Las autoridades de Guatemala confirmaron que en las primeras 48 horas bajo el estado de sitio, se logró recapturar el control de las cárceles y enfrentar de manera contundente los motines coordinados por pandillas.
El presidente Bernardo Arévalo subrayó que la respuesta tuvo resultados inmediatos tras las graves jornadas de violencia que provocaron la muerte de diez agentes de la Policía Nacional Civil y desencadenaron tres días de luto nacional en homenaje a los funcionarios asesinados.
Durante una conferencia conjunta, Arévalo, acompañado por el ministro de Gobernación, Marco Villeda, y el ministro de Defensa Nacional, Henry Sáenz, afirmó que la prioridad fue restituir la seguridad tras los amotinamientos, donde grupos como Barrio18 tomaron rehenes y formularon exigencias en menos de 24 horas.
El presidente enfatizó que la respuesta fue firme: “En menos de 24 horas, redujimos a los criminales amotinados con cero bajas“. Además, sostuvo que no se aceptaron negociaciones ni concesiones y que la unidad nacional ha fortalecido la respuesta contra las estructuras criminales.
En el tercer día oficial de luto, las autoridades realizaron un minuto de silencio por los diez agentes caídos. Arévalo manifestó que “honrar el sacrificio de las vidas de los agentes caídos en el cumplimiento del deberes nuestra obligación como nación”, y agregó que el ejemplo de los agentes debe impulsarlos a fortalecer las acciones para brindar seguridad y justicia a todas las familias.
Exhortó también al sistema judicial a garantizar resultados efectivos tras las operaciones ejecutadas.
Durante su intervención, Marco Villeda detalló que, al asumir el Ministerio hace tres meses, advirtió sobre la imposibilidad de construir una estrategia de seguridad sin antes recuperar el control penitenciario.
Según declaró, actualmente los 23 centros penales albergan una población de alrededor de 23 mil reos, pese a tener capacidad para apenas 6 mil, situación que ha generado hacinamiento y dificulta el control. Villeda afirmó que “tenemos cárceles que no cumplen con los estándares internacionales de seguridad” y describió las condiciones como “bombas de tiempo”.
Villeda insistió en que este gobierno “no está dispuesto a pactar ni conceder privilegios” que en otras épocas se otorgaron a organizaciones criminales, y remarcó que los recientes motines coordinados por Barrio18 fueron consecuencia directa de restricciones penitenciarias y del fin de beneficios indebidos.
Tras los hechos, confirmó que lograron liberar a 44 rehenes sin bajas entre los agentes, y que se ordenó el reconocimiento y apoyo económico a las familias de los caídos y heridos, con contribuciones también por parte del Congreso.
En las operaciones posteriores al decreto de estado de sitio, —detalló Villeda— se capturaron 293 personas, se incautaron 37 armas de fuego, se decomisaron 205 motocicletas y se recuperaron 73 vehículos. En sólo estos primeros días, se detuvo a 23 integrantes del Barrio 18, se abatió a un pandillero y se intensificaron los patrullajes en los departamentos más vulnerables, especialmente en torno a la capital y en seis regiones adicionales.
El ministro de Defensa Nacional, Henry Sáenz, explicó que el Ejército de Guatemala actuó de forma inmediata para “recuperar el control total de las cárceles y garantizar la seguridad”, siempre dentro del marco legal vigente. Sáenz detalló que “los protocolos permitieron proteger instalaciones estratégicas y resguardar la seguridad interior”, concentrando los esfuerzos principalmente en el refuerzo del perímetro penitenciario, con anillos de seguridad y patrullas mixtas junto a la Policía Nacional Civil para disuadir acciones delictivas y responder de forma inmediata ante cualquier amenaza.
Sáenz subrayó el respeto a los derechos humanos y la ley, indicando que las operaciones “Centinela” y “Cinturón de Fuego” siguen desarrollándose según lo previsto y representan el compromiso institucional con la seguridad democrática. Añadió que “las acciones ejecutadas contra las organizaciones criminales se realizaron a la perfección”, recalcando la profesionalidad y responsabilidad de las fuerzas armadas.
Las autoridades reiteraron que persiste el desafío de la criminalidad organizada, pero aseguraron que los recursos del Estado están enfocados en desarticular las bandas y restablecer el control penitenciario y territorial sin buscar réditos políticos.
Arévalo concluyó que el Gobierno está dispuesto a seguir tomando decisiones “para recuperar el control de las cárceles y contener la expansión de las maras”, reafirmando el compromiso con la seguridad pública y el respeto al Estado de derecho.