El Departamento de Estado anunció este lunes el retiro de más de 175.000 visados a ciudadanos extranjeros, en una de las mayores medidas de revisión migratoria comunicadas por Washington en los últimos años.
Según el documento oficial, la medida forma parte de las operaciones de verificación que lleva adelante el Gobierno de Donald Trump para determinar si quienes obtuvieron un visado siguen cumpliendo las condiciones de ingreso y permanencia en el país.
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Entre las causas mencionadas por el Departamento de Estado figuran el abuso del sistema migratorio, los delitos cometidos durante la vigencia del permiso y otras conductas que, según las autoridades, pueden representar una amenaza para la seguridad nacional.
El organismo señaló entre las infracciones más frecuentes la agresión, la conducción bajo los efectos del alcohol, el robo y los delitos relacionados con drogas.
Las principales causas de revocación de visados
Una parte relevante de los casos también se vinculó con conducción temeraria, agresión sexual, maltrato infantil, fraude, malversación y otros delitos.
El documento también incluye a extranjeros que, según Washington, alentaron la violencia contra estadounidenses o utilizaron el sistema migratorio con fines irregulares. Entre esos supuestos, menciona esquemas ilegales de turismo de parto y fraudes cometidos contra ciudadanos de Estados Unidos.
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Los casos que el Departamento de Estado cita como ejemplo
Para ilustrar el alcance de la medida, el texto enumera varios expedientes con distinto grado procesal. Entre ellos figuran un extranjero acusado de violación con agravantes y agresión sexual contra una víctima con discapacidad mental, y otro acusado de secuestro, trata de personas y explotación sexual de un menor.
También menciona a un extranjero arrestado por alteración del orden, resistencia al arresto con violencia, conducción bajo los efectos del alcohol y violencia doméstica.
En el norte de África, una embajada de Estados Unidos revocó más de 100 visados a padres identificados como turistas de parto que, según el texto, viajaron principalmente para que sus hijos obtuvieran la ciudadanía estadounidense.
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La lista incluye además a un extranjero acusado de sodomía contra un menor y agresión sexual con agravantes, y a otro imputado por más de una docena de cargos por posesión de material de abuso sexual infantil.
El Departamento de Estado también citó a un detenido que conducía con heroína y con una tasa de alcohol en sangre superior a tres veces el límite legal.
El documento suma a varios extranjeros que celebraron el asesinato de Charlie Kirk. Entre los mensajes citados aparecen “cuando mueren fascistas, los demócratas no se quejan” y “murió demasiado tarde”.
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La relación de ejemplos incorpora además un caso de fraude sanitario. Según el texto, un extranjero que afirmaba operar un negocio legítimo para ayudar a pacientes vulnerables a acceder a atención médica participó en una estafa a Medicaid con facturación de más de USD 5 millones en servicios falsos.
Otro caso citado es el de un extranjero que, según el Departamento de Estado, construyó una empresa con ingresos falsificados, engañó a inversores y estafó millones de dólares a clientes. El texto añade que usó esas afirmaciones falsas y cartas falsificadas para obtener un visado de forma fraudulenta.
El documento también menciona a un extranjero que llegó al país para enseñar a alumnos jóvenes y después fue arrestado por agredir sexualmente a uno de ellos.
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Los casos que Washington considera deportables por motivos de política exterior
El secretario de Estado Marco Rubio determinó que numerosos ciudadanos extranjeros son deportables por motivos de política exterior.
La lista incluye a un ciudadano cubano vinculado a una operación de influencia del régimen comunista cubano, a ciudadanos iraníes con conexiones con el régimen de Irán, a un delincuente sexual infantil laosiano indultado por el gobernador de Minnesota Tim Walz y a un ciudadano kuwaití que, según el texto, deseó violencia contra el presidente de Estados Unidos y llamó “enemy” a los estadounidenses.
La posición oficial sostiene que el Gobierno mantendrá estas revisiones y retirará permisos a quienes, a su juicio, amenacen la seguridad de la población estadounidense.
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