Trabajar con documentos falsos en Estados Unidos: los peligros legales que muchos desconocen

El uso de documentos falsos en Estados Unidos, como licencias de conducir o tarjetas de Seguro Social, implica un riesgo legal serio para migrantes indocumentados.

Bajo el gobierno de Donald Trump, la política migratoria se volvió más restrictiva y el empleo de documentación fraudulenta puede derivar en cargos criminales federales y procesos de deportación inmediata, según la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y abogados migratorios citados en The New York Times.

El uso de papeles falsos, por ejemplo para obtener empleo, puede conllevar penas de prisión y la imposibilidad de regularizar la situación migratoria. De acuerdo con ICE, portar o presentar documentos fraudulentos constituye un delito federal: puede resultar en arresto, remoción inmediata y denegación permanente de beneficios migratorios, incluso si la persona no tiene antecedentes penales.

Durante la administración de Joe Biden, entre enero de 2021 y enero de 2025, la mera presencia indocumentada no era suficiente para la deportación, salvo que existiera la comisión de un delito serio que generara inadmisibilidad, según criterios oficiales del USCIS.

Sin embargo, el uso de documentos falsificados, especialmente en estados como Nueva York, podía derivar en cargos criminales y abrir procesos de remoción.

El abogado de inmigración Alex Gálvez, citado por The New York Times, señala que la situación cambió tras el regreso de Trump a la presidencia en enero de 2025.

ICE recuerda que la utilización de documentos fraudulentos —números de Seguro Social, identificaciones estatales o permisos laborales falsos— es una ofensa federal bajo el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1546, y puede ser sancionada con penas de prisión, multas y deportación, independientemente del historial previo del migrante. “La presentación de información o documentos falsos en procesos migratorios constituye un delito federal y puede resultar en la remoción inmediata del extranjero”, detalla la agencia.

El 29 de enero de 2025, durante una conferencia en Miami, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, expresó: “El presidente está abierto a deportar a las personas que han violado las leyes de inmigración de nuestro país”, y sostuvo: “Para la administración, toda persona que viola las leyes migratorias es considerada criminal”.

Este enfoque marcó un giro respecto de la política previa, que diferenciaba entre faltas civiles y delitos penales en materia migratoria.

Antes del 20 de enero de 2025, el uso de papeles falsos no motivaba persecución sistemática, aunque representaba un riesgo persistente de deportación, según Gálvez.

En algunos estados, como Nueva York, portar o utilizar una licencia de conducir o número de Seguro Social ajeno podía derivar en cargos criminales.

En California, durante la administración Biden, los jueces priorizaban que el migrante no fuera una carga pública y cumpliera con sus obligaciones fiscales, sin centrarse en el tipo de documentación utilizada para trabajar.

El cambio de enfoque afecta también a los empleadores. ICE intensificó auditorías y procesos judiciales contra empresas que contratan personal con documentos fraudulentos.

En julio de 2018, ICE reportó más de 5.200 avisos de auditoría I-9 a empresas, un aumento del 300% respecto a 2017. En 2019, la agencia realizó 2.738 inspecciones y 32 arrestos por verificación de documentación laboral.

Un operativo destacado fue la ejecución de siete redadas en plantas procesadoras de carne en Mississippi el 7 de agosto de 2019, que resultó en 680 trabajadores arrestados bajo cargos de permanencia indocumentada y uso de documentos falsos.

Entre el 20 de enero y el 27 de junio de 2025, ICE realizó 109.000 detenciones de inmigrantes, principalmente en California, Texas y Florida, según el Deportation Data Project de la Universidad de California y datos de ICE.

En igual periodo de 2024, bajo Biden, ICE había efectuado 49.000 arrestos, reflejando un aumento del 120% tras el cambio de gobierno.

La Unidad de Datos de SinEmbargo señala que ICE sumó 93.342 arrestos en 2024 y 307.683 en 2025, un incremento del 229%. Sumando ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en 2024 totalizaron 281.876 personas detenidas, y en 2025 la cifra llegó a 365.460.

Registros de ICE muestran que, a finales de noviembre de 2025, el número de migrantes retenidos fue de 53.520, la cifra más alta desde que existen registros del Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.

Para enero de 2026, el número de personas detenidas bajo custodia de ICE y CBP alcanzó 68.990, un récord histórico.

Este aumento se explica en parte porque, durante la pandemia, las restricciones sanitarias limitaron la capacidad de detención y traslado, afectando las cifras previas a 2023.

En 2025, el 71,7% de los detenidos no tenía antecedentes penales y solo un 7% enfrentaba condenas por delitos violentos, lo que muestra que la mayoría de los arrestos responde a violaciones administrativas, como el uso de documentos falsos o la permanencia irregular.

ICE sostiene una meta diaria de 3.000 arrestos, aunque aún no logra alcanzarla de forma sostenida. La agencia contabilizó 15 muertes de personas extranjeras bajo su custodia en 2025, la cifra más alta desde 2018, excluyendo el impacto de la pandemia.

El aumento se relaciona con la reanudación de detenciones masivas y la sobreocupación de centros tras el levantamiento de restricciones sanitarias.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informa que entre octubre de 2022 y septiembre de 2023 realizó más de 143.000 arrestos administrativos por violaciones migratorias, incluyendo fraude documental y suplantación de identidad.

El DHS advierte que el uso de papeles falsos puede derivar en la imposibilidad de obtener beneficios migratorios futuros, como la residencia legal permanente y la ciudadanía estadounidense.

Contradicciones legales y endurecimiento de la política migratoria

El sistema migratorio mantiene un doble estándar. Durante la administración anterior, no se promovieron acciones penales sistemáticas contra quienes usaban documentos falsos para trabajar, pero sí se exigía el pago de impuestos y la ausencia de dependencia de programas públicos.

Los jueces de inmigración preguntaban sobre la situación laboral como parte del análisis de carga pública, no necesariamente para sancionar la actividad laboral sin permiso.

Con las órdenes ejecutivas firmadas por Trump en enero de 2025, se instauró una política de tolerancia cero, donde cualquier indocumentado, independientemente de su historial criminal, puede ser objeto de remoción. Según el DHS, en Estados Unidos residen aproximadamente 12 millones de personas indocumentadas, muchas con vínculos familiares y laborales de larga data.

El abogado migratorio José Guerrero, citado por The New York Times, advierte: “La presentación de documentos falsos ante autoridades federales o estatales puede resultar en cargos de fraude, robo de identidad y otros delitos serios, con consecuencias que van desde la inadmisibilidad hasta la deportación sumaria”.

USCIS también alerta que el uso de documentación fraudulenta para obtener beneficios migratorios constituye causal de denegación permanente de residencia o ciudadanía.

Impacto en familias mixtas y recomendaciones legales

La política actual afecta especialmente a familias mixtas, donde uno o más integrantes son ciudadanos estadounidenses y otros indocumentados.

Según el Migration Policy Institute, las detenciones y remociones bajo cargos de uso de documentos falsos han aumentado en los últimos meses, especialmente en estados con legislación migratoria estricta.

Expertos en derecho migratorio recomiendan buscar asesoría legal inmediata si una persona es detenida por uso de papeles falsos, ya que las consecuencias pueden incluir prisión, deportación y la imposibilidad de reingresar legalmente a Estados Unidos.