Documentos internos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) revelaron que empresas fantasma controladas por Carlos Malpica Flores y otros empresarios cercanos al entorno de Nicolás Maduro exportaron petróleo venezolano por al menos 11.000 millones de dólares durante los años 2021 y 2022 sin que la empresa estatal recibiera suma alguna por esas ventas.
Según estadísticas del Banco Central de Venezuela, esa cifra representó aproximadamente la mitad de todos los ingresos petroleros percibidos por el país en ese periodo, de acuerdo con una investigación publicada por The New York Times.
La documentación, a la que accedió el medio estadounidense, detalla cómo PDVSA perdió la custodia de grandes volúmenes de crudo a través de contratos asignados a compañías pantalla. Las operaciones, realizadas en paralelo a los canales formales de comercialización, no generaron ningún ingreso para las arcas públicas.
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Los registros oficiales muestran que entre 2019 y 2022 cerca de 240 cargamentos de petróleo salieron del país sin que se efectuaran los correspondientes pagos a la empresa estatal, lo que supuso un perjuicio acumulado de 13.000 millones de dólares para el Estado venezolano, según la presentación de una reunión del directorio de PDVSA citada por The New York Times.
La estructura de desvío contaba con la participación central de Carlos Malpica Flores, considerado por fuentes del sector como el custodio de la fortuna de la familia Maduro.
Malpica, ex tesorero de la nación y ex jefe de finanzas de PDVSA, mantuvo acceso privilegiado a contratos y operaciones petroleras aún después de su salida formal del sector público. “Las empresas fantasma controladas por Malpica y otros empresarios cercanos a Maduro exportaron petróleo por valor de 11.000 millones de dólares en 2021 y 2022 sin pagar suma alguna a la empresa estatal”, indica la investigación de The New York Times.
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Entre esas compañías figura Hangzhou Energy, registrada en China, que se convirtió en 2023 en el segundo mayor exportador de crudo venezolano, solo detrás de Chevron.
Los contratos obtenidos por Hangzhou Energy le permitieron vender alrededor de una décima parte de las exportaciones nacionales de ese año a cambio de compromisos imprecisos de “ayuda humanitaria”. El documento consultado por el periódico citado no especifica el volumen ni la naturaleza de la ayuda entregada.
Otra irregularidad detectada fue el mecanismo de pago: a diferencia de la mayoría de compradores internacionales, que debían transferir divisas a PDVSA, Hangzhou Energy abonó el petróleo adquirido en bolívares al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).
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Esta modalidad, en el contexto de la devaluación e hiperinflación local, redujo de manera significativa el valor efectivo recibido por el Estado y permitió a los beneficiarios revender el crudo a precios internacionales, obteniendo utilidades excepcionales.
La legislación venezolana vigente en esos años otorgaba a PDVSA la custodia exclusiva de la riqueza petrolera nacional, lo que convierte estas ventas no registradas en potenciales infracciones legales. “Las operaciones fuera de libros parecen haber violado la ley venezolana, que daba a PDVSA la custodia exclusiva de la riqueza petrolera del país”, señala The New York Times en su publicación.
La investigación también expone la persistencia de este tipo de prácticas incluso después de la remoción de Maduro y la designación de nuevas autoridades en la industria petrolera. Mientras tanto, las promesas de mayor transparencia y la puesta en línea de un portal oficial para la trazabilidad de los ingresos petroleros han resultado insuficientes. El sitio web inaugurado para ese propósito solo muestra una operación correspondiente a marzo de 2026, sin detalles sobre compradores ni montos.
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Fuentes del sector consultadas por The New York Times afirman que, pese a algunos cambios en la gestión y la detención de figuras cercanas al antiguo mandatario, los principales beneficiarios de estos esquemas de desvío aún no enfrentan cargos públicos por delitos financieros.
La magnitud del desvío documentado por The New York Times pone en relieve el alcance de la corrupción en la principal industria venezolana y la dificultad para restablecer mecanismos de control y transparencia en el sector energético.