al avance universitario. Afirmó que impacta proyectos de vida, planes profesionales y metas personales de estudiantes que están en la etapa final de sus carreras, y pidió al jefe de Registro y Estadística, el ingeniero Bryan Fuentes, una atención inmediata para resolver la situación.
Carlos Barrios, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, amplió la denuncia hacia las autoridades universitarias y de facultades. Sostuvo que la persecución obedece a que los estudiantes alzaron la voz frente a un proceso que, a su juicio, debió ser legítimo y democrático en la elección de rectoría.
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La denuncia se extendió a amenazas, criminalización y otros hechos violentos
En la conferencia, estudiantes, docentes y egresados también denunciaron una “ola de criminalización” que ya alcanzó a centros universitarios fuera de la capital. Desde la Escuela de Ciencia Política, José Chihuichón, representante de la asociación estudiantil, afirmó que varios compañeros han sufrido amenazas y que él mismo fue borrado del sistema de Registro y Estadística.