El Gobierno de Guatemala declaró un estado de sitio por 30 días en respuesta a una ola de violencia relacionada con pandillas y organizaciones criminales, con el objetivo de recuperar el control institucional y restablecer la justicia nacional.
Como impacto inmediato, legisladores de distintas bancadas expresaron públicamente su respaldo a la medida, afirmando que la seguridad y la vida de la población exigen acciones firmes y extraordinarias.
Diferentes diputados, incluidos representantes del movimiento Semilla y la bancada CABAL, utilizaron redes sociales y comunicados oficiales para anticipar su voto favorable, destacando la urgencia de proteger la integridad y el patrimonio delos guatemaltecos.
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Manuel Archila, jefe de la bancada CABAL, expresó: “Nuestro país merece acciones firmes, concretas y en la dirección correcta”, e insistió en que se trata de una medida excepcional que otorga facultades ampliadas a las fuerzas de seguridad. Desde la bancada oficialista, Semilla reiteró su disposición al trabajo conjunto para alcanzar consensos en el Congreso de la República.
Por su parte, José Chic, diputado de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), subrayó que, tras los hechos violentos y la pérdida de integrantes de las fuerzas de seguridad, el Congreso debe ratificar esta iniciativa para “brindar las herramientas necesarias para proteger la vida, el patrimonio de la población guatemalteca y a quienes nos cuidan”.
La sesión extraordinaria de este lunes contempla como punto de agenda la ratificación del estado de sitio, decisión en la que la mayoría de los legisladores espera avanzar, otorgando validez legal al decreto del presidente y reforzando la respuesta estatal frente a la crisis de seguridad.
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Que es un estado de sitio
Durante la vigencia del Estado de Sitio, la autoridad militar adquiere la facultad de detener o confinar a cualquier persona considerada sospechosa de conspirar contra el gobierno o de atentar contra el orden público, sin requerimiento de orden judicial previa. Además, puede intervenir o disolver organizaciones, entidades o asociaciones, tengan o no personalidad jurídica, sin necesidad de advertencia o procedimiento previo.
Las medidas propias de los estados de Prevención y alarma permanecen aplicables durante el Estado de Sitio. Todas las entidades y autoridades estatales, de cualquier índole, deben cooperar con las fuerzas armadas cuando se les solicite, siempre dentro del ámbito de sus funciones.
Al asumir el control, el presidente de la República ejerce el mando como Comandante General del Ejército a través del Ministro de la Defensa Nacional. Frente a acciones que contravengan la estabilidad, la autoridad militar está habilitada para repeler o reprimir cualquier intento individual o colectivo por los medios que considere adecuados según la situación.
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El Gobierno subrayó que los recientes actos de violencia responden a la pérdida de privilegios de los grupos delictivos afectados por las últimas reformas en materia de seguridad y al avance estatal sobre estructuras criminales enquistadas.
Recalcó que la estrategia actual está mostrando resultados, reiterando que la aplicación del estado de sitio no suspende la vida institucional ni interrumpe las actividades diarias del país.