El tribunal segundo penal del Organismo Judicial guatemalteco concedió este jueves el arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora Marroquín en uno de los tres casos judiciales en su contra, según informó este jueves. Sin embargo, la salida efectiva del comunicador de la prisión, donde permanece desde hace casi cuatro años, depende ahora de una resolución pendiente por parte de la Corte Suprema de Justicia, mientras la Cámara de Amparos y Antejuicios analiza un amparo definitivo relativo al primer caso, vinculado con presunto lavado de dinero.
El periodista describió las condiciones de su encarcelamiento con estas palabras: “He estado en prisión más tiempo del debido. He experimentado también una situación de torturas y de represión psicológica. He sido una especie de cadáver viviente viendo su agonía en cámara lenta, pero creo que ha valido la pena”.
Zamora Marroquín expresó ante periodistas su satisfacción por la decisión, aunque insistió en la urgencia de la resolución del caso que permanece en manos de la Corte Suprema: “Tengo otro caso con un amparo provisional que me otorgó la Corte Suprema de Justicia. Escucharon a las partes la semana pasada para decidir si me dan el definitivo (...); tendrían que ratificar el amparo que ya me habían dado”.
Durante la última audiencia, la defensa argumentó que ya no existen riesgos procesales, dado que el Ministerio Público presentó el acto conclusivo de la investigación. Subrayó también que Zamora Marroquín, de 69 años, está a solo cuatro meses de cumplir la pena mínima vinculada a los delitos que se le imputan, y destacó su arraigo, recordando que nunca abandonó el país pese a amenazas e intimidaciones recibidas desde 2021: “A pesar de toda la presión, me mantuve en Guatemala”, declaró el periodista ante el juez.
Contrario a lo señalado al inicio por sus abogados, quien aseguraban que Zamora Marroquín podría quedar en libertad este mismo día, la decisión final se mantiene supeditada a la resolución pendiente por la Corte Suprema de Justicia.
La detención de Zamora Marroquín se produjo en julio de 2022, durante la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024). Asociaciones de prensa y organismos internacionales han advertido que los procesos judiciales iniciados contra él se interpretan como represalia directa por su labor periodística y su denuncia activa contra la corrupción.
El caso de Zamora
La detención de Jose Rubén Zamora, director de El Periódico y uno de los periodistas guatemaltecos más reconocidos, se ha consolidado como un caso emblemático del hostigamiento judicial contra quienes denuncian la corrupción en Guatemala.
La declaración del 1 de agosto de 2024, en la que Amnistía Internacional lo reconoció como preso de conciencia, subrayó la magnitud internacional que ha adquirido este proceso: expertos de Naciones Unidas han coincidido en que su prisión es arbitraria y han pedido su liberación inmediata, una solicitud desoída por el Ministerio Público y los jueces encargados del caso, que mantienen activa la persecución penal “por motivos políticos”, según informa Amnistía Internacional en su página web.
A dos años de su detención, el periodista enfrenta no solo la privación de la libertad, sino tres causas abiertas que podrían traducirse en hasta 20 años de cárcel. Los cargos carecen de fundamento probatorio, de acuerdo con la revisión de Amnistía Internacional, que ha documentado “numerosas violaciones a los derechos humanos” durante el proceso contra Zamora. El Ministerio Público inició estos tres procesos en una coyuntura de máxima presión contra la prensa independiente.
El impacto de la labor de Zamora se evidencia en las 144 denuncias de corrupción que El Periódico publicó en el mismo número de días inmediatamente antes de su arresto, todas ellas vinculadas al gobierno anterior. Este volumen de investigaciones, según Amnistía Internacional, motivó la reacción de las autoridades.
La situación de Zamora refleja un patrón preocupante en Guatemala: la criminalización recurrente de quienes defienden derechos humanos, operadores de justicia y periodistas que hacen públicas las tramas de impunidad o denuncian atropellos. Organizaciones como Amnistía Internacional han solicitado de manera reiterada la liberación inmediata e incondicional de Zamora y la retirada de todos los cargos en su contra, una petición que sigue aún pendiente de respuesta.