Estados Unidos anunció sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) y afirmó que el Gobierno de Donald Trump prohibirá las transacciones con el tribunal, al que acusó de amenazar la soberanía del país. La decisión fue comunicada el viernes por la Administración de republicana, horas después de que la jurista sudafricana Navi Pillay, exmagistrada de la Corte, recibiera el Premio Nobel de la Paz.
Estados Unidos considera que el tribunal carece de jurisdicción sobre sus ciudadanos y representa una amenaza a su soberanía. Las medidas prohíben transacciones con la CPI y restringen su acceso a servicios financieros, empresas tecnológicas y dólares estadounidenses, con un plazo de seis meses para cancelar vínculos comerciales.
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El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo en un comunicado que Trump “nunca permitirá que la Corte Penal Internacional juzgue a ciudadanos estadounidenses”. En un video publicado en redes sociales, añadió: “Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad para actuar en nuestra contra”.
El Departamento de Estado informó que, antes de estas medidas, Estados Unidos ya había impuesto sanciones a 17 personas. La nueva disposición alcanza a la propia CPI y contempla licencias generales del Departamento del Tesoro para autorizar determinadas operaciones con el tribunal y “proteger los intereses de Estados Unidos”.
Las sanciones impiden que empresas y personas estadounidenses mantengan vínculos comerciales con la Corte. La medida puede afectar sus relaciones con bancos, aseguradoras, compañías de software y otros proveedores, además de limitar el uso de dólares estadounidenses en sus operaciones.
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Funcionarios de la CPI llevaban meses preparándose para una eventual sanción directa al organismo. Entre las medidas adoptadas figuraban el reemplazo de programas de Microsoft en equipos de sus oficinas por alternativas de código abierto, junto con cambios en la gestión de servicios bancarios y seguros médicos.
Washington cuestiona desde hace años las órdenes de arresto emitidas por la Corte contra funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, y una investigación sobre la actuación de soldados estadounidenses en Afganistán que el tribunal ya archivó. Rubio dijo que Estados Unidos buscará “desmantelar la CPI ladrillo a ladrillo” si sus aliados no se suman a la ofensiva.
La CPI fue fundada en 2002 para juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Tiene sede en La Haya, Países Bajos, y reúne a 125 Estados miembros, entre ellos todos los países de la Unión Europea y los integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), salvo Estados Unidos y Turquía.
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La decisión coincidió con la concesión del Premio Nobel de la Paz a Pillay, quien integró la Sala de Apelaciones de la CPI entre 2003 y 2008. El comité del galardón señaló que buscaba “dar un recordatorio” cuando “los jueces y las instituciones del derecho internacional están siendo objeto de ataques políticos”.
La Corte calificó las sanciones como un intento de impedir su labor judicial. En un comunicado, sostuvo: “Es un intento de obstruir el curso de la justicia y de impedir que el tribunal cumpla la función para la que fue creado”.
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