El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó demandas para solicitar la revocación de la ciudadanía de 40 personas naturalizadas, a quienes atribuye delitos graves y el presunto ocultamiento de información durante sus trámites migratorios.
La medida constituye el mayor número de procesos de desnaturalización iniciados en un mismo período por la administración del presidente Donald Trump, informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
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La iniciativa reúne expedientes de personas procedentes de México, China, Irán, Pakistán y Filipinas. Los casos deberán resolverse en tribunales federales, donde el Gobierno tendrá que probar que las naturalizaciones se obtuvieron de manera ilegal o mediante declaraciones falsas.
Las demandas cuestionan la información presentada durante la naturalización
El comunicado de USCIS, difundido por CBS News, señaló que las 40 acciones judiciales surgieron de una colaboración entre esa agencia y el Departamento de Justicia. Las autoridades sostienen que los acusados omitieron antecedentes relevantes o aportaron datos falsos a funcionarios migratorios para acceder a la ciudadanía estadounidense.
Entre las conductas investigadas figuran el supuesto trabajo como agente de un gobierno extranjero, homicidio voluntario y agresión sexual contra una persona con discapacidad. El Gobierno federal aseguró que esos hechos, de comprobarse junto con las presuntas irregularidades del trámite, pueden ser fundamentos para cuestionar la validez de la naturalización.
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La legislación estadounidense exige que quienes solicitan la ciudadanía cumplan los requisitos previstos y entreguen información veraz durante el proceso. La Ley de Inmigración y Nacionalidad permite iniciar una demanda de desnaturalización cuando la ciudadanía fue obtenida de forma ilegal o a partir del encubrimiento de hechos relevantes y declaraciones falsas, explicó USCIS.
El organismo indicó que la presentación de una demanda no supone una declaración de culpabilidad. Cada caso deberá ser analizado de forma individual por la justicia federal, con base en las pruebas que entreguen las partes.
Un juez federal debe decidir si procede anular la ciudadanía
El Departamento de Justicia no puede retirar la ciudadanía de manera automática mediante la sola presentación de una demanda. La decisión corresponde a un juez federal, que debe determinar si existen fundamentos jurídicos suficientes para anular la naturalización y cancelar el certificado otorgado a la persona involucrada.
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Los demandados, por su parte, tienen derecho a responder las acusaciones y ejercer su defensa dentro del procedimiento judicial. El Gobierno deberá demostrar que la información omitida o falsificada tuvo incidencia en la obtención de la ciudadanía, precisó la agencia migratoria.
La desnaturalización se diferencia de la deportación. Mientras el primer mecanismo busca establecer si una ciudadanía adquirida es válida, la deportación se refiere a la expulsión de una persona extranjera bajo las normas migratorias aplicables. Por ello, una eventual revocación de la ciudadanía no equivale, por sí sola, a una orden de salida del país.
USCIS participa en la revisión de los expedientes y en la identificación de posibles inconsistencias en los procesos migratorios. La agencia afirmó que esa cooperación permite trasladar a la justicia federal los casos en los que considera que pudo haber fraude u ocultamiento de datos determinantes.
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La ofensiva se enmarca en el endurecimiento migratorio
Las 40 demandas se producen en medio de los esfuerzos de la administración Trump para reforzar la aplicación de las leyes migratorias y perseguir presuntas irregularidades en la obtención de beneficios de inmigración, indicó CBS News.
De acuerdo con la información publicada por el medio, se trata de la mayor cantidad de casos de desnaturalización presentados en un solo período durante el actual gobierno. La cifra incluye procesos contra personas de distintos países y por acusaciones de diversa gravedad, pero todas las acciones parten de la tesis oficial de que los solicitantes no cumplieron con el deber de informar de forma completa y correcta.
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La resolución de las demandas dependerá de los tribunales federales. Hasta que exista una sentencia, las acusaciones del Gobierno contra los 40 naturalizados permanecen sujetas al análisis judicial y a la defensa que presente cada uno de los involucrados.
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