La alcaldesa Jackie Espinosa admite una violación ética en Kissimmee y acepta un acuerdo con multa de USD 2.000 y censura pública

La Comisión de Ética de Florida aprobó este viernes un acuerdo que impone una multa de USD 2.000 y una censura pública a la alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, quien admitió haber violado la ley estatal de ética por su vínculo con tres negocios que recibieron USD 50.000 del programa municipal Business Boost 2.0. La decisión llega apenas dos días después de que la funcionaria fuera arrestada por cargos de gran robo y esquema organizado de fraude relacionados con el mismo caso.

Espinosa había firmado el acuerdo de estipulación conjunta el 15 de septiembre de 2026 y la Comisión lo recibió al día siguiente. El organismo lo puso a consideración durante su reunión del 23 de octubre y lo ratificó ese mismo día. Con la aprobación, la multa civil y la reprimenda formal son ahora definitivas y de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con Spectrum News 13.

La Comisión de Ética de Florida ratifica la sanción contra Jackie Espinosa por violación a los Estatutos de Florida

Como parte del documento, la alcaldesa reconoce una infracción a la sección 112.313(7)(a) de los Estatutos de Florida, una disposición que regula las relaciones contractuales entre funcionarios públicos y entidades que hacen negocios con su agencia gubernamental. La admisión tiene límites precisos: Espinosa no reconoce conducta criminal, intención corrupta o fraudulenta ni la comisión de un delito.

“Los negocios tenían derecho a ese dinero”, declaró la mandataria a ClickOrlando. “Ese dinero fue reservado en 2021, mucho antes de que yo fuera alcaldesa, y creo que ese es un factor muy importante”. Espinosa también insistió en que el caso “es completamente administrativo” y que no involucra criminalidad.

Business Boost 2.0, el programa de ayuda por COVID-19 de Kissimmee en el centro del escándalo

El programa Business Boost 2.0 fue aprobado por Espinosa y la ciudad de Kissimmee en 2025 con fondos federales del Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan Act) destinados a asistir a pequeños comercios afectados por las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19. Cuando se lanzó, las reglas no prohibían de forma explícita que funcionarios electos solicitaran las subvenciones.

Según la orden de arresto, tres negocios vinculados con la alcaldesa o con integrantes de su familia recibieron en conjunto USD 50.000: Adanse LLC obtuvo USD 20.000; Kissimmee Diner Inc., que opera como Matador Tacos & Tapas, recibió USD 15.000; y The Real Estate Gallery LLC percibió otros USD 15.000. Las solicitudes fueron presentadas el mismo día en que se abrió la convocatoria, en septiembre de 2025, y los fondos se depositaron el 7 de noviembre de ese año.

Espinosa fue arrestada el 21 de octubre por gran robo y fraude, con una fianza de USD 70.000

Dos días antes de la sesión de la Comisión de Ética, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció el arresto de Espinosa. La mandataria enfrenta un cargo de gran robo —delito grave de segundo grado— y otro de esquema organizado de fraude —delito grave de primer grado—, por los que podría recibir hasta 30 años de prisión si es declarada culpable, según Florida Today.

La alcaldesa fue trasladada a la cárcel del condado Osceola el 21 de octubre y se declaró no culpable. Un juez fijó su fianza en USD 70.000 al día siguiente y Espinosa quedó en libertad esa misma noche. Su próxima audiencia está prevista para el 1 de diciembre de 2026. La vicealcaldesa Angela Eady asumió las funciones del cargo durante la ausencia de la mandataria.

Al cruzar las puertas del centro de detención, la alcaldesa pidió espacio a los reporteros para poder respirar y ofreció una breve declaración. “Lo que quiero que todos sepan es que lo ocurrido ayer exige que todos salgamos a votar el 3 de noviembre. Eso es lo que quiero decir. Y a los residentes de Kissimmee: estaremos bien”, afirmó Espinosa, según Florida Today.

El juicio político contra la alcaldesa de Kissimmee fracasó por un empate 2-2 en agosto

Antes de que el caso escalara al ámbito estatal, la controversia provocó un intento de destitución a nivel municipal. Una fiscal especial encontró causa probable para avanzar con artículos de juicio político en tres de siete señalamientos relacionados con el programa de subvenciones. Sin embargo, el 18 de agosto de 2026, la Comisión de Kissimmee votó 2-2 sobre los artículos de impeachment y, al no reunir la mayoría requerida de 3-1, el proceso no avanzó.

El empate no constituyó una exoneración de las posibles violaciones éticas. La abogada de Espinosa, Migdalia Perez, sostuvo que “este caso involucra un programa de subvenciones aprobado públicamente y administrado por el personal de la ciudad, no un plan secreto para robar dinero de los contribuyentes”.