El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones dirigidas a personas y empresas vinculadas al entorno del dictador venezolano Nicolás Maduro, en una acción que amplía las restricciones previas sobre figuras acusadas de sostener el aparato político y financiero del régimen venezolano.
Las medidas, gestionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), afectan a tres sobrinos de Cilia Flores, a un empresario con operaciones en Venezuela y a seis compañías navieras que trasladaron petróleo venezolano hacia mercados internacionales.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Washington busca limitar los recursos que respaldan las actividades ilícitas atribuidas al círculo gobernante en Caracas.
“Nicolás Maduro y sus asociados están inundando Estados Unidos con drogas. Estas sanciones corrigen un error y responsabilizan a su red”, declaró en un comunicado oficial.
Las medidas suponen un retroceso respecto al levantamiento parcial aplicado durante la administración de Joe Biden, que buscó incentivar negociaciones políticas con Caracas, iniciativa que no produjo avances concretos.
Entre los sancionados se encuentran Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores.
Ambos fueron detenidos en Haití en 2015 durante una operación antidrogas cuando intentaban cerrar un envío de cocaína hacia Estados Unidos. Un tribunal federal los declaró culpables al año siguiente. En 2022 recuperaron su libertad tras recibir clemencia presidencial en Washington.
Según funcionarios estadounidenses, los tres familiares de Maduro retomaron sus actividades ilícitas tras su regreso a Venezuela.
La OFAC los incorporó nuevamente a la lista de personas designadas bajo una orden ejecutiva que permite sancionar a individuos implicados en la producción o tráfico de drogas a escala internacional.
El tercer familiar incluido en la medida es Carlos Erik Malpica Flores, quien ocupó cargos en la Tesorería Nacional y en la petrolera estatal PDVSA. Había sido retirado de la lista de sancionados en 2022 para facilitar conversaciones políticas que no prosperaron.
La nueva designación lo reincorpora bajo una orden ejecutiva dirigida a funcionarios actuales o pasados del régimen venezolano. El Tesoro argumentó que el régimen chavista continúa bloqueando procesos democráticos y señaló que la presión se mantendrá.
La acción también incorpora al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, relacionado con contratos y operaciones de transporte de productos petroleros venezolanos.
De acuerdo con información oficial, Carretero gestionó envíos y negocios en asociación con miembros de la familia Maduro-Flores. Su caso fue evaluado bajo una orden ejecutiva que permite sancionar a quienes operen en sectores estratégicos de la economía venezolana, entre ellos el petróleo.
El anuncio del Tesoro estadounidense se centra en la red logística que sostiene las exportaciones de crudo venezolano. Seis compañías de transporte marítimo con sede en jurisdicciones como las Islas Marshall, las Islas Vírgenes Británicas y el Reino Unido fueron señaladas por realizar operaciones que involucraron ocultamiento deliberado de rutas y ubicación de buques.
Según la OFAC, estas prácticas buscan evadir controles internacionales y permitir que el crudo venezolano llegue a Asia.
Las embarcaciones WHITE CRANE, KIARA M, H. CONSTANCE, LATTAFA, TAMIA y MONIQUE quedaron identificadas como propiedad bloqueada, lo que impide que compañías estadounidenses o entidades sujetas a la jurisdicción del país mantengan cualquier vínculo comercial con ellas.
Los registros revisados por el Tesoro señalan que los buques cargaron petróleo venezolano en 2025 y manipularon sus señales de navegación o reportes de posición para impedir su rastreo. La OFAC sostiene que esta conducta viola normas de seguridad marítima y busca burlar sanciones ya establecidas sobre PDVSA desde 2019.
Con esta decisión, cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense perteneciente a los sancionados queda inmovilizado. Las medidas obligan a notificar a las autoridades sobre fondos, bienes o intereses vinculados a las personas designadas. Las regulaciones prohíben a individuos y empresas estadounidenses realizar transacciones, prestar servicios o recibir pagos relacionados con los sancionados, salvo autorización específica.
El Tesoro recordó que las sanciones pueden generar responsabilidades civiles o penales tanto para estadounidenses como para extranjeros que participen en actividades prohibidas. El organismo recalcó que la normativa abarca transacciones financieras, prestación de servicios logísticos, suministro de bienes o cualquier operación que favorezca a personas o entidades bloqueadas. Las instituciones financieras que gestionen movimientos relacionados con los sancionados también pueden enfrentar medidas punitivas.
La OFAC indicó que las listas pueden modificarse si las conductas cambian y si las acciones se ajustan a los lineamientos legales. El Tesoro insiste en que el objetivo final de las restricciones es modificar comportamientos, no imponer castigos permanentes.