En medio de una fuerte tensión entre la élite académica y la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con la Universidad de Harvard, que abonará USD 500 millones y pondrá en marcha escuelas técnicas especializadas en nuevas tecnologías y oficios.
La noticia surgió el martes desde el Despacho Oval y, aunque aún no fue confirmada de manera oficial por Harvard, representa un punto de inflexión tras meses de intensas disputas políticas y judiciales entre el gobierno federal y las principales universidades estadounidenses.
Según Reuters, el presidente explicó que el acuerdo, en su fase final, contempla la supervisión directa de la secretaria de Educación, Linda McMahon.
Trump declaró ante la prensa: “Enseñarán inteligencia artificial, motores y muchas otras especialidades”. McMahon, presente en ese momento, asintió, pero evitó precisar características del entendimiento.
El anuncio, realizado durante un evento dedicado a la lucha contra el cáncer pediátrico, expuso la magnitud del cambio en la relación entre el Gobierno y la universidad ubicada en Cambridge, Massachusetts.
CNN detalló que el trasfondo del acuerdo entre la Casa Blanca y Harvard University surgió tras varios meses de negociaciones. Durante ese tiempo, funcionarios gubernamentales y representantes de la universidad debatieron las condiciones para restituir fondos federales congelados y poner fin a litigios abiertos.
La confrontación se agudizó a inicio de año, tras la reelección de Trump, cuando el mandatario suspendió más de USD 2.000 millones destinados a la investigación en Harvard. Esta medida formó parte de una ofensiva federal cuyo objetivo era forzar reformas en la gobernanza y los criterios institucionales de contratación y enseñanza, focalizándose en universidades identificadas como bastiones del progresismo académico.
En medio de la escalada judicial, la jueza Allison Burroughs emitió un fallo este mes que declaró ilegal el intento oficial de bloquear esa cantidad de dinero en subvenciones, una decisión celebrada como “victoria” por Harvard.
Sin embargo, el gobierno endureció su postura: el Departamento de Salud y Servicios Humanos avanzó para prohibir a la universidad concertar contratos estatales, mientras que el Departamento de Educación la sometió a un régimen de “supervisión estricta” en materia financiera.
Frente a este escenario, fuentes cercanas a la presidencia de Harvard, liderada por Alan Garber, reconocieron un impacto económico potencialmente devastador si las amenazas federales se concretaban. Para proteger empleos y evitar restricciones adicionales, Harvard optó por una estrategia judicial, acusando al gobierno de tomar represalias ideológicas y de vulnerar principios constitucionales fundamentales.
La decisión judicial que bloqueó tanto la expulsión de estudiantes internacionales como el recorte presupuestario abrió paso a una instancia de acuerdo, presentada por Trump, como “una gran inversión en formación técnica, administrada por la universidad más prestigiosa del país”.
Finalmente, la presión federal no se limitó a Harvard. Universidades como Cornell, Northwestern y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) también enfrentaron demandas económicas significativas, con la advertencia de posibles daños irreparables. Ante estas exigencias, sindicatos y organizaciones de trabajadores interpusieron demandas colectivas para frenar el avance gubernamental.
(Con información de Reuters)