Ante la falta de consenso en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para prorrogar la moratoria global sobre aranceles a las transmisiones digitales, Guatemala, Costa Rica y Panamá han reiterado su compromiso de no aplicar impuestos a este tipo de operaciones, sumándose a un grupo de 23 países que, de forma voluntaria, buscan preservar el libre flujo de contenidos digitales.
Esta decisión, confirmada por la agencia EFE y recogida por Bloomberg Línea, ocurre en un contexto de alta incertidumbre para el sector de servicios digitales y comercio electrónico, que representa más de la mitad de las exportaciones mundiales en la actualidad.
El plazo para renovar el acuerdo venció el 31 de marzo de 2026, tras el fracaso de los 166 países miembros para alcanzar una extensión durante la conferencia ministerial celebrada en Yaundé, Camerún. El principal punto de desacuerdo se centró en la duración de la prórroga: Estados Unidos solicitó una extensión superior a dos años, mientras que Brasil y otros países sólo aceptaban repetir el ciclo bianual. A esto se sumaron demandas de última hora, como las de Turquía, que resultaron inaceptables para Washington y otros socios clave.
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En este escenario de estancamiento, un segundo grupo de 66 países, incluida la Unión Europea, aceptó de manera provisional un acuerdo sobre comercio electrónico aplicable únicamente a los participantes, en el que la moratoria permanece vigente, aunque no de forma permanente y sólo entre ellos. Guatemala, Costa Rica y Panamá, junto a Argentina, Ecuador, México, Uruguay, Perú y Estados Unidos, figuran entre los países latinoamericanos que han optado por mantener la prohibición de aranceles a transmisiones digitales de bienes “desmaterializados”, como parte de esta solución transitoria.
El ministro camerunés de Comercio, Luc-Magloire Mbarga Atangana, quien presidió la conferencia, reconoció que se “había acabado el tiempo” para alcanzar acuerdos en cuestiones como los derechos de aduana sobre transmisiones electrónicas. La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, advirtió que los asuntos pendientes podrían seguir debatiéndose en la sede de la organización en Ginebra, aunque la falta de resolución incrementa la presión sobre el sistema multilateral de comercio.
El Representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, calificó la extensión de la moratoria como “la más baja de las frutas que cuelgan bajas”, sugiriendo que era una oportunidad sencilla que no se logró concretar por falta de consenso. Por su parte, John Denton, secretario general de la Cámara de Comercio Internacional, alertó que la ausencia de un acuerdo “corre el riesgo de generar aún más incertidumbre política exactamente en el momento equivocado desde el punto de vista de la economía real”. Denton instó a reanudar las conversaciones en Ginebra sin demora y subrayó que exponer el sector digital a barreras arancelarias carece de sentido en el contexto económico actual, marcado por la fragilidad y la necesidad de impulsar motores de crecimiento.
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La decisión de Guatemala, Costa Rica y Panamá de mantener la prohibición voluntaria de aranceles a las transmisiones digitales responde a la preocupación regional por el impacto que podrían tener nuevos impuestos en la economía digital y en los servicios transfronterizos. Tanto gobiernos como actores del sector privado señalan que la certidumbre regulatoria es fundamental para atraer inversiones y promover la innovación en América Latina y el Caribe.