El Congreso de Guatemala aprobó la Ley para la Dignificación de los Jubilados y Pensionados del Instituto de Previsión Militar, que introduce una nueva asignación mensual para compensar la pérdida del poder adquisitivo causada por la inflación.
Esta disposición comenzará a regir en enero del siguiente ejercicio fiscal tras su promulgación. La ley, fundamentada en los principios de justicia social y equidad de la Constitución Política de la República de Guatemala, incluye ajustes directos en los ingresos de los beneficiarios y garantiza que ningún jubilado del sistema militar reciba menos que el salario mínimo para 2025.
Quienes perciben una jubilación o pensión menor a seis mil quetzales (Q6.000,00) mensuales tendrán derecho a recibir una Asignación de Dignificación de hasta mil quetzales (Q1.000,00) mensuales. Si al sumar dicha asignación al monto ya existente el total supera los siete mil quetzales (Q7.000,00), este beneficio se ajustará proporcionalmente para no sobrepasar ese techo.
Se prevé también un ajuste adicional en los casos en que, incluso con la asignación, el ingreso total del beneficiario siga siendo inferior al salario mínimo no agrícola de 2025, oficialmente fijado en tres mil novecientos setenta y tres quetzales con cinco centavos (Q3.973,05).
La ley establece que, ante el fallecimiento de un afiliado, el monto de la Asignación de Dignificación será repartido entre sus beneficiarios legales de acuerdo con los porcentajes del Decreto Ley Número 75-84, Ley Orgánica del Instituto de Previsión Militar. El total distribuido entre los beneficiarios no superará el monto definido por la normativa vigente.
Financiamiento estatal y mecanismo de pago
El financiamiento de la medida corresponde exclusivamente al Estado de Guatemala, responsable de cubrir la nueva prestación desde el próximo ejercicio fiscal. La legislación exige que el Ministerio de Finanzas Públicas incluya cada año los recursos necesarios en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para garantizar el pago puntual y completo de la asignación, de acuerdo con el mandato legislativo.
El objetivo de la Asignación de Dignificación es mitigar el deterioro progresivo en el valor de las jubilaciones y pensiones de los exmiembros del sistema de previsión militar, afectadas por la inflación. Con este mecanismo, el Congreso busca que los ingresos mínimos de los pensionados se alineen con el salario mínimo legal vigente para el sector no agrícola.
Distribución por fallecimiento y criterios legales
Cuando fallece el titular de la pensión, la ley determina que el monto de la Asignación de Dignificación para los beneficiarios será igual al que correspondía al pensionado principal. La distribución se realizará conforme a los criterios y porcentajes de proporcionalidad establecidos en la legislación vigente del régimen militar.
Varios legisladores guatemaltecos citados por medios oficiales del Congreso celebraron la reciente aprobación de una normativa destinada a mejorar las condiciones de vida de los jubilados militares, destacando su impacto en la dignidad y el bienestar social, según declaraciones recogidas en una sesión del Congreso de Guatemala.
Para el jefe de la bancada VOS, Jairo Flores, la medida representa un alivio concreto a las condiciones de hambre y vulnerabilidad que atraviesa este sector. El legislador afirmó que “este organismo legislativo ha cumplido con un segmento de la población que tiene que lidiar con hambre", según sus declaraciones durante el debate parlamentario.
La legisladora Sofía Hernández, integrante del bloque Vamos, remarcó que el nuevo marco legal contribuirá a reparar el olvido en que se encontraba el colectivo. “Estamos dignificando a los jubilados del Ejército. Habían estado en el olvido por muchos años”, expresó.
El contexto se remonta al período del Conflicto Armado Interno, cuando el Ejército de Guatemala registró bajas que, de acuerdo con los congresistas, fundamentaron la obligación asumida por el Régimen de Previsión Militar desde su creación, con el fin de garantizarla cobertura de las necesidades de las familias de quienes participaron en la defensa nacional.
El Segundo Vicepresidente del Congreso, Elmer Palencia, calificó la ley como un acto de “justicia social", subrayando su relevancia para la dignificación de quienes prestaron servicio en favor de la seguridad del país.