El Congreso de la República de Guatemala evalúa actualmente la iniciativa de Ley Tolerancia Cero, que plantea penas de hasta cincuenta años de prisión para quienes cometan sicariato.
Esta discusión se inserta en un momento de preocupación generalizada acerca de la impunidad en los casos de delitos violentos y el papel creciente de menores de edad en dichas actividades, revelando las limitaciones estructurales del sistema judicial y el persistente desafío del crimen organizado.
Ambos diputados, Lucrecia Marroquín por la bancada Unionista y José Chic de VOS, recalcan la necesidad de incluir no solo sanciones más severas, sino también medidas de prevención y reformas profundas al sistema institucional.
Marroquín sostiene que el Estado ha mostrado incapacidad para desarticular la violencia juvenil y respalda incluso la pena de muerte como medio de protección social: “El Estado tiene que velar por el bien común y eso es lo que nos está dando”, declaró al medio de origen.
Desde la perspectiva de José Chic, cualquier endurecimiento punitivo debe llegar acompañado por cambios en los procedimientos legales y en el accionar de los jueces.
Plantea que prácticas como la “aceptación de cargos” han propiciado condenas menores frecuentemente, además —según expuso— por la intervención de jueces inmersos en esquemas de corrupción. “El proceso penal se convierte en un círculo de impunidad”, afirmó Chic.
En el caso específico de los menores, Chic explicó que la condena máxima es de seis años, siempre que la cumplan antes de los dieciocho. Detalló además que aún existen adultos de hasta treinta y dos años internos en centros correccionales, debido a que fueron inimputables al momento de cometer el delito. Esta situación —indicó—contribuye a una espiral de violencia dentro del sistema.
Para Marroquín, el fracaso institucional queda de manifiesto al analizar casos recientes. Recordó el asesinato de su esposo y el historial del responsable: “El sicario que mató a mi marido tenía seis meses de haber salido de un centro de prevención, que había estado cuatro años por asesinato, y a los seis meses lo mató. O sea, ni se le rehabilitó y siguió haciendo lo mismo”.
El texto de la iniciativa, remitido a la Comisión de Gobernación para su dictamen, delimita su alcance tanto al castigo como ala prevención del reclutamiento de menores y la remuneración por asesinatos. Según Marroquín, existen estudios psicológicos y psiquiátricos que, textualmente, establecen: “Este tipo de personas llegan a ser ya psicópatas y que no se van a rehabilitar nunca”.
Chic observó que, a pesar del decreto 11-2025 Ley Antipandillas, no existen procesos judiciales en marcha bajo ese marco, debido a la falta de iniciativas por parte del Ministerio Público.
“En el Organismo Judicial no hay casos todavía que se estén llevando. Y es porque el Ministerio Público tampoco los quiere investigar bajo el decreto 11-2025”, expresó. Frente a esto, propuso la creación de mesas de diálogo con la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Gobernación, INACIF y la Defensa Pública Penal, para coordinar reformas legales y operativas.
Ambos legisladores alertan que la estructura actual del sistema penitenciario facilita la continuidad de redes criminales desde el interior. Marroquín remarcó: “Los centros penitenciarios actualmente en Guatemala son donde sale la mayor parte de las órdenes de sicarios. O sea, ellos no se han enmendado, ellos siguen actuando así”. Por su parte, Chic advirtió sobre el riesgo de que estos espacios se conviertan en “escuelas del crimen”, donde la convivencia entre jóvenes delincuentes y menores en resguardo agrava el problema.